Boletín 289/2015
20 de noviembre de 2015
A un año de la marcha convocada por familiares, así como por compañeras y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condena la criminalización de la protesta social y las violaciones a los derechos humanos cometidas en aquella ocasión en contra de las y los manifestantes.
Es importante recordar que al finalizar la movilización se registraron detenciones arbitrarias, incomunicación, tortura, violencia física y psicológica. Este tipo de medidas busca un doble efecto; por un lado pretende reprimir a quienes se manifiestan, principalmente las y los jóvenes, y por otro lado procura inhibir la protesta, dando un mensaje a la población de que al hacerlo pueden correr la misma suerte de estas personas.
En el marco de la manifestación, 31 personas fueron detenidas por los delitos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y portación de objetos para agredir; de estas personas, 11 fueron detenidas por delitos del fuero federal, tales como asociación delictuosa, tentativa de homicidio y motín. Tres personas fueron trasladadas al penal de alta seguridad Noroeste, en Tepic, Nayarit; mientras que ocho fueron enviadas al penal federal Cerro de León, en Villa Aldama, Veracruz.
Durante la detención y el traslado a dichos centros de reclusión de alta seguridad, las personas detenidas sufrieron diversas violaciones a sus derechos humanos, tales como detención arbitraria, incomunicación, tortura, negativa de acceso a una defensa libremente elegida y violencia física y psicológica.
Por estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 44 quejas y la CDHDF 16 ; además abrió una queja de oficio que continúa en integración a fin de que las personas interesadas puedan aportar “documentación ciudadana” y emitió medidas precautorias dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia, al Sistema de Transporte Colectivo Metro y a la Secretaría de Gobierno locales, solicitando que se respetaran los derechos de las personas a manifestarse.
La CNDH atrajo la investigación por los hechos cometidos la noche del 20 de noviembre de 2014, dado que en dicho operativo intervinieron policías locales y federales; en este sentido, se pronunciará sobre las violaciones cometidas en la detención, puesta a disposición y procesamiento de las personas agraviadas.
Para la CDHDF no pasa inadvertido que en varias de las detenciones hubo violaciones graves al debido proceso, lo cual se evidenció en la resolución del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el estado de Veracruz, confirmada por el Sexto Tribunal Unitario del Distrito Federal, al resolver la apelación interpuesta por la Procuraduría General de la República (PGR), en la cual se ordenó la libertad de las personas detenidas por la insuficiencia de elementos de prueba.
A un año de estos hechos, la CDHDF condena cualquier acto encaminado a inhibir, obstruir y limitar la protesta ciudadana, particularmente las detenciones colectivas o individuales arbitrarias, pues representan un mensaje para inhibir y criminalizar el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión. Asimismo hace un llamado a las autoridades capitalinas a no criminalizar la protesta social y a implementar protocolos de contención de multitudes con estricto apego a los derechos humanos.
También considera fundamental que se investigue y procese a las y los servidores públicos que hayan incurrido en abuso de autoridad, y que se repare el daño a las víctimas de estas agresiones, tal como se ha manifestado en las Recomendaciones emitidas recientemente, con relación a las protestas y manifestaciones.
La CDHDF continuará atenta para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Estado relacionadas con el respeto a los derechos humanos de las personas en el antes mencionado contexto y dará seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones emitidas al respecto.