Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 38/2015
9 de diciembre de 2015
Pregunta (P): Doctora, de estos 56 casos, ¿de cuántas personas estamos hablando?, ¿podría ejemplificar, para dar una idea de qué estamos hablando?
Perla Gómez Gallardo (PGG): Son por el mismo número de personas. Aquí lo importante, y es algo que queremos destacar, es que por una situación meramente administrativa, de una falta de comunicación interinstitucional, se quedan las personas más tiempo del debido, justo porque no se manda el documento idóneo para que puedan ser excarcelados. Entonces, es una parte que estamos detectando y que, mientras no se atienda esta comunicación que se tiene que fortalecer, lo que va a continuar es este tipo de situaciones. No puede ser que la documentación de los casos, el expediente administrativo, la falta de coordinación entre las mismas autoridades, no permitan que una persona que ya terminó su sanción, continúe, y estamos hablando incluso de un caso de más de 850 días todavía detenido, porque no se mandó el documento idóneo en tiempo y no hay una articulación correcta entre las propias autoridades que permita que no se presenten estas situaciones.
Entonces, de ahí estamos manejando esta situación de, no sólo que se dé más suficiencia presupuestal para que se mejore, sino que haya esta comunicación, que es necesario se fortalezca, por estos casos que estamos ahora alertando y documentando, porque finalmente son personas que, habiendo concluido su sanción, continuaron detenidas incluso, insisto, por más de 800 días algunas de ellas, por esta falta de comunicación entre autoridades.
P: ¿Ahorita ninguna está ya en reclusión?
PGG: De los casos, no. De esos casos, ahorita justo los estamos documentando, pero lo grave es que puede haber nuevos casos, justo en la medida en que no haya esta comunicación oportuna entre autoridades. Y hasta que no llega este documento, que incluso es una cuestión adicional, que no marca propiamente en el sistema, y por no tenerlo actualizado, la persona continúa detenida.
Entonces, puede haber casos vigentes en este momento, que justo lo que queremos es ya evitar se sigan presentando. ¿Cómo? Con esta coordinación que tienen que tener y estamos estableciendo, si lo pueden apreciar en la Recomendación, plazos de no más de 90 días, porque son situaciones que sí apremian, para que de una vez se coordinen las autoridades y se atienda esta situación.
P: ¿Ustedes ya están investigando precisamente si hay más casos?
PGG: Sí, sí. Incluso, estos son los que ya tenemos documentados y por eso pudimos sacarlos, pero imagínense: son 56 situaciones; y hay otra situación que estamos revisando ya en el intercambio que tiene la propia autoridad. Pero, más bien, ya detectamos el patrón, lo importante es que se atienda, para evitar que se muestren otros casos similares.
P: Sobre el Corredor Chapultepec, ¿ustedes aconsejarían al Gobierno capitalino que se tome en cuenta esta propuesta ciudadana de que todos los mega-proyectos se consulten y sean vinculatorios, que se reforme la Ley…?
PGG: De entrada, y lo hemos dicho desde hace más de un año, desde luego ahora con lo que implica el tema del Derecho Urbano a la Ciudad, como un derecho humano, por supuesto: una de las participaciones tiene que ser no sólo sobre la información a las personas, sino los beneficios, las medidas atenuantes o de molestia que pueda haber en las obras en la Ciudad, sino una cuestión integral, porque transversaliza diversos derechos humanos cuando se hace cualquier obra, ya sea un mega proyecto o incluso un cambio de uso de suelo o una construcción irregular. De nuestra parte, seguimos documentando el caso, vamos a revisar ahora este Plan B que anunció el propio Gobierno.
