viernes , 18 abril 2025

Entrevista a la Presidenta de la CDHDF, Doctora Perla Gómez Gallardo, después de la presentación de la Recomendación 14/2015

Transcripción 34/2015
25 de noviembre de 2015

Pregunta (P): Sobre esta situación que se está viviendo de accidentes con los ciclistas, ¿cómo lo está viendo la Comisión de Derechos Humanos? ¿Tienen quejas?

Doctora Perla Gómez Gallardo (PGG): Sí, nosotros tenemos cinco quejas en documentación en materia de los derechos que se tienen tanto en la movilidad de los ciclistas y estamos en acercamiento con la Secretaría de Movilidad. Queremos iniciar una campaña conjunta que nos permita identificar no sólo los derechos, sino también las obligaciones de quien transita por la Ciudad para evitar justo que se pongan en riesgo; y ver de manera integral la política pública en la materia, para que más allá de las “bicis”, más allá de las formas en que se puede estar llevando el tránsito, haya toda una lógica integral de difusión, de comunicación y de capacitación de lo que implica el moverse en una urbe, y no sólo también hacia las bicicletas, sino también motocicletas. Hacer todo un estudio más amplio e integral de lo que implican los riesgos, cuáles son los focos rojos, dónde se tiene que dar capacitación y visibilizar sobre todo, e insisto, cuáles son estas medidas que pueden tomar las personas para no ponerse en riesgo innecesario.

Y en aquellos casos donde están llevándose las investigaciones por lamentables pérdidas de vidas humanas, que se lleven los procedimientos como corresponde, con debido proceso, certeza para las partes, y en su momento es parte de lo que estamos documentando como institución.

P: ¿Estas cinco quejas que menciona son por qué causas?

PGG: Tenemos desde la que incluso inauguró este año el primer juicio oral que se dio en la Glorieta de Vaqueritos, donde lamentablemente falleció una persona. Abrimos de oficio justo la más reciente. El domingo estuvimos acompañando el mitin que hicieron diversas organizaciones exigiendo que ya no haya este tipo de situaciones.

        Pero lo queremos ver de una manera más integral; que las personas no se pongan en riesgo; que conozcan por qué vialidades pueden estar; ubicar, pero ya con un diagnóstico más amplio; y sobre todo también de la mano con sociedad civil, que ha tenido incluso cartillas y capacitaciones que dan a ciclistas, para que no sufran un riesgo adicional del que ya se está presentando; y estar muy de la mano con las autoridades para hacer una política integral.

        Sí insisto en que se tiene que visibilizar lo que implica el problema, los focos rojos, pero también tienen que saber cuáles con sus obligaciones para que no se pongan en riesgo ni tampoco se afecte a los que van transitando.

P: ¿Pero qué pasa precisamente en las zonas en donde no hay infraestructura para ellos?

PGG: De entrada ahí, y parte de lo que estamos documentado en las quejas que tenemos actualmente abiertas, es revisar cuáles han sido las omisiones de la autoridad en política pública, en las modalidades, en las condiciones en las que están transitando las personas.

        Por otro lado, es sabiendo esas situaciones, alertar con focos rojos aquellos espacios y lugares donde sabemos que se están dando el mayor número de accidentes o que no tienen las condiciones para que estén circulando en esos lugares.

        Eso sí lo vamos a estar haciendo público, y otra, y más importante, justo las medidas de capacitación, las medidas de lo que son sus deberes y sus derechos, para que puedan estar en mejores condiciones de que quien quiera usar las vialidades con el uso de la bicicleta no se ponga en un riesgo y haya un respeto también al peatón, que también tiene su derecho al tránsito indistintamente qué vehículo vaya circulando, el propio ciclista, los motociclistas y los vehículos en general.

P: Doctora, ¿y el llamado al Gobierno del Distrito Federal por este uso de un carril para vehículos de transporte compartido con ciclistas? ¿O sea, cómo es posible?

PGG: Nosotros lo estamos revisando justo en las prácticas de lo que implican el derecho a la movilidad y en su momento, e insisto, pudieran ser los focos rojos. Lo que no queremos es que se presenten condiciones de riesgo donde se siga perdiendo la vida o la integridad de las personas que se están viendo afectadas. Hemos estado dando el seguimiento a estos últimos accidentes que se han presentado en la Ciudad. Pero más allá, insisto, de la capacitación que se puede dar al propio ciclista, es ubicar esas zonas donde inmediatamente se tienen que tomar medidas preventivas de visibilización y darles las alertas a los ciclistas. Decir: “Estas zonas son donde hay mayor número de accidentes o no están las condiciones”.

