Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 32/2015
5 de noviembre de 2015
Pregunta (P): Sobre el tema de la privatización del agua, ¿ya han visto cómo afecta o cómo afectaría a las entidades, específicamente al Distrito Federal?
Doctora Perla Gómez Gallardo (PGG): Nosotros tenemos lo que fue el proyecto que ya no se subió en esta sesión. Se prevé que se haga para la siguiente. Pero lo que nos preocupa es que se habla de concesión. Entonces no hay que dejar de tener ahí la alerta de que en el momento en que se discuta es una Ley General, lo que implica es que aplica a toda la República, ya en estas modalidades en donde hay concurrencia de competencias.
Nosotros lo que hemos querido hacer estratégicamente es más que salir a decir que la Ley ya afecta un derecho, es anticipar y evaluar los dictámenes antes. Con todo gusto les podemos hacer llegar una ficha técnica que les diga exactamente qué artículo y por dónde va lo que a nosotros nos alerta como posible violación a derechos humanos.
Y por otro lado, nosotros tenemos ya un Informe Especial que estamos preparando. Ya lo tenemos listo, la verdad, lo esperamos porque queremos posicionarlo al momento en el que esté el debate en el Congreso, pero también se los podemos hacer llegar sin mayor problema para efectos de que conozcan lo que son los estándares en materia de derechos humanos cuando se habla del derecho al agua.
No hay que olvidar que el derecho al agua no lo han querido reconocer abiertamente como derecho humano, y automáticamente eso nos lleva a una situación de riesgo de privatización.
Entonces sabemos que hay esa propuesta que quedó de la legislatura anterior. Vamos a ver si la van a impulsar en la próxima legislatura, o en la próxima sesión, que no va a ser en ésta que es donde están trabajando desaparición y tortura, y estaríamos hacia el próximo año en la siguiente sesión del periodo ordinario impulsando el tema del derecho al agua.
P: Preguntar, ¿cuál es el número de Recomendaciones que no ha cumplido el Gobierno del Distrito Federal? Esto por una parte, y por otra el día de ayer una organización que se llama Reinserta ofreció una conferencia de prensa sobre las mamás que tienen a sus hijos en los centros de reclusión. Ellos hablaban de 370 niños, más o menos. Hablaban de que la cárcel de Santa Martha era una de las cárceles que tenía un mayor número de infantes. ¿Primero saber qué pasos podrá dar la Comisión para tratar de respetar los derechos de estos menores? Eso por una parte, y por otra ya se advertía que hay una ley que se pretende promover desde el Senado para separar a los menores desde que tienen tres años de edad para evitar que permanezcan en los centros de reclusión y por ende sean violadas sus garantías individuales. Entonces, ¿saber qué tiene que decir la Comisión al respecto en torno a ese tema? Y hay un dato que de pronto también me surge y es la idea de, ¿la Comisión conoce de casos de desaparición forzada hasta el momento y qué números tiene la Comisión, aunque sean de delitos de la guerra sucia?
PGG: Bueno, en el caso de Recomendaciones les podemos dar el corte. Lo más grave que yo he señalado es justo el tiempo, porque tenemos hasta de 12 años de antigüedad diferentes puntos recomendatorios y lo grave es que cumplen algunos y otros no y sigue quedando una secuela de los puntos que se están llevando a cabo.
Estamos haciendo un estudio, y lo vamos a hacer público, de cuáles son las autoridades y en qué temas son donde se retrasan. No vemos ninguna justificación por ejemplo que en temas de Recomendaciones haya retraso de indemnización, o el tema de que no haya voluntad para el caso del reconocimiento público o la disculpa pública que en muchos de esos instrumentos se pide.
Se hizo el histórico y el Jefe de Gobierno este año pidió la disculpa pública, primer Jefe de Gobierno que lo hace, a las víctimas del New’s Divine; teníamos el caso del único funcionario que ha dado una disculpa directa a víctimas que fue el Secretario de Salud, Armando Ahued; y estamos en ruta de que va a haber el primer Delegado que lo va a hacer. Entonces, en mucho para las víctimas estos reconocimientos públicos es una forma también de reparación integral que les ayuda mucho, este tipo de reconocimientos o disculpas que hace la propia autoridad. Entonces yo no veo ninguna justificación, y lo vamos a hacer público, de aquéllos instrumentos Recomendatorios en donde esté pendiente eso, o que esté pendiente la indemnización.
