Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 251/2015
14 de octubre de 2015
Toda persona en reclusión en el Distrito Federal debe tener acceso sin distinciones o restricciones a servicios médicos básicos y especializados a nivel local o federal para prevención y corrección de su salud como un derecho humano insustituible, afirmó la Doctora Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Acompañada por el Doctor Armando Ahued, Secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal, y del Consejero de la CDHDF, Doctor José Luis Caballero, la Doctora Gómez Gallardo reiteró que la salud es un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, y su ejercicio y goce efectivo constituye uno de los elementos que posibilita el fin último de las penas privativas de la libertad.
En el marco de la presentación del informe “Actividades de supervisión en Unidades Médicas en Centros de Reclusión y en el Centro de Sanciones Administrativas del Distrito Federal 2014-2015”, realizado por la CDHDF, la Ombudsperson capitalina dijo que este Organismo reconoce la primera etapa de actividades desarrolladas por la Secretaria de Salud luego del diagnóstico y Recomendaciones a fin de mejorar las condiciones de atención e infraestructura de los servicios médicos, en la cual se dio prioridad a las unidades que más necesidades presentaban, y pidió que en las próximas etapas se incluya al Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial.
Destacó que sin menoscabo de estos avances, aún se plantean retos enormes a la Secretaría de Salud del Distrito Federal así como a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, para mantener de forma permanente la coordinación para mejorar los procedimientos y la administración de los recursos materiales y humanos que permitan garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de las casi 40 mil personas en situación de reclusión en penales de la Ciudad de México.
En tanto, el Doctor Armando Ahued, Secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal, luego de escuchar la presentación, destacó que es una prioridad en la administración del Doctor Miguel Ángel Mancera la atención, protección y respeto a los Derechos Humanos, por lo que se trabaja en evitar que esta población enfrente problemas adicionales a su condición de reclusión.
Dijo que se reconoce el trabajo de la CDHDF y de la Segunda Visitadora, Maestra Montserrat Rizo, por el informe, diagnóstico y colaboración institucional que ha servido para reforzar acciones, trabajos y programas en materia de salud del gobierno capitalino en todas sus áreas y básicamente ahora entre la población de internos, impulsando campañas preventivas, correctivas y de seguimiento, incluso, a la condición de los personas en reclusión que obtienen su libertad.
Recordó las campañas y ferias de la salud que operan en todos los espacios capitalinos de salud y que se replican en los centros penitenciarios para detectar enfermedades infecto-contagiosas y revisar condiciones metabólicas de internos e internas, pues se tiene muy claro que más vale prevenir que corregir, además de trabajar estrechamente para convencer a las personas de continuar con sus chequeos y tratamientos.
Antes, el Consejero de la CDHDF, José Luis Caballero, destacó el trabajo presentado y dijo que se debe reforzar la calidad en el servicio y atención médica a las internas e internas, adultos y adolescentes, porque en su condición de privación de la libertad la vulnerabilidad es mayor, toda vez que no tienen posibilidad de allegarse otros servicios de salud que no sean los que proporcionan las autoridades públicas.
Recordó que la Organización de las Naciones Unidas en sus Recomendaciones plantea acceso igualitario y equitativo de la población de internas e internos a los servicios de salud sin distinciones porque regularmente su condición estigmatiza a este sector de personas recluidas.
Asimismo dijo que es responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal ofrecer esta atención médica sin restricciones a la población penitenciaria como una condición de respeto y protección a sus derechos humanos.