        Es parte de lo que vamos a revisar nosotros en nuestra Recomendación. Más allá de los cinco casos que nos están obligando porque están las víctimas, queremos ver una política integral donde sí se está abriendo esta modalidad, que cada vez se está haciendo más amplia el uso de la bicicleta en la Ciudad, sea en las condiciones adecuadas para que las personas no tengan un riesgo ni en su integridad ni en su vida, donde desafortunadamente estamos documentando esos casos.

P: Doctora, en materia de presupuesto, ¿ya tiene contacto con la Asamblea Legislativa?

PGG: Nosotros ya enviamos el día de hoy lo que es nuestra solicitud de presupuesto. Ya está aprobada por nuestro Consejo. El día 30, el próximo lunes, iremos a defenderlo.

        Nosotros, como lo he dicho históricamente, llegamos no a solicitar recursos, sino a decir cómo estamos trabajando y las necesidades que hacen que podamos seguirlo haciendo en mejores condiciones para la dignificación del trabajo de todas y todos los que conformamos esta institución, y sobre todo para seguir atendiendo el tema de derechos humanos.

        No es menor, y hay que decirlo con toda claridad, mucha de la autonomía pasa por una suficiencia presupuestal adecuada. Con fiscalización, con trasparencia, con auditorías, con esto estamos siempre con las mejores prácticas, pero con la suficiencia necesaria para poder operar.

        Es algo que sí vamos a estar defendiendo con resultados, con el trabajo que tenemos de esta institución de más de 22 años y todo el ejercicio que se ha hecho en este último año, en acompañamiento de movilizaciones, la emisión de Recomendaciones que históricamente no se estaban manejando temáticamente, la atención integral en materia de educación, territorio.

        Entonces, en ese sentido ya estamos presentando nuestra solicitud y estaremos haciendo público nuestras preocupaciones. Y en el debate esperamos haya esa apertura por parte de la Asamblea para que no haya un castigo y no haya una disminución. Menos en el contexto actual que estamos viendo en materia de derechos humanos en el país, donde es la Ciudad donde mayor número de incidencias tenemos por el derecho a la manifestación y la legítima exigencia que se tiene en la libertad de expresión, donde estamos documentando todos los días como Comisión.

P: ¿Alguna cifra que esté manejando para este presupuesto?

PGG: Para nosotros nuestra suficiencia está sobre los 410 millones de pesos, cuando el año pasado sólo se nos autorizaron 315, y tuvimos que recurrir a ampliaciones para cubrir. Hay que recordar que la Comisión no cierra, son 24 horas del día, los 365 días del año. El 85% de nuestro presupuesto es para personal, personal que lleva aquí incluso antigüedades de 22, 10, 15 años trabajando de manera comprometida para sacar adelante lo que es el servicio, la orientación, la capacitación, todo lo que se hace todos los días tanto con sociedad civil, con víctimas, con seguimientos, con capacitaciones a los propios servidores públicos.

        Vamos a defender ese presupuesto. No esperamos un recorte que no nos permita operar. Pero sí vamos a decir que nosotros a diferencia de cualquier otra entidad vamos a dar la exigencia con resultados, con datos, trabajo, con productos, porque es lo que genera la confianza en las personas y es con la que podemos salir muy bien y adelante porque tenemos todo un compromiso de más de 640 personas que conforman esta institución.

P: Respecto a los deslaves de Santa Fe, ¿hay gente que se han acercado con ustedes?

PGG: Sí, nosotros abrimos de entrada queja de oficio, tenemos ya el acercamiento con las y los vecinos y les reitero lo que he estado diciendo desde hace más de un año: en noviembre del año pasado emitimos la primera Recomendación por construcciones irregulares en 21 años de la institución. A la fecha sigue pendiente que sea aceptada por algunas de las delegaciones.

        Nosotros hemos posicionado el derecho urbano a la Ciudad como derecho humano. Ya no es sólo que se dé una concesión, ya no es sólo que una empresa dé una construcción que pudiera convertirse en un fraude, es la obligación del Estado de supervisar, poner controles y generar costos a aquellos que estén haciendo construcciones que vayan en contra de la norma.

