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Entrevista a la presidenta de la CDHDF, Doctora Perla Gómez Gallardo, al término de la Presentación de las Acciones de Supervisión en Unidades Medidas en Centros de Reclusión y el Centro de Sanciones Administrativas del Distrito Federal

Transcripción 29/2015
14 de octubre de 2015

Pregunta (P): Ahorita usted estaba comentando que es necesario que se tenga más personal de salud en los centros de reclusión. El Doctor Ahued dice que esto ya es suficiente para esto.

Doctora Perla Gómez Gallardo (PGG): Bueno, lo importante, y lo que hemos estado haciendo como Comisión desde el 2011 en los primeros diagnósticos y ahora de manera permanente, es revisar en qué condiciones están en los sistemas penitenciarios en la accesibilidad en materia de salud.

Esta primer presentación que estamos haciendo en un antes y un después, es justo para mostrar que cuando hay voluntad política en disposición de recursos para cuestión de planeación, sobre todo en materia de política pública en la Ciudad.

Tenemos también y recientemente presentamos, en qué condiciones están los Centros de Jóvenes en conflicto con la ley. Es alarmante, de repente,ver los espacios tanto para dignificar el trabajo que hacen los profesionales en los lugares, como las personas que están privadas de su libertad.

De ahí el que queramos mostrar también cuando hay estas buenas prácticas, y que siguen pendientes, efectivamente, no sólo en la suficiencia, la especialización, sino también en los temas de calidad en la prestación del servicio.

No hay que olvidar que una persona privada de la libertad no pierde otros derechos, empezando por el propio derecho a la salud, y es algo que seguiremos posicionando como Comisión.

P: ¿Esta situación ha generado algunas Recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos?

PGG: Así es. Hemos emitido en diversos momentos Recomendaciones, sobre todo en materia de infraestructura, en materia de servicio, la propia accesibilidad, que se den en las mejores condiciones.

Recientemente también dimos seguimiento a un caso donde se ganó un amparo por parte de una familia que logró que el Seguro Popular le diera ya accesibilidad en materia de salud, que hay una descoordinación en materia federal con la local, y ese logro va a permitir abrir ahí una frontera desde una visión de derechos humanos para que la accesibilidad sea universal y no sea una cuestión de competencias.

P: ¿Ya están trabajando para hacer un diagnóstico general de las condiciones que tienen los reclusorios, así como lo hicieron con las Comunidades?

P: Sí, estamos revisando. Lo hemos revisado por secciones. Digamos que el día de hoy presentamos toda la parte que tiene que ver con sistema de salud y reclusión; tenemos el tema de jóvenes en conflicto con la ley y lo estamos haciendo de manera integral.

El día de mañana estaremos emitiendo, incluso, dos Recomendaciones. Una también para la Subsecretaría del Sistema Penitenciario en materia de derechos LGBTTTI. A la una de la tarde están siempre convocados para que nos ayuden a difundir los resultados de esta Recomendación.

Y pues no hay que olvidar que en materia de reclusorios es y sigue siendo la de mayor número de quejas que llegan a la institución, la manera compleja en que se lleva a cabo y queremos ya revisar de manera preventiva diversos aspectos de los tipos de violaciones que identificamos para que sobre todo se anticipen estos escenarios y se eviten nuevas violaciones.

P: ¿Qué tipo de quejas son las que llegan? ¿Qué abusos hay?

PGG: Nosotros tenemos un catálogo de 56 tipos de derechos y prioritariamente son los temas de seguridad jurídica, cuestiones de integridad; cuestiones que hemos documentado y que actualmente estamos dando seguimiento; como nuestra Propuesta General de Tortura, donde estamos revisando desde la detención hasta la reclusión. Casos que hemos documentado.

Pero sobre todo, y no hay que olvidar, que actualmente se está revisando la Ley General de Tortura, que queremos tenga conforme a los estándares internaciones; y lo que detectamos es que es necesaria una interlocución desde la detención hasta la reclusión. Esto pasa por Secretaría de Seguridad, Procuraduría, Tribunal y el propio Sistema Penitenciario. Es una práctica que debe ser erradicada, pero mientras no se coordinen las autoridades y se deslinde claramente la responsabilidad de cada una de las acciones que se maneja, difícilmente se puede erradicar.

También estamos dando seguimiento, y nos preocupa, el tema de la Ley de Desaparición Forzada. Está el tema de que tiene que agotarse ya el tiempo para su emisión y es importantísimo que se escuche a las víctimas. No puede haber una Ley de Desaparición Forzada en este país sin escuchar a las víctimas.

Por parte de la Comisión hicimos llegar con oportunidad 15 puntos básicos que desde el 2002 nuestro país tuvo que haber cubierto y que hubiera evitado tragedias como las que siguen prevaleciendo, de más de 26 mil personas que están en ese estado actualmente.

P: Últimamente muchas personas del Sistema Penitenciario o son lesionados los mismos internos o son asesinados. Hace unas semanas fue una pareja en una visita. ¿Qué está haciendo la Comisión en esa parte?

