Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 001/2016
25 de enero de 2016
Pregunta (P): …respecto de los derechos humanos en esta nueva Constitución del Distrito Federal, ¿podría detallarnos un poquito?
Perla Gómez Gallardo (PGG): Sí, lo más importante es que contamos ya con diversas leyes de avanzada en la Ciudad, y nosotros estaremos muy alertas de que haya, con la plena ciudadanía constituyente, una incorporación de todos esos derechos adquiridos. En materia de derechos adquiridos en la Ciudad, es la base de la próxima Constitución. No puede haber regresividad, tiene que haber progresividad, tiene que haber transversalidad. Y este escenario, donde es el verdadero reto de los perfiles que se convoquen, de la forma en que se haga incluyente esta participación, indistintamente de los asegunes que en su momento se manejaron por el propio Congreso cuando hicieron el cambio en la Constitución para lograr este constituyente.
P: ¿De eso estará muy pendiente la Comisión de Derechos Humanos?
PGG: Así es, estamos sistematizando ya todos los derechos vigentes en la Ciudad, que sepan las personas que no vamos a permitir bajo ninguna instancia, y más bien confiamos en que este Constituyente será muy receptivo en su soberanía, de no perder ninguno de los derechos que ya se cuentan en la Ciudad.
La otra es más bien el referente que puede ser justo en esta conformación, de ya no ser ciudadanos de segunda en este país, porque por primera vez tenemos ya esta calidad no sólo de capitalinos, sino de personas que podemos ejercer, desde una Constitución que se creará próximamente, para nuestra Ciudad.
P: ¿Se presentará algún diagnóstico por parte de la Comisión?
PGG: Así es. Estamos revisando dos situaciones. La primera, un catálogo de todos los derechos vigentes de la Ciudad. Tenemos una acción peculiar, tenemos leyes vigentes que van de avanzada, y que no teníamos una Constitución que sea referente. Ahora se crea una Constitución que no esperamos menos que concentre todos los derechos que ya están vigentes en nuestra Ciudad. Otra son los estándares internacionales que nos permite el 1º Constitucional, de la Constitución Federal, para que sea un referente. Y algo muy importante: que no haya figuras regresivas como la cuestión del arraigo en nuestra Constitución local, que haya figuras de avanzada, donde no sean señalados por retrocesos, o situaciones que hayan sido en otras instancias señalado como una violación a derechos humanos. De eso estaremos muy atentos, muy vigilantes, pero muy propositivos, y también con esa confianza de que los perfiles, la convocatoria, que la Sociedad Civil, porque ya hay trabajo de más de tres años de lo que implica el derecho a la Ciudad; Sociedad Civil ya ha planteado escenarios, ya ha hecho foros, y de nuestra parte estamos abiertos a recibir esa información, poderla visibilizar y que sepan que las puertas de la Comisión de Derechos Humanos estarán abiertas a todas las voces, como insumos en su momento también, para este Constituyente.
P: Con respecto al derecho a manifestación, porque hay unos que aseguran tendencias regresivas en este sentido.
PGG: Preocupa el fallo que está por dictaminarse en la Corte respecto a la cuestión de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública, porque tenemos determinado que sea utilizado exclusivamente como una cuestión de criminalización de la protesta social y una situación de ataque indirecto a la Libertad de Expresión. Hay figuras que deben ser eficaces, por supuesto las libertades se tienen que ejercer con responsabilidad, pero no puede haber un mensaje, más cuando la Comisión ya pidió a la Asamblea y lo aceptó, que se derogaran esos delitos, que históricamente sólo se han utilizado para detener de manera arbitraria a personas que libremente, y en un ejercicio a su derecho a manifestación y la protesta social que debe ser garantizada.
Nuestra Constitución debe ser un referente en esa materia porque es la base de toda sociedad democrática. Tiene que haber, efectivamente, el alcance, tiene que haber límites, pero mientras no se consolide una democracia en nuestro país, es muy importante que la Libertad de Expresión esté garantizada, más por el nivel de riesgo que se está viviendo en nuestro país, que no desciende en diversos estados de la República, lamentablemente en agresiones tanto a medios, como a periodistas.