        Estamos en contra del cambio de uso de suelo casi cuando cierran las legislaturas. En las construcciones irregulares tenemos una documentación de más de 28 casos. Y este caso de Santa Fe, qué bueno que se ve un cerro desgajándose, porque tenemos cientos de casos en la Ciudad donde el problema es movilidad, agua, desarrollo y hasta violencia intrafamiliar por el hacinamiento que están teniendo y fraudes a todo lo que da, tanto al que compra de buena fe y está comprando un bien que está en riesgo, como al vecino que tiene obra peligrosa, como a la propia colonia que ahora tiene problemas de agua o de tránsito y que no se está abordando de manera integral.

        Hemos solicitado que incluso por parte del Gobierno haya una situación intersecretarial, para que no digan quién o dónde quedó la bolita de quién es el responsable, e interdelegacional, y que haya sanciones ejemplares para que se evite y una planeación con visión de derechos humanos.

        Es una exigencia que hemos manejado desde hace un año. Lo seguiremos posicionando. Vienen más Recomendaciones en la materia, sobre todo queremos medidas preventivas que eviten ahora que en tipos de suelo que no tienen las características, o con un daño en materia de agua o por el tema de movilidad, se sigan haciendo este tipo de construcciones que no están viendo la calidad de vida de las personas ni la dignidad del derecho a la vivienda.

P: ¿En el avance que tienen de los deslaves ya han detectado omisiones de autoridades y cuáles son estas autoridades?

PGG: Pues parte de esto que estamos investigando es justo que tenemos que hacer desde el antecedente registral, qué pasa cuando cambia el tipo de suelo. Vemos una de las peores irregularidades. En los cambios de uso de suelo antes se esperaba el cambio de uso para hacer la construcción, ahora lo construyen y el cambio de uso de suelo regulariza la ilegalidad.

        Las normas también que se están emitiendo de supuestos beneficios y luego vemos otro tipo de construcciones que se llevan a cabo para otro sector, también la estamos documentando.

        ¿Qué hemos identificado? Que hay una coincidencia ambigua donde no podemos determinar quién es la autoridad directamente responsable y lo que queremos es que ya exista una normatividad clara que deslinde la responsabilidad. Pero aunque no se pueda deslindar hay una responsabilidad objetiva del Estado por omisión si no está supervisando. No es aquí todo se vale o lo hizo un particular. Aquí es un bien de interés público, es una cuestión de desarrollo urbano integral como un derecho social, colectivo, y de ahí la importancia de que haya una visión de derechos humanos y que haya esta corresponsabilidad de cuestión integral, porque si no, entre Asamblea, delegaciones o secretarías, no hay una articulación y cuando se deslinda la responsabilidad ya tenemos un cerro desgajado o una persona viviendo en una obra peligrosa, o ya una situación de afectación mayor; y es un foco rojo de la Ciudad, es lo que viene en la Ciudad, se está haciendo un desarrollo urbano sin una visión de derechos humanos. Lo vamos a seguir posicionando, y en su momento estaremos emitiendo las siguientes Recomendaciones, que vienen de manera integral.

Los invito a que lean la Recomendación 12/2014 porque ya decíamos varias situaciones que se pudieron haber prevenido en las nuevas condiciones que vemos ahora de estos riesgos o desgajes, ya no sólo en Santa Fe, hay otras delegaciones que han tenido accidentes.

El tema que clausuran las obras y que, de manera impune, rompen los sellos y siguen construyendo y que no se puedan demoler las obras porque los que compran de buena fe tienen un derecho adquirido. Entonces se hace toda una trampa que no es la más afortunada, y desafortunadamente no se está viendo desde la visión de vivienda digna y desarrollo urbano con visión de derechos humanos.

P: ¿En esta zona ya tienen aparte de esta queja de oficio, tienen más que pudiéramos precisar a lo mejor el número de puntos que ya tienen identificados?

PGG: Sí, con gusto les podemos dar la ficha actualizada. Porque lo importante en este caso es que no sólo una zona como Santa Fe; sino que tenemos de diferentes zonas los 28 casos de la Recomendación 12/2014 por ejemplo, también les puede dar toda una situación de que esto es ya un contexto de diferentes zonas de la Ciudad, donde lo que está haciendo falta es una regulación integral, una intercomunicación de las autoridades y que se empiecen a fincar responsabilidades y se evite que vengan las afectaciones que lamentablemente siguen prevaleciendo.