PGG: Emitimos desde el 2014 una de las Recomendaciones con más de 20 casos en temas de privación de la vida. Estamos viendo las maneras preventivas, las cuestiones de cómo pueden garantizarse sin evitar una situación de intimidad, pero al mismo tiempo las condiciones para los temas preventivos. Temas también sobre todo en mujeres privadas de la libertad; atención integral; la cuestiones también de adicciones; las cuestiones también de niños y niñas que acompañan a su madres hasta los cinco años. Entonces estamos tratando de revisar de manera integral todo lo que implica la persona en reclusión.

No hay que olvidar que la mujer en reclusión es la que tiene el mayor número de abandono. El 80% de esos casos no tiene siquiera visitas; de ahí la importancia del acercamiento que ha tenido desde la Segunda Visitaduría la Comisión en medidas no solamente de empoderarlos en el conocimiento de sus derechos, sino la atención integral, psicoemocional que deben tener las reclusas para que tengan una reinserción adecuada también en estos padecimientos.

P: ¿Pero específicamente sobre las muertes, los asesinatos, son omisiones o qué está pasando dentro de los penales?

PGG: Sí, nosotros hacemos las denuncias correspondientes, hacemos la documentación correspondiente, sobre todo alertamos también para saber en qué condiciones se están dando los casos; de manera que se deslinde la responsabilidad; se vea si son cuestiones aisladas, pero sobre todo qué protocolos de actuación están realizándose al interior de los centros penitenciarios para que no se repitan este tipo de prácticas.

Lo tenemos que ver de manera integral, pero en su momento cuando lo reportamos inmediatamente hacemos las denuncias, abrimos las quejas también correspondientes y sobre todo en la emisión de Reclusorios.

Insisto, en materia de reclusorios es de los temas más antiguos que se documenta por la Comisión y que sigue siendo siempre la materia de la falta de insuficiencia presupuestal o infraestructura para dar mejores condiciones.

No es obstáculo, ustedes lo vieron el día de hoy, un aspecto tan básico como dar una infraestructura adecuada para el sistema de atención de la salud del propio Sistema Penitenciario. Es un antes y un después cuando hay voluntad política. Y a la Asamblea siempre la hemos puesto también de colaboradora para efecto de que asigne el presupuesto necesario con la fiscalización y la profesionalización correspondiente.

Pero sí hay que recordarlo: la comisión de las quejas y de las Recomendaciones más antiguas que se tienen sin cumplir son en materia penitenciaria, y pasa por infraestructura, pasa por capacitación y pasa por incidentes que se siguen repitiendo. De ahí la importancia de ya generar patrones que se ve que pueden ser violatorios, ponerlo en alerta a la autoridad. De otra manera, van a seguir pasando las violaciones, y queremos identificarlo.

Son 22 años ya de esta Comisión que nos permiten hacer diagnósticos integrales, retrospectivos, sobre qué prácticas son las que están violando estos derechos y sobre qué faltas de voluntad, también decirlas con toda claridad, ustedes lo pueden consultar en nuestro portal, el grado de cumplimiento que tienen las autoridades, pero sobre todo el grado de reincidencia de las mismas violaciones.

No puede ser que si ya se documenta una acción, se repita. Quiere decir que está fallando o hay un patrón de conducta reiterado que permite la nueva violación.

Entonces, eso lo estamos documentando, estas verificaciones que se hacen desde la Segunda Visitaduría nos ayudan no sólo a diagnosticar, a evidenciar y a mostrar. Ustedes el día de hoy, en la presentación pueden ver en qué condiciones estaban, cómo se puede cambiar la imagen y la dignificación del espacio.

Hay que recordar también que los profesionales de la salud y muchísimos funcionarios públicos no tienen condiciones adecuadas: Juzgado Cívico, se emitió Recomendación el año pasado; Defensores de Oficio no tienen ni siquiera un lugar dónde sentarse, y no se les asignó un presupuesto.

El tema de la Policía es otro de los temas que nos preocupa porque no está dignificado su trabajo, no tienen prestaciones para una capacitación adecuada, también lo pidió la Comisión. Siempre que emitimos Recomendaciones hacemos el diagnóstico integral, y emitimos también las necesidades de que se les de suficiencia. No se atienden estos temas, y en la medida que no se atienden siguen las violaciones.

 

P: Doctora, ¿la saturación de los reclusorios en la Ciudad de México?

PGG: Esa es una parte que estamos revisando. Sobre todo por el tema de las tipificaciones de los delitos. De repente llega una persona donde hay una reincidencia, pero robó un desodorante, y gracias a que se le acumularon, está en detención.

Revisamos siempre el debido proceso, porque también esas garantías, que no sea el que está detenido la persona que no tuvo acceso a una defensa adecuada, y que no sea una sobresaturación cuando pueden verse medidas alternativas para efectos de lo que se ve en los sistemas administrativos; otro tipo de sanciones que no acaben en una privación de la libertad que les acaba cambiando la vida, en vez de que los pueda reinsertar cuando no son violaciones graves, cuando no son delitos graves.

Creo que ese es un sistema más amplio e integral, conmutación de penas y formas que sin que evadan su responsabilidad tampoco se les criminalice por delitos que no tienen una proporción de afectación a la sociedad, que pueden verse otras alternativas. Es un diagnóstico que se ha hecho también.