Pero más que nada, en primer lugar es que, más allá de la queja o del expediente que estemos documentando, queremos abrir los foros en la propia Comisión, para que vengan especialistas y para que se atienda, no sólo la necesaria información que debe tener la vecina o el vecino, sino ya la situación técnica de las necesidades que se tienen en una ciudad, y con mucha información, con esta pluralidad, hacer también la plataforma, desde la visión de los derechos humanos. Incluso, estamos preparando un Informe Especial para el próximo año, y estaríamos abriendo los foros, más allá de la documentación que se vaya a llevar por este caso. Y sí, muy importante: nuestra Ley actual de Participación Ciudadana no es vinculatoria. La cuestión también es que, si se consulta, no sólo es la consulta de si alguien quiere o no, sino las necesidades de interés público que se tengan para las obras. Finalmente, las obras no son populares tampoco, pero si hay una necesidad de que se lleven a cabo, tiene que haber información, rigor técnico y toda una situación de garantía del interés público.
Entonces, esa parte sí queremos proponerla, desde la visión de derechos humanos, en nuestro caso, y abrir estos foros, para hacer un planteamiento de la mano con sociedad civil, con academia, hacia Gobierno, más allá de los foros que también pudieran impulsar la propia autoridad. Y, en el caso de la Ley, pues va más allá de incluso del cambio de uso de suelo, de estas nuevas normatividades que están sacando, de la situación de si las consultas deben ser vinculatorias o no, y es un debate donde la Comisión por supuesto aportará en las mejores prácticas y, espero, la Asamblea retome esa reflexión, para que efectivamente se pueda decir qué porcentaje debe haber de participación para que valga una encuesta; si la encuesta debe ser vinculatoria; qué requisitos debe cumplir la autoridad para efectos de garantizar el interés público, y que se evite por supuesto que por una mala información o por una planeación que debió haber empezado desde consulta, luego la asignación, y posteriormente la implementación, con transparencia, con las mejores prácticas; ahora empezó al revés: tenían primero la asignación y luego la consulta.
Entonces, hagamos ya un ejercicio, donde evitemos que haya este reclamo legítimo que tienen las personas, sobre todo porque carecen de información. Y ya más allá, en las mejores prácticas, ver si deben ser vinculatorias las consultas, pero sobre todo, qué rigor técnico deben tener las obras, para evitar privatización del espacio público; y la más importante: el hecho justo del interés superior del bienestar general, cuando se hacen este tipo de obras para beneficio de todos en la Ciudad.
P: ¿Y cuál sería su opinión sobre la consulta?, se dio a conocer que realmente hubo poca participación, no hubo ni 5% y fue realmente más cara que una consulta…
PGG: Es que, ahí es justo lo que tenemos que revisar: se pueden hacer consultas telefónicas, como ya se han hecho en otros momentos, se pueden manejar incluso consultas electrónicas. Se pueden simplificar los gastos, o sea, finalmente, tampoco va a ser un pretexto el hecho de que cueste y que no se consulte.
Pero también, la buena práctica: hay que reconocer que el Jefe de Gobierno también dijera que lo va a aceptar, indistintamente de que la Ley manejaba que no era vinculatorio. Pero, sí es importante; uno, la propia participación de las personas interesadas, que sí lamentablemente fue un ejercicio muy bajo, pero pues finalmente hubo un pronunciamiento hacia el no, ‘no, así’; entonces es un ‘¿cómo sí?’ o un ‘¿de qué manera?’. Y de ahí la importancia de que, más allá de este proyecto y todos los que vengan, sí tenga una visión de derechos humanos. Nosotros nos vamos a meter sobre una visión de derechos humanos, porque vemos que transversaliza muchísimos otros aspectos, desde población en situación de calle que puede ser desplazada, el tema del derecho al agua, el tema de las construcciones irregulares y la certeza jurídica con los fraudes que se están manejando en las compras de buena fe de estos edificios irregulares.
Entonces, toda esa parte, sí queremos nosotros entrar con una visión de derechos humanos, pero con asesoría técnica; abrir los foros, que vengan personas especializadas y, desde esta visión, manejar que haya, efectivamente las mejores prácticas.
P: ¿Le pareció excesivo el gasto?