Otro dato que traemos, son más de nueve quejas, es el tema por ejemplo ahora de que cierran las calles. Finalmente las personas, ante un esquema de inseguridad, buscan medidas de protección. Tenemos nueve quejas al respecto, donde están cerrando el acceso. Esa falta de acceso termina siendo una obstaculización al derecho a la movilidad, discriminación, exclusión, zonas de riesgo. Aquí lo que queremos es sensibilizar a las y los vecinos, estamos pidiendo se retiren ese tipo de vallas o plumas que ponen y obstaculizan el paso porque el acceso público a la calle es público, no se puede cerrar, no se puede bloquear, pero a cambio, por supuesto que la autoridad debe dar garantías de seguridad para que puedan estar las y los vecinos en mejores condiciones.

Sí se los pongo en el radar porque son de estos temas de desarrollo de la Ciudad donde no se entiende y pareciera que les estamos queriendo afectar por quitarles el cierre de la calle que hacen privada. Las calles son para transitar, aquí lo importante es que tengan condiciones de seguridad y no requieran cerrar sus calles.

Estamos también documentando ese tema, y en esa materia lo estaremos haciendo público; tenemos el tema de residuos sólidos, que es de todas las delegaciones, el tema de la basura. Hay muchos temas que tienen que ver con desarrollo urbano, hay que entrarle de manera integral y la Comisión estará muy atenta, estamos haciendo un estudio que el próximo año estaremos manejando tanto en un Informe Especial de lo que implica el desarrollo urbano, el espacio público, el cómo se manejan o no las concesiones, el cómo se deben de dar o no las consultas.

Sabemos que hay muchos temas abiertos, incluyendo el Corredor Chapultepec, y justo en esa materia también queremos fijar los precedentes de la importancia del derecho a la información de las y los vecinos, pero al mismo tiempo el desarrollo con política pública en visión de derechos humanos.

P: ¿Esos cierres son recientes?

PGG: Históricamente se había dado todo un fenómeno, pero ya se hizo todo más complejo porque ya son zonas, accesos, ya no importa en qué colonia, sino simplemente ya ponen una valla, una caseta, pero lo grave es que no puede entrar cualquier persona, no pueden transitar, no eran calles que estaban como calles cerradas, sino que las vecinas y vecinos se organizan, y obvio entendemos que es por una cuestión de seguridad, pero no se puede cerrar el espacio público. Es lo que queremos nosotros posicionar.

Y les recuerdo que estamos ya a tres años del 1ro. de diciembre. Nosotros emitimos desde la Recomendación 7/2013, y siguen sin haber los pagos de indemnizaciones de las detenciones arbitrarias a más de 100 personas que se hicieron el 1ro. de diciembre de 2012.

Vamos a visibilizar que llevamos un año con el nuevo Lineamiento de Indemnizaciones, que hemos tenido reuniones semanales, en más de 50 sesiones con el Gobierno, y a la fecha, por una falta de coordinación que queremos que ya encabece la Secretaría de Gobierno con Procuraduría y Secretaría de Seguridad, no se han pagado las indemnizaciones de reparación integral a las víctimas, y conste, insisto: de detenciones arbitrarias del 1ro. de diciembre del 2012; estamos en 2015. Y ya viene un año más, y no vamos a permitir, como Comisión, que se sigan retrasando sin ninguna justificación el pago a estas personas que sufrieron violaciones graves a sus derechos humanos.

P: ¿Qué van a hacer Doctora, en este caso?

PGG: Estamos ya haciendo la documentación de todo el recuento, tenemos la situación de la Recomendación, insisto 7/2013, ya se habían hecho las mesas de trabajo, pero no están planteándose las propuestas; y por supuesto esas propuestas tienen que ser revisadas con estándares de derechos humanos, en visión de las propias víctimas. Lo que no se vale es un año donde las víctimas no han tenido un resultado, y es algo que vamos a estar diciendo como Institución. Esta Institución, cuando emite Recomendaciones que son aceptadas, son para cumplirse, porque lo que está esperando la víctima es su reparación.

El 1ro. de diciembre vamos a tener un tercer año y son víctimas que siguen sin un pago de su indemnización. Lo hacemos público, y lo estaremos ya documentando y haciendo también en seguimiento con las víctimas porque no vamos a permitir que haya esta omisión.

Viene presupuesto, y cuidado en presupuesto. Muchas de nuestras Recomendaciones que no nos cumplen son porque la Asamblea no da suficiencia, infraestructura, en reclusorios, en temas de juzgados cívicos, en temas de Defensoría de Oficio, en muchas áreas que requieren presupuesto para poder trabajar en mejores condiciones.