 

P: ¿Qué pasó con el anuncio que hizo el Consejero Jurídico sobre la liberación de 500 personas que estaban dentro de grupos vulnerables, se quedaron en discurso?

PGG: Nosotros estamos dando seguimiento. Sobre todo nos acercamos a SEDEREC, para efectos de que si se liberan a las personas, primero se revise de manera integral, no nada más es que quede fuera la persona que fue privada de su libertad por no haber tenido algún traductor o un debido proceso por su condición de vulnerabilidad, por ser de algún pueblo originario o indígena.

Lo que queremos es que cuando salga, también haya una revisión de si venía en tránsito, cómo va a regresar a su lugar de origen, si va a haber algún tipo de apoyo en programas sociales, que se haga de manera integral. Nosotros revisamos que son más de 540 casos, estamos viendo los que tenemos documentados para también poner esa información a disposición de la Consejería. Y en su momento, esperamos no sólo la liberación, sino un programa integral para que se pueda reinsertar a las personas y darles mejores posibilidades.

Que no sólo los saquen, sino les den las posibilidades de regresar a sus comunidades o apoyos que les permitan reintegrarse adecuadamente a su propia labor.

 

P: Sobre el Corredor Chapultepec, ¿cuáles son las acciones que se están llevando a cabo?

PGG: Actualmente tenemos cuatro quejas, estamos en la revisión de lo que ha sido la información que nos han hecho llegar. Se mandaron observaciones al Instituto Electoral respecto a la encuesta que se lleva a cabo. Es muy importante que se garantice el tema de la participación ciudadana. También hay que recordar que en materia de participación ciudadana las encuestas no son vinculatorias. Ese es un pendiente que se tiene en la Asamblea para efectos de que se actualice, si es que quieren que haya una corresponsabilidad cuando se consulta a las y los vecinos.

Nos preocupa, y es la parte que nos interesa, que haya una difusión muy puntual de lo que implica la obra, qué impacto va a tener, qué cuestiones va a haber en otros derechos colaterales, por ejemplo el desplazamiento de personas con situación de calle, las cuestiones ecológicas. O sea, es una cuestión más integral, y queremos que sea un referente de que si así se van a hacer las obras, venga en las mejores prácticas de difusión, integral, de beneficio público y de una información atenta, puntual, preventiva, que no haya ya los conflictos que hemos visto en otro tipo de obras, que mucho pasa simplemente por darle la información con toda claridad a las y los vecinos, y que se conozca el beneficio público que tienen estas obras para la Ciudad.

Estaremos dando el seguimiento, actualmente estamos en esta revisión y estaremos también observando, en todo momento, cómo se lleva a cabo esta consulta.

 

P: ¿Se está reuniendo con alguno de los grupos que están inconformes con esta obra?

PGG: Parte de las quejas son de las y los vecinos, y justo lo que estamos tratando de propiciar es que haya el acercamiento directo de las autoridades para atender sus preocupaciones y que sí haya mucha claridad de cómo se llevan a cabo los procedimientos.

No hay que olvidar que es un desarrollo urbano, y nosotros queremos posicionar el derecho humano a la Ciudad. Tiene que ser integral, se está convirtiendo en el verdadero tema de la Ciudad las construcciones irregulares, los cambios de uso de suelo.

Actualmente he tenido reunión con las nuevas Delegadas y Delegados que, en su momento, no hubo respuesta de los que estuvieron de responsables en la anterior gestión, para que acepten la Recomendación en materia de construcciones irregulares.

A la Asamblea también tenemos la agenda de que se cambie el tema de los cambios de uso de suelo, como esos beneficios de cierre de gestión, para que sea de manera integral, y siempre sea de manera anticipada, con una proyección de lo que implica una política pública de derecho humano a la Ciudad.

No es menor: problemas de hacinamientos, problemas de hundimientos, problemas de agua, problemas de tránsito, de residuos sólidos. En cada uno de estos temas vamos a estar emitiendo Recomendaciones, porque ya es un tema de la Ciudad. Esto ténganlo en el radar porque es un tema de derechos humanos, de desarrollo urbano.

 

P: ¿Usted apoyaría que la consulta se haga para enero, como solicitaron los vecinos?

PGG: Más bien revisaríamos cuáles son los procedimientos que se tienen que agotar, y sobre eso estamos mandando las observaciones.

Y en materia de las encuestas en participación ciudadana, por especialidad, le toca al Instituto Electoral. Estaremos siendo muy respetuosos de su participación. Y de nosotros es la observación de que se cumplan los estándares de consulta. Es lo que mandamos en la observación.

 

P: Los vecinos están diciendo que sólo se contempla para los afectados, que no se abra a todo Cuauhtémoc…

PGG: Ahí se revisaría cuáles son los alcances cuando se llevan este tipo de consultas, y sobre todo porque serían los precedentes para nuevas obras en su momento. Y lo importante, insisto, es que no son vinculatorias. Revisemos la Ley y entonces que se haga realmente una cuestión más integral por parte de la Asamblea. Gracias.