PGG: Bueno, en ese caso, más bien es lo que el Instituto Electoral determina para el tema de las consultas y lo que se tiene asignado. Finalmente, entre más participan, supuestamente baja el propio costo. Pero aquí más bien es emplear nuevas medidas, ver si se va a hacer en un momento dado una ley de participación más de avanzada, pues de entrada que tenga mecanismos alternativos de consulta con candados, con nuevas tecnologías, con forma que dé certeza a los que participan, pero que incluso implique no irse a formar. Puede mandarse inmediatamente por una señal el sí o no por una cuestión telefónica. O sea, hay otras opciones que se pueden hacer más simplificadas. Pero sí insisto: que el costo no sea luego un argumento de que no se puede llevar a cabo una consulta. Lo que sí es más bien: qué implica una consulta, por qué debe ser vinculatoria o no, cuáles son las obras que se quieren hacer en la Ciudad, dónde está el interés público. O sea, aquí sí tiene que haber un interés superior garantizado y una no privatización del espacio público, que ha sido una preocupación legítima de las personas. Pero sobre todo detectamos, y en muchos de los casos que lleva esta Comisión, es por falta de información oportuna, transparente, preventiva, que les anticipe incluso a las medidas atenuantes cuando ven que se pueden afectar sus derechos.
P: ¿Entonces los demás corredores tendrían que consultarse?
PGG: Pues más bien es que se está dejando un precedente. Lo que hay que ver ahora es las mejores prácticas qué queremos para adelante. En primer lugar se tiene que ajustar la normatividad. Nosotros ya incluso hemos insistido en las Recomendaciones que hemos emitido que la Asamblea tiene que entrar a un debate amplio para la revisión de la normatividad vigente, porque la autoridad también finalmente puede hacer sólo lo expresamente permitido. No hay que empezar con temas que pudieran parecer discrecionales.
Por otro lado, más bien es revisar qué queremos para nuestra Ciudad en materia de obra pública para efectos de que tenga una visión de derechos humanos. No es menor decir que el derecho urbano es un derecho humano, porque es el foco rojo que estamos identificando como una nueva tendencia que puede afectar múltiples derechos. Entonces ahí estaríamos…
P: ¿Entonces los corredores de Zaragoza y el de La Viga tendrían que consultarse?
PGG: De entrada todas las prácticas de obras y la participación ciudadana vienen como parte de consulta. La cuestión más bien es que la ley sigue vigente de que no es vinculatoria y qué alcances puede tener o en qué modalidad. Entonces yo creo que más incluso de todas las obras que estén pendientes es qué políticas integral, intersecretarial, interdelegacional y de Asamblea se quiera instaurar como política pública ya de la Ciudad. Porque si no vamos a ir viendo caso a caso y la situación más bien es antes, qué planeación estratégica se está haciendo para la ciudad. Empezando incluso de las obras que se hacen de departamentos, de que parecieran que son privados y no es así, porque hay un interés público y hay una responsabilidad objetiva si hay una situación donde hubo una construcción irregular o un cambio de uso de suelo irregular.
Entonces ampliemos el espectro y efectivamente más de decir: “ahora consúltese todo, o bloquéese todo o no se haga esto”, es qué queremos como Ciudad en una planeación integral que dé certeza a todas las partes de cómo se va a hacer de aquí en adelante las construcción de macro proyectos, la situación de cambio de uso de suelo y las construcciones irregulares. Pero integral. No veamos el caso a caso porque cada situación nos va a aportar una circunstancia.
Anticipemos ya el escenario de qué queremos para esta Ciudad, y de nuestra parte sería con visión de derechos humanos. Para nosotros sí es muy importante que no se quite esa parte y la participación ciudadana, los derechos transversales y todo lo que implica la obra en la Ciudad por supuesto pasan por derechos humanos. Y no es menor los nuevos casos que estamos documentando en esta Comisión, que ya queremos más bien anticipar a que no se caiga otro cerro como habíamos comentado anteriormente.
P: ¿Y sobre el Plan B ya tiene conocimiento del proyecto?
