Boletín 021/2016
11 de febrero de 2016
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) manifiesta su preocupación por la situación de violencia que prevalece en diversos centros de reclusión del país, condiciones que ponen en riesgo no solamente a las y los internos, sino al personal de las instituciones de seguridad.
Como se recordará, el Estado mexicano ha sido observado varias ocasiones por diversos organismos públicos locales, nacionales e inclusive del ámbito internacional de derechos humanos, que han señalado que no existen las condiciones mínimas para garantizar el orden y seguridad de las personas privadas de libertad, así como de las personas que laboran al interior, ni de las propias instituciones.
Desde el año 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al Estado mexicano a adoptar las medidas pertinentes por la muerte violenta de personas al interior de cárceles en el país, e implementar acciones para evitar la repetición de hechos similares, investigar y sancionar a los responsables.
En este contexto, el sistema carcelario de la Ciudad de México tiene asignaturas pendientes, toda vez que se mantienen niveles preocupantes de sobrepoblación y esquemas de violencia, tal y como se plasmó en la Recomendación 18/2015 que documentó la muerte violenta de 46 personas, por hechos ocurridos durante varios años.
En las últimas semanas, esta Comisión recibió queja y abrió investigación por la muerte de un interno en el Módulo de Seguridad Diamante, en el Centro Varonil de Readaptación Social; además inició investigación de oficio por la muerte de un interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
Este Organismo Público Autónomo refrenda la necesidad de fortalecer los sistemas de seguridad en cada centro de reclusión de la ciudad y del país, erradicando prácticas que vulneren derechos humanos y propicien escenarios de riesgo y violencia hacia las personas; así como fortalecer las acciones para recuperar el verdadero sentido de la reinserción social.
La CDHDF continuará con las acciones de supervisión, investigación de casos, así como de promoción e incidencia para la prevención de violaciones graves a los derechos humanos del sistema carcelario de la Ciudad México.