P: ¿La nomenclatura cambiará tanto en el Tribunal como en la Comisión, o sea, pasará a Ciudad de México?
PGG: Hay que esperar a que sea promulgado, recuerden que no es sólo la declaratoria que se hizo la semana pasada, debe ser promulgado por el Presidente de la República, publicado. Eso cambiará por primera vez el estatus de ser entidad federativa, llamarnos ahora Ciudad de México, pero también estar pendientes a cómo dictamina el Constituyente en su momento las nomenclaturas finales, para no estar haciendo adelantado en los cambios o ajustes que se requerirán.
P: Porque requerirá también de un presupuesto para cambiar toda la documentación y papelería, ¿no?
PGG: Trataremos de seguir en nuestros tiempos de austeridad y nuestros tipos de documentación no requieren un mayor ajuste, pero muy atentos de que no sea más que lo básico para efectos de que haya una claridad de identidad para las personas, pero nuestro logo y nuestra nomenclatura, en su momento también será valorado por el propio Constituyente.
PGG:… del Reglamento, que pasa más por la revisión de lo que son los límites de velocidad, para determinar si la emisión de gases pudiera estar afectando un derecho ecológico. Nosotros vamos a estar pidiendo al Instituto de Ingeniería que nos aporte información técnica, científica, que nos permita validar si efectivamente se tomaron en consideración esos aspectos. La otra es la certeza que se debe dar efectivamente al momento de la aplicación del Reglamento, la difusión sobre la toma de decisiones sobre cómo se llevaron a cabo las mismas; la cuestión que tiene que ver con el transporte público; la situación de los peatones, los motociclistas, los ciclistas; o sea, tiene que hacerse también una revisión integral; nosotros estamos revisando, sobre todo en materia de discapacidad, el tema de la accesibilidad, y el debate que se ha dado a raíz de la participación de particulares para efecto de la aplicación de las multas, revisar qué mecanismos de control de fiscalización está estableciendo el Gobierno para esta modalidad, ver otros ejemplos y bajo qué modalidad se está viendo que esto sea eficaz. Y otra, muy importante también, es el derecho a la imagen al momento de la toma de las foto-multas, porque hay que determinar también qué tipo de certificación tiene, es algo que también estaremos revisando nosotros a raíz de esta queja, y qué tipo de certezas hay de que no haya una difusión adicional de la imagen, más allá del vehículo que en ese momento se esté fotografiando para la situación de la multa. Entonces, se hace una situación que requiere, no sólo una mayor difusión para la Ciudad, sino una mayor difusión de qué motivó ciertas acciones que vemos en el propio Reglamento, que va, desde las velocidades, que van desde la implementación de las multas, que van desde la participación, en este caso, de la iniciativa privada y los alcances que tendría, sin descartar en su momento, mandar una reflexión más amplia a Jefatura, para efecto de que valore los alcances que pudiera tener y que entregue en su momento esta certeza a las personas (inaudible)…
Pregunta (P): Pero, ¿se alcanza a visualizar alguna violación a algún derecho humano, doctora?
PGG: Estamos certificando, la parte por la emisión de gases, y, efectivamente, por un lado, por querer equilibrar el que no se arriesguen las vidas de las personas, pudiera esta situación aglomerar mayor situación de contaminantes en la Ciudad, estaríamos pidiendo el dictamen técnico. Por otro, estamos ya requiriendo al propio Gobierno que nos diga bajo qué valoraciones estableció ciertos mecanismos dentro del Reglamento, para que tengamos certeza de que eso no sea una probable violación a la certeza que tengan las personas que están circulando por la Ciudad. Sabemos que ha generado controversia, pero nos interesa, sobre todo que haya certeza de por qué se tomaron cierto tipo de decisiones en los cambios de que se tienen en el Reglamento, y cosas que se tendrían que ampliar en esta visibilización del derecho del peatón, del ciclista y del motociclista.
P: ¿Esto podría generar algún debate, algún foro, por parte de la Comisión de Derechos Humanos?