PGG: Lo estamos solicitando. Inmediatamente que dijeron que había una situación de nueva información, estamos solicitando esa información. Pero insisto, más allá del expediente que sigue documentándose para el caso del Corredor, estamos ya preparando más bien la ruta de abrir los espacios en la propia Comisión para que aquí puedan concurrir tanto academia, la sociedad civil, los propios vecinos y se abra un debate más amplio de hacia dónde queremos llevar desde una visión de derechos humanos las obras en esta ciudad. Para también aportarlo en su momento como una planeación en política pública desde una propuesta general o aspectos ya de resumen de conclusiones que se puedan aportar y que sea otra manera de hacer la diferencia en la Ciudad, para evitar también que haya inconformidades, que haya conflictos o que no haya una claridad para las y los vecinos, que finalmente el interés público, ínsito, debe prevalecer, pero la información es fundamental.
P: Sobre el Caso Narvarte, hubo críticas este fin de semana de dos organizaciones sociales contra la Comisión, sobre que la acusan de una complicidad porque no se llevó la investigación. ¿Qué opinión tiene?
PGG: Yo respeto esa parte, pero finalmente y es algo que no hemos perdido comunicación con ninguna de las coadyuvancias. En primer lugar nosotros documentamos desde el inicio. Tenemos la queja abierta. Pero sobre todo, pedimos medidas precautorias inmediatas para que se abrieran todas las líneas de investigación, para que se permitiera a la coadyuvancia aportar pruebas para que se les garantizara sus derechos.
Por otra parte, revisamos sobre el expediente qué cantidades de situaciones estaban pendientes. No es la cantidad es la cantidad que dice la coadyuvancia. Nosotros, sobre expediente, sí se están haciendo diligencias que históricamente no se habían hecho, como citar a un Gobernador, citar al Secretario de Seguridad, varios aspectos. Y lo último que reforzamos fue una solicitud para que complementara la autoridad lo que está solicitando la caodyuvancia.
Entonces no hay, en primer lugar, ninguna descomunicación de la Comisión con las propias coadyuvancias que tienen pleno conocimiento. Segundo, nosotros documentamos lo que hace la autoridad que pudiera ser presuntamente violatorio de derechos humanos. Lo que ellos dejen de hacer por omisión o por acción como defensa esa es su responsabilidad. Nosotros documentamos lo que tenga que ver con la autoridad.
Y de ahí el comentario que yo decía también en una entrevista anterior, respecto a lo que ya tenemos muy claro. En primer lugar no vamos a permitir que haya un incumplimiento a medidas precautorias de esta Comisión como fue las filtraciones a medios. Va una Recomendación en ese sentido hacia la propia Procuraduría y al Tribunal Superior, lo estamos documentando, porque las filtraciones hacen un juicio paralelo y revictimizan a las personas.
Estamos manejando un nuevo derecho sobre el derecho que tienen las víctimas que han perdido su vida y que ahora pareciera que merecen lo que les pasó en lugar de que se documenten sus casos. Entonces es una doble afrenta no sólo sufrir el delito, sino ahora que tengan que limpiar su imagen porque la autoridad utilice medidas de discriminación o de estereotipo para justificar que lo que les pasó se lo merecían. Eso lo vamos a posicionar porque en un país donde hay un nivel de impunidad, donde no se solucionan los casos, no se vale incluso ahora que los familiares de las víctimas que han perdido la vida tengan que salir a defender el honor o la imagen de sus propios muertos, sin una solución de quién fue el responsable. Entonces va también por esa parte. Y el tema de que sigan abiertas las líneas de investigación, que se documente, que se permita a la coadyuvancia aportar sus pruebas.
Entonces nosotros tenemos esa parte y de la exhibición a medios también por la presunción de inocencia que en su momento determinamos. Entonces las críticas, las opiniones, las respetamos en sus términos; pero más que nada lo que nos toca hacer a nosotros que es la parte de la documentación hacia la autoridad y las probables violaciones a derechos humanos, tenemos identificados por lo menos esas tres situaciones que en su momento seguimos documentando; actualmente estamos documentando la parte de si se activaron los protocolos de feminicidio, el protocolo de libertad de expresión, y las cuestiones de la coadyuvancia, pero sí hay un porcentaje importante, y es sobre expediente lo que estamos documentando nosotros de la Procuraduría, que ya ha atendido la parte de la coadyuvancia.