Otra y más delicada: el tema estructural. Lo decía en el caso de reclusorios, que si en un momento dado estamos observando hacinamientos, estamos observando condiciones indignas para los que están en reclusión, y hemos hecho público esto históricamente y no se atiende y el pretexto es que no hay suficiencia presupuestal, pues aquí entonces hay un doble problema. Nosotros hemos puesto en las Recomendaciones a la fecha como colaboradora a la Asamblea para que les asigne suficiencia etiquetada, pero también implica que la autoridad tiene que solicitar ese presupuesto.
Yo los invitaría, y por favor ayúdennos, a que hagan las solicitudes a las autoridades y les pregunten que en el presupuesto que estén llevando ahora a la Asamblea si están previendo justo el cumplimiento de Recomendaciones de la institución, que pasa no sólo en indemnizaciones, sino en lo estructural. Si no de nueva cuenta nos van a decir siempre que no tienen las condiciones para el cumplimiento, y eso sí es bastante delicado porque nos sigue obstaculizando la eficacia en la admisión de los Recomendaciones.
Ahora, en el caso de este libro que se emitió justo por esta Organización de la Sociedad Civil sobre niñas y niños en los centros de reclusión, hay que recordar que tienen derecho a acompañar a su madre hasta los cinco años. Nosotros hemos estado haciendo revisiones. He sido la primera Ombudsperson que ha entrado al reclusorio a todas las instalaciones a revisar en qué condiciones están. Principalmente lo hemos hecho simbólicamente en el contexto del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, ya van dos años que lo estamos llevando a cabo porque hay una acción muy delicada: el 80% de mujeres en reclusión está en el abandono, y decir abandono es que ya no las ven sus familiares.
Entonces para la Comisión más allá de incluso ver en qué condiciones se encuentran por temas de adicción, por temas del trabajo que se desarrolla dentro de los reclusorios, las condiciones en que están las personas con cuestiones de vulnerabilidad adicional por tener Sida, todos estos tipos de situaciones, sí nos interesa tener acciones más de dignificación de su propia situación en cuanto a acciones educativas, acciones más con sociedad civil que les permita tener esta situación.
Incluso el año pasado en el Día de los Niños y las Niñas se hizo una obra de teatro por parte de la Comisión y estaremos viendo sobre todo en estos debates el Interés Superior de las Niñas y Niños.
También no hay que olvidar, y qué bueno que lo mencionan, está pendiente la publicación en el Distrito Federal en materia de la Ley de Niñas y Niños. Nos están diciendo que ya viene la fecha de publicación. Sí es bueno posicionarlo porque viene un dato muy importante: el derecho a la información sexual de niñas y niños. Cuestión que los más conservadores habían estado obstaculizando que estuviera en la Ley. Por parte de la Comisión hemos posicionado que es un derecho de las niñas y de los niños, que debe ser publicada y que es un derecho ya adquirido porque viene en otras disposiciones de la Ciudad.
Entonces, estamos pendientes y les estaremos también informado en su momento que se promulgue esta ley porque justo hace que sea integral. Y viene la otra que también estuvimos posicionando como Comisión que es la Ley de Cuidados Alternativos, para que no haya niños institucionalizados. El tema de que no queremos que se repitan situaciones como Castitas del Sur. Y por ello también iniciamos de manera proactiva ya las verificaciones en los lugares en donde están los albergues, empezando simplemente por ver dónde está su domicilio, en qué condiciones están; y sí queremos que las autoridades y que las personas que en su momento prestan estos servicios, de las IAP que se manejan en la materia, se sientan incómodas, que sí sientan que la Comisión en cualquier momento puede llegar. Hemos hecho fórmulas aleatorias para que sea simplemente en función de la muestra y llegar en cualquier momento. Tenemos la atribución y queremos que se sientan vigiladas para que justo no se confíen en los registros que debe de haber de niñas y niños, en las condiciones que estén llevando para ellas y ellos y en la forma en que tengan este tipo de labor que están llevando a cabo. Entonces estaríamos ahí atentos.
También si en el caso de que hubiera un debate en el Congreso también mandaríamos nosotros, porque ya tenemos bastantes estudios al respecto, lo que implica como Interés Superior de la Niñez cualquier enfoque que se maneje en sus derechos. Entonces eso estaríamos también posicionando.