El tema de indemnizaciones por supuesto, en Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad y Procuraduría deben estar (yo creo que es un buen punto que le pueden preguntar a las autoridades, si están contemplando los montos para pagos de indemnizaciones) porque si el próximo año nos van a decir que no tuvieron suficiencia por no pedirla, entonces ¿seguiremos un año más sin pagarle a las víctimas? Lo vamos a hacer público y lo voy a pedir también en la Asamblea el próximo lunes que estemos compareciendo, que no dejen de revisar las partidas de indemnizaciones, porque violar derechos humanos cuesta. Si no quieren pagar, no violen derechos.

P: Sobre el Corredor Chapultepec, lo que pasa es que unos vecinos estaban diciendo que no hay respuesta de la Comisión, que parece que la (queja) que iniciaron está parada…

PGG: Aquí es una vecina que en particular está llevando ciertos trámites, pero nosotros estamos viendo de manera integral con diversos actores, incluso estamos viendo si podemos tener alguna reunión en sábado, porque sabemos que están trabajando durante la semana, hemos hecho ya las solicitudes al propio proyecto que se está llevando a cabo, estamos revisando en qué términos se está dando, cómo fueron las observaciones que hizo el Instituto Electoral para lo de Participación Ciudadana, pero yo insisto, estas consultas no son vinculatorias, no hagamos a las personas una expectativa donde consideren que por ser consultadas va a cambiar el sentido de la decisión que se esté llevando a cabo, y eso le toca a la Asamblea también, de qué tipo de participación ciudadana queremos, donde las consultas sí puedan ser vinculatorias, o previo a cualquier toma de decisión estas consultas se tomen en cuenta para las decisiones de proyectos que tengan que ver con un impacto en el propio diseño del espacio público.

Entonces, sí estamos llevando esa parte. Sabemos que esta persona ha pedido el acercamiento, con todo gusto se le va a atender, al igual que a varias vecinas y vecinos, pero sobre todo ya pidiendo la información a las autoridades, que se cumplan todos los requisitos, pero que no genere una expectativa que sabemos de inicio no necesariamente cambia el sentido del proyecto.

Las consultas en nuestra Ciudad no son obligatorias, no vinculan a la autoridad en su resultado. Es muy importante empezar a hablar de esos temas, porque entonces tendría que hacerse un cambio a la Ley para que previo a cualquier obra de interés público donde haya consulta ciudadana, sí sea un factor que deba obligatoriamente tomar en cuenta la autoridad, como un insumo entre otros elementos técnicos de información que tienen que llevar a cabo, porque insisto, no estamos en contra de un desarrollo urbano, lo que es importante es que haya un derecho a la información con visión también de derechos humanos. Ahí estaremos en ese sentido.

P: En este caso, el Gobierno de la Ciudad de México ¿tendría que comprometerse previo a la consulta de que no va a hacer el proyecto si la mayoría dice que no?

PGG: Técnicamente la Ley simplemente maneja la consulta que puede tener como un insumo para valorar su proyecto. Legalmente y en competencia, no está obligado. Entonces aquí el fundamento que tiene cada autoridad para actuar no generemos una expectativa a las personas que consideren que por llevarse la consulta se va a frenar la obra. Eso no es cierto, pero sí nosotros como Comisión estamos documentando que se revise de manera integral, no sólo en la participación ciudadana, sino que no haya desplazamiento de personas en situación de calle, que se vea de manera integral lo que implica el proyecto, cómo se está dando la transparencia en la información a las personas, cómo se está dando esa concesión y de qué manera los espacios públicos no deben privatizarse y debe haber un interés público y un bien común.

Eso sí nos toca a nosotros revisar y estamos documentando en éste y otros casos de desarrollo urbano, y otra muy distinta es esta etapa que va a venir de esta consulta, pero les digo: no generemos expectativas. Pregunten al Instituto Electoral qué implicaciones tiene una consulta con este derecho vigente; y por parte del Gobierno sí esperamos que, si está haciendo este ejercicio, por lo menos por su puesto tome en cuenta las valoraciones que se hagan, pero en lo último en que nos quedamos es que va a ser sólo una pregunta. Estamos dando seguimiento, le toca al Instituto Electoral y nosotros seguimos documentando todo lo que tiene que ver con normatividad desde visión de derecho económico, social y cultural, que son los DESCA, que manejamos desde una visión de derechos humanos. Muchas gracias.