Entonces, en ese sentido, en su momento nosotros como autoridad revisora de posibles violaciones a derechos humanos, ya identificamos estas situaciones. Pudiéramos identificar otras, lo estamos validando, y sobre eso estaremos haciendo los pronunciamientos.
P: ¿Han detectado alguna violación importante, que pudiera destacar?
PGG: Bueno, salvo la parte que ya les decía, el tema de las filtraciones. Incluso la Procuraduría tiene averiguaciones previas abiertas, y nos va a documentar, de la última reunión que tuvimos, nos va a aportar que ya al parecer hubo incluso sanciones a los responsables, servidores públicos internos de la Procuraduría que filtraron la información. Eso lo estamos documentando, porque sí queremos que quede como un mensaje ejemplar que no se va a tolerar. Esa es la primera. La otra, en cuanto a la imagen, sí estamos haciendo todo el estándar, estamos buscando los mejores estándares internacionales, porque sí queremos posicionar esto no sólo hacia la Ciudad, como un mensaje a cualquier Procuraduría de este país: no se vale que exhiban discriminatoriamente a víctimas como pareciendo que, como tuvieron algún nexo criminal, porque tuvieron alguna adicción, porque tuvieron incluso una nacionalidad, merecen lo que les pasó. No se vale en un país de impunidad, donde hay un nivel de exigencia de que haya sanciones a quienes cometan delitos, que lo que tengan que hacer los familiares es defender la imagen de sus víctimas. Eso sí lo estamos posicionando, y lo tenemos documentado, y seguiremos documentando la otra parte, insisto, de lo que está pendiente, pero en su momento, yo creo a inicios del próximo año ya podemos estar en aptitud de sacar las primeras Recomendaciones, de éste y otros casos, porque finalmente este es un caso relevante, pero puede haber patrones similares en otros casos que también queremos evidenciar, para que se atiendan.
No revictimizar a las personas que sufren un delito, no a las filtraciones. Eso sí, vamos a ir contundentemente, y queremos que nos documenten, nos están diciendo que ya hay incluso responsabilidad. Esperamos vean esos casos, y nos los aporten, porque efectivamente es el mensaje ejemplar que queremos, tanto para Procuraduría, como para Tribunal, de que no se vuelvan a repetir estas situaciones.
P: ¿Serían funcionarios de alto nivel los de la Procuraduría?
PGG: Nos van a aportar la información. Sobre eso estaríamos viendo, porque se tiene que deslindar la responsabilidad. A nosotros lo que nos alertó, y en su momento emitimos nuestro propio rechazo y pedimos investigar, fue cuando vimos fotografías de expedientes, tanto de averiguación previa, como de expediente del Tribunal en los medios. Alguien lo toleró, alguien lo permitió. ¿Quién resguardaba el expediente? ¿Qué niveles están, si fueron peritos, si fue el Ministerio Público? Los que hayan sido, empezar a deslindar la responsabilidad, y también cuidado con su debido proceso. También los servidores públicos tienen derecho a su defensa. No es de que nos entreguen a alguien. Es de que haya un mensaje claro de que se documente como corresponde; y en eso nos van a aportar la información.
Insisto, la revictimización es muy grave. No permitamos la revictimización. Ya bastante es la afrenta de sufrir el delito, como para que ahora tengan que salvar el honor los pobres familiares que en su momento están viviendo su duelo. Entonces, eso lo vamos a posicionar como un derecho que también estamos evidenciando, porque no queremos esas prácticas. Y el caso Narvarte nos permite documentar esa parte. Más allá de lo que yo respetuosamente pudiera coincidir o no con las coadyuvancias, ellos llevarán sus estrategias. Pero como Institución vamos más allá y a hacer incidencias, sobre todo en estas prácticas que no se deben repetir.