P: Doctora, le hablo un poquito sobre la decisión de ayer de la Corte en torno a la mariguana, la califican como histórica. ¿Usted cómo la califica y qué opina de esto?
PGG: Bueno, al fin llegó un fallo donde tenía que estar que es justo en la Corte y con una visión que nos da también mucho aliento porque lo posicionaron desde derechos humanos y eso es lo más importante. Lo vieron desde una visión de derechos humanos donde cambia el eje de un Estado más tutelar, como patriarcal, donde pareciera que tenemos que estar subordinados y nos tienen que decir cuáles son nuestros propios derechos y cómo ejercerlos.
Creo que este mensaje de la libre autonomía, de la libertad, de la autodeterminación de la personalidad, ese argumento es muy vanguardista porque es justo vernos como personas adultas, como personas que tenemos pleno ejercicio que podemos decidir conscientemente.
Y de ahí la importancia, porque lo hemos determinado en este Informe y con gusto se los compartimos, ya pedí que los trajeran para que se los lleven, lo hemos estado trabajando desde 2012 y 2013, y lo presentamos el año pasado, que es justo la no criminalización del consumo. Consumir no implica que la persona sea delincuente; y desafortunadamente por los rangos que se manejan, las formas del debido proceso y las condiciones, es justo el factor que está más vulnerable y está en reclusión.
Y la otra es sí muy importante: el derecho a la información. Sabemos que son temas controvertidos, que hay legítima preocupación de qué va a pasar con niñas, niños y jóvenes si en su momento se llegara a determinar ya como algo más general. Hay que recordar que es solo un caso de tesis aislada, tendría que llegar a una jurisprudencia, pero a lo que ya obliga y más por la Ley General de Salud es a una revisión en el Congreso. Y abramos el debate, más que consensos, más que situaciones de votos, que sea una situación técnica, que sea una situación de vanguardia y de visión de derechos humanos y la Comisión siempre ha posicionado la situación de la libertad, la situación de la responsabilidad, de la información. Es muy importante que haya esquemas de información donde libremente las personas vean. Pero si recuerdan el índice de mayor muerte en jóvenes ha sido siempre el de alcohol relacionado con accidentes automovilísticos. Y el alcohol es una bebida libre.
Empecemos a difundir mejor campañas para que la gente en su autonomía determine cómo consume o no, sin un paternalismo innecesario. Y la visión de derechos humanos es fundamental. El hecho de que está posicionando la libertad.
En este caso estaremos muy atentos de cómo sigan los debates. Finalmente es un precedente, pero por primera vez lo estamos diciendo. Pareciera que en nuestro país hay temas tabú y no podemos estar en ese tenor. Las cosas se tienen que decir por su nombre y tenemos que hablar incluso de lo incómodo o de lo controvertido, porque justo y desde visión de derechos humanos progresista. No debates que nos lleven a retrocesos o a situaciones de restricción de nuestras libertades.
De ahí, y sí coincido con los puntos que se han externado, que efectivamente es histórico lo que hizo la Corte el día de ayer, porque está diciendo, lo está posicionando desde derechos humanos, pero sobre todo está reconociendo que somos personas libres, responsables, que podemos auto determinarnos y desarrollar nuestra personalidad.
Qué bueno que lo digan. Debiera ser algo espontáneo, pero qué bueno que lo digan, porque a veces hay leyes que pareciera que nos quieren tutelar y es una parte que sí hay que tener cuidado de inhibición de derechos humanos.
P: Comisionada, quisiera ver la posibilidad de que nos hablara un poco de los patrones de conducta que han detectado específicamente en la Secretaría de Seguridad Pública capitalina en el tema de tortura. Y bueno, en este sentido preguntarle también que el siguiente año veremos la entrada oficial del nuevo sistema de justicia penal y actualmente los policías están recibiendo capacitación sobre todo enfocada a materia de derechos humanos. Preguntarle, ¿cómo esta capacitación podrá ayudar para reducir o evitar o desaparecer incluso estas malas prácticas que han sido muy específicas de la Secretaría de Seguridad Pública?