PGG: Podemos abrirlo, pero…
P: Por inconformidad general que hay en la ciudadanía…
PGG: En primer lugar, estamos requiriendo nosotros de otras instancias especializadas, para saber efectivamente y confrontar en su momento cuando nos dé la información el propio Gobierno, sobre cuál es la mejor toma de decisión en un interés público. Por otro lado, la certeza de que efectivamente no se venga una escalada de quejas, donde legítimamente las personas puedan tener una violación en su seguridad jurídica o en su derecho a imagen, insisto, en foto-multas. Si tiene que quedar muy claro cómo están certificando a estas instancias privadas y qué mecanismos de control hay, para que realmente se garantice un interés público. Entonces, en ese sentido se está requiriendo la información, y no descartamos poner todos esos insumos anticipados, antes que siquiera lleguen más quejas, para que se revise a cabalidad lo que implica el Reglamento, con rigor técnico y con lo que nos pueda aportar el propio Gobierno, de las decisiones que, en su momento, tendrán que informar a todas y todos, para que haya una certeza mejor…
P: ¿Cuándo se presentó esta queja, doctora?
PGG: Esto fue desde finales del año pasado, estamos nosotros ya en el requerimiento de la información…
P: ¿No han recibido más quejas, además de esta?
PGG: No, no tenemos nuevas, pero más bien ya queremos anticiparnos nosotros ya con información técnica, sobre cómo se tomaron cierto tipo de informaciones, pidiendo a instancias especializadas y académicas, para en su momento constatar también con lo que nos dé la autoridad, pero lo más importante: que haya una certeza de las personas, que las decisiones que se tomaron para el reglamento fueron bajo un interés superior, del beneficio de todas y todos, y aquello que se necesite adecuar, pues también estar alertas y que haya esa reflexión integral de las mejores prácticas en la materia, para que también haya esa información, en beneficio de las personas, que se pudieran estar viendo beneficiadas o afectadas también por este Reglamento.
P: Doctora, ¿han dado seguimiento a la salida de la señora Elba Esther Gordillo?, porque ustedes habían investigado, al principio…; de rigor, una investigación, respecto a cuál era su estado…?
PGG: Nosotros revisamos de todas las personas que están en su momento en reclusión, cuáles son sus derechos, en el derecho a la salud, que no se pierde, por estar reclusión; sabemos que se volvió a reintegrar. Estamos atentos por la situación que se determine por parte del Tribunal; sabemos que existe la Ley que puede dar el beneficio de la salida cuando se cumplen los 70 años; ha habido elementos ahí que han hecho valer los abogados y nosotros, simplemente estamos atentos a cómo se van desarrollando cada una de estas situaciones. No hemos tenido propiamente una queja de la persona, pero nosotros verificamos, en cualquier contexto, sin importar quién, que se garantice su derecho a la salud, y, en caso de que hubiera una situación a debido proceso, si se requiriera y hubiera la situación de tenernos que pronunciar, estaríamos recabando, en función de lo que esté llevando a cabo el Tribunal. Hay que recordar, es un derecho vigente y está ahí desde hace años, el hecho de que una persona con 70 años se pueda salir, pero también hay ciertas condicionantes que no necesariamente hacen que sea en automático; eso tampoco le quita el derecho que tiene de atenderse, en su momento, en materia de su salud, para que no sea una pena adicional, cuando todavía están determinando (inaudible).
P: ¿Ustedes le han dado seguimiento en estas últimas salidas a la señora, ahorita que fue trasladada a Xoco (Inaudible)?
PGG: Ya regresó al Reclusorio, y lo que estamos dando simplemente el seguimiento de en qué condiciones se está llevando a cabo cada uno de los operativos; que no haya una situación excepcional, que no haya garantías que tiene como cualquier persona que está, en su momento en detención, de que todavía falta que se determine su responsabilidad. Y, en ese sentido revisamos a todas las personas que están en detención, que no pierden su derecho a la salud, y la otra parte es importante ver, qué determinan los Jueces, respecto a la posible o no, salida, conforme a este beneficio que establecen por la edad de los 70 años.
P: ¿Ustedes están verificando que regrese, entonces a la Torre Médica de Tepepan?
PGG: Si quieres te damos la ficha, para que veamos entonces la actualizada, porque me lo manda ya actualizado mi Segunda Visitadora, en cuestión de temas de Reclusorios. Gracias.