Y por cierto, en el tema de alcoholímetro, ya vamos a hacer nuestro operativo sorpresa al Torito. Es, de veras, indignante que las personas estén sacando sus amparos y no regresen a cumplir sus sanciones. Tiene que reforzarse esa parte, porque finalmente hay libertad de poder consumir o no una sustancia; lo que no se vale es poner en riesgo, el mayor número de accidentes automovilísticos, es de personas que sufren la afectación por alguien que, de manera irresponsable, en estado etílico, llega y choca contra la otra persona, cuando tiene opción de no hacerlo. Y ahora hay 45% de las responsabilidades que no se están cumpliendo y se necesita reforzar el tema.
Nosotros ya vamos a iniciar nuestros operativos sorpresa, no decimos cuándo por eso, para revisar los toritos en la Ciudad de México, para ver en qué condiciones se están llevando las detenciones administrativas, y estar dando ese seguimiento. Entonces, para que no pierdan ahí el radar de que sí haya un seguimiento, qué pasa cuando la persona, perdiendo el amparo, no regresa a cumplir su sanción; cuando más que nada es una medida de inhibición para que las personas reflexionen que pueden, por supuesto, disfrutar sus derechos, pero no afectando los derechos de los demás.
P: Doctora, ¿qué va a hacer la Comisión en ese sentido?
PGG: No es competencia en términos de amparo, por eso lo exhorto muy bien para que las autoridades federales, en su momento, lo puedan llevar a cabo. Y la reflexión más bien a que podamos hacer una incidencia, pero miren, como pasó ahora con la Ley de Réplica, que está vigente desde el viernes pasado, esta Comisión no tiene competencia para meter la Acción de Inconstitucionalidad a esa aberrante legislación, censura pensamiento. ¿Qué sí podemos hacer? De ya, acabamos de mandar la comunicación al Senado y a Cámara de Diputados, porque también hay una cuestión: las competencias son concurrentes e impactan a las personas que habitan o transitan en esta Ciudad. Eso nos permite dar pronunciamientos, y eso nos permite aportar. Más que descalificar, proponemos, y tenemos ya el análisis que queremos alertar tanto al Senado, como a la Cámara de Diputados para que reformen esa Ley.
No se vale que en un país donde hay más de 100 crímenes contra periodistas, que ahora censuren el pensamiento o la crítica periodística. Entonces, igual, cuando son temas que por competencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pudiera entrarle con mejor oportunidad, nosotros por lo menos proponemos, de manera respetuosa, a las instancias federales, las medidas para que puedan tomarse en cuenta.
Hemos logrado cierta incidencia, como fue el tema de discapacidad en la Ley de Radio y Televisión, que sí se incorporó, o el tema de niñas y niños en la Ley General. Entonces hemos hecho esa estrategia, viene la Reforma Política. En Reforma Política de la Cámara de Senadores logramos que se integrara que cualquier Constitución deberá tener, conforme al Artículo 1º Constitucional, una visión de derechos humanos. Eso lo estuvimos haciendo todo el semestre pasado. Lo logramos. Se frenó por el cambio de Legislatura, se está retomando y estamos revisando que la minuta venga con esa expresión. Eso nos abre un marco inmediato de atención para que cualquier Constitución recupere todos los derechos adquiridos en esta Ciudad, y sea con los mejores estándares internacionales.
Entonces, pese a las limitaciones de competencia, sí se puede hacer incidencia.
P: ¿Entonces la Comisión seguirá al pendiente de cualquier reacción que pueda haber sobre el Corredor Chapultepec?
PGG: Claro. De entrada, no lo hemos dejado de hacer. Desde el primer momento tenemos la queja abierta de oficio, la documentación y más bien ahora estamos pidiendo la información adicional. Pero estamos yendo más allá, queremos incidencia en política pública y estaremos muy de cerca, tanto con Asamblea, como con las propias autoridades para proponer, desde los foros que hagamos en la Comisión. Gracias.