PGG: Nosotros tenemos identificados 95 casos. Estamos revisando ahora un total de aproximadamente 28 casos de este año, de aspectos que van desde la detención, insisto, hasta la reclusión. Con gusto te entregamos la Propuesta General, porque ahí lo que identificamos va desde cómo se detiene, cuál es el uso de la fuerza que se lleva a cabo, el hecho de cuando se sube a la patrulla y de repente se les murió en el camino, la situación de cómo lo presentan y en qué condiciones o si se les cayó, y los otros tipos ya más sutiles de tortura, tratos crueles y degradantes, porque también hay todo un espectro ahí de lo que implica la tortura, porque a veces uno cree que es nada más el golpe si no que a veces puede ser la incomunicación.
Y aquí es muy importante y la Corte ya lo determinó: cualquier caso que se acredite con tortura puede nulificar un procedimiento. Qué bueno, porque entonces la autoridad tiene una doble responsabilidad de hacer mejor su trabajo, porque lo que está haciendo cuando un presunto responsable es torturado y llevado a juicio es que aunque pudiera ser el responsable va a ser absuelto, y lo que está violando es el derecho a la justicia de quienes se vieron afectados por ese probable responsable.
Entonces, aquí de repente dicen que la Comisión defiende delincuentes y por qué se pronuncia en casos de tortura, porque lo que no queremos es que construyan culpables y la tortura ha sido siempre un mecanismo para ello.
Entonces de ahí esta identificación y alerto el hecho de que llevamos un año de que se emitió esta Propuesta. Estamos en mesas de trabajo tanto con Procuraduría, Secretaría de Seguridad, Tribunal y Secretaría de Gobierno, por el Sistema Penitenciario, para que haya una articulación interinstitucional. ¿Qué es lo más importante para erradicarla? Saber quién la detona y a quién le toca. Entonces si desde la detención hasta la presentación al Ministerio Público, en la cadena de custodia ahora con el nuevo sistema penal acusatorio se tiene que ver quién fue responsable y a quién fincarle la probable responsabilidad de la situación.
En el Ministerio Público igual. El Tribunal al momento en que ve que le presentan al responsable y trae algún tipo de lesión o lo reportan y no lo denuncian también es por omisión responsable. Emitimos una Recomendación por eso. No tanto porque ahí se lleve a cabo, sino por la omisión del propio Tribunal cuando un juzgador no reporta las situaciones de tortura.
Y lo más escandalosos son el propio Reclusorio, donde la persona ya está en su momento privada de la libertad purgando una condena y aparte hay conductas que son justo en manejo de tortura. Los han arrastrado, los queman, los desnudan, les avientan perros. O sea, son cosas que hemos visto y que por supuesto tenemos documentados en cada uno de los expedientes y ahora con el nuevo sistema penal sí estamos ahí alertas porque este año entró en delitos culposos, viene lo del delito doloso el próximo año.
Y aquí hay una cuestión muy interesante porque ahora es sistema acusatorio. Implica que hay una triada: Policía de Investigación, Peritos y Ministerio Público. Desde que empieza esa investigación, recuerden lo dice la ley, cualquier violación a derechos humanos puede nulificar la prueba. Entonces se va a convertir justo en un control.
Y sí dijo qué bueno, porque justo es lo que hay que anticipar. La autoridad lejos de ver a los derechos humanos como un obstáculo lo debe ver como un sentido de oportunidad de hacer mejor su trabajo. No se puede concebir de otra manera.
Entonces el nuevo sistema penal acusatorio va en esa ruta. Lo que hay que ver es si van a estar listos para que tengan este rigor técnico, porque hay una cuestión también muy importante del nuevo sistema penal que se convierte más en técnico que en confesional. Entonces ya no tienes que buscar la confesión del probable, y justo la tortura se detonaba mucho por sacar la confesión. Ahora es justo el rigor técnico de los peritos y el policía de investigación, con el Ministerio Público que va tener que acreditar la probable responsabilidad, tiene que acusar sin violar derechos humanos.
Entonces esos candados van a ser interesantes, veremos cómo se va a ir dando. Actualmente nosotros como Comisión hemos tenido más bien quejas porque no entienden que es todavía para nada más en temas no dolosos y es más como de información. Sí hace falta, sobre todo de la Procuraduría y del Tribunal, que se haga una mayor campaña de difusión de las implicaciones que tiene el nuevo sistema y a qué derechos nuevos tienen ahora los probables, porque justo en esa campaña y en esos protocolos que están vigentes en la Ciudad la Comisión sí se puede pronunciar cuando haya alguna omisión dentro del propio sistema.
Gracias a todas y a todos.
