Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 31/2015
28 de octubre de 2015
Pregunta (P): ¿Nos podría comentar sobre la colaboración que va a tener la Comisión con la Secretaría de Educación?
Perla Gómez Gallardo (PGG): (inaudible) Que no haya políticas que criminalicen a los jóvenes, niñas, niños, que generan el abuso o a las profesoras o profesores, porque no toman medidas. Lo que estamos generando es una campaña integral de atención de la cultura de la paz hacia los profesores, para darles medidas de conciliación y atención hacia niñas, niños que manejen algún tipo de abuso, sobre todo que pudieran tener un entorno de violencia incluso intrafamiliar. La cuestión ya como escuela, como comunidad, entonces toda la experiencia que estamos desarrollando, con los foros que ha tenido la Comisión, con la maestría que se está haciendo con la Universidad Pedagógica Nacional, queremos aportarla a la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México para que ellos lleven a cabo esas campañas también con nosotros, y no quede como una cuestión de criminalización o de sanciones penales a los que cometen este tipo de abusos.
P: ¿Qué tipo de abusos son los que se cometen? ¿Tienen ustedes quejas o cómo van documentando esto?
PGG: Nosotros en este caso estamos limitados y tenemos más bien el convenio con Copred, porque lo que pasa es que es entre particulares; sí, obvio, estamos revisando la actuación de la autoridad, cuando fuera omisa a atender o detectar adecuadamente los temas de violencia, pero en el caso de niñas, niños, cuando son entre particulares, nos ha tocado incluso de llamadas de directores de escuela que nos piden que vayamos a hacer un acercamiento, porque ya entre padre y madre se están llevando averiguaciones previas por los que se maneja dentro de la escuela entre sus hijos o hijas. Entonces estamos viendo ese tipo de conciliación, este tipo de acercamiento que les ayude precisamente a verlo desde otra manera no criminalizante. Eso sí podemos observar cuando hubiera una omisión de autoridad. Cuando es entre particulares es lo que se maneja como temas de discriminación por parte de Copred y para nosotros nos alerta. Hemos tenido foros aquí y seguimos en esa difusión de lo que implica las redes sociales, lo que implican la masividad que tiene el hecho de cuando videograban agresiones a niñas, niños, porque incluso eso nos lleva a temas de depresión y hasta de suicidio; y de eso queremos hacer tanto diagnósticos, detectarlos, darles herramientas a los docentes, y manejar una cuestión más integral con parte de la Secretaría.
P: ¿Pero quejas no tiene?
PGG: Quejas no tendríamos, solo si hubiera una omisión de investigación por parte de la autoridad; deja te lo rastreo por si tuviéramos alguna alerta, pero más que nada tenemos vía el convenio con Copred que si nos llega los canalizamos con ellos, para que en su momento revisen entre particulares si hubiera discriminación, y para nosotros es más esta campaña preventiva con las autoridades, y también legislativa, para que no vaya a haber lo que quisieron hacer en Congreso general, que querían criminalizar, sancionar ahora a los profesores con multas, si en su momento no tenían una situación de atención del caso; o al niño, niña exhibiéndola, porque también son menores de edad y en su momento los exponen aunque hayan sido el niño el que cometió la agresión; ahí hay que verlo de una manera integral, de un niño que hace un abuso, probablemente está sufriendo él mismo un abuso; entonces lo queremos ver de esta manera más transversal de lo que implica el fenómeno.
P: ¿Esto sólo sería con la Secretaría de Educación o habría otra dependencia del Gobierno capitalino?
PGG: En caso de Copred tenemos el convenio marco que nos ayuda a canalizar casos; en el caso de la Universidad Pedagógica Nacional nos ha ayudado muchísimo con su maestría, tenemos con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y diversas Organizaciones de Sociedad Civil. La Comisión, más que nada, lo que haría ahora es compartir toda esa experiencia con la Secretaría de Educación Pública para que lo haga suyo y podamos potencializar lo que es este fenómeno.
P: ¿Doctora, conocer su opinión sobre esta discusión que se va a dar en la Corte, la siguiente semana, sobre el uso recreativo de la mariguana?
PGG: Nosotros tenemos un Informe Especial, lo que hemos manejado es que no haya una criminalización sobre el consumo. Consumir la sustancia no es delito, hay una estigmatización, una discriminación y una exhibición de las personas que en su momento quieren en su libre ejercicio consumir una sustancia. Nosotros estamos manejando dos vías: el derecho a la información de la sociedad en general, para que sepan cuáles son los riesgos que se pueden tener; y no sólo en éste, el tema de las bebidas alcohólicas, que es el índice más alto en muertes de adolescentes por accidentes automovilísticos, por ejemplo; situaciones en el caso de este otro tipo de sustancias, que en el caso es, y hay que recordar, es la canabis, es la mariguana, no otras sustancias que tienen otro tipo de componentes más agresivos.
Por parte de visión de derechos humanos es la libertad para el consumo sin criminalización, y el derecho a la información para que también conscientemente se tenga esta cuestión y la observación cuando hay rehabilitación o contextos donde pudiera haber algún tipo de adicción, donde también no haya discriminación o abuso por parte de la autoridad, o este tipo de organizaciones que dan esta asistencia.
Estamos observando también nosotros, que no haya condiciones donde afecten sus derechos humanos cuando son en este caso atendidos por algún tipo de adicción.
Estamos muy atentos al debate que está llevando la Corte, qué bueno que se dé el debate, hay temas tabú en esta sociedad que pareciera que no tendríamos que discutir, y que justo necesitamos abrir el espectro de por qué sí y por qué no. Por parte de la Comisión, lo que hemos posicionado y seguimos insistiendo es: derecho a la información, para que sepa qué alcances tiene cualquier sustancia que las personas quieran consumir; y no criminalización del consumo, no es delito consumir y esa es una parte muy importante ahora en la visión que está llevando a cabo la Corte.
P: ¿La sociedad se va a sensibilizar después de este caso de la niña Grace que usa este aceite de cannabidiol para detener estos ataques de epilepsia, cree que este caso pueda sensibilizar…?
PGG: Bueno, de entrada puede haber ya una frontera ahí amplia de decir, el uso medicinal que se le puede estar dando a la sustancia, es un tema que ya se puede estar posicionando, más allá incluso del uso recreativo, pero más allá de la controversia de que por qué un uso recreativo se debe permitir, pues estamos en una sociedad que se ejerce con libertades, por eso el derecho a la información para saber a qué se atiene, y la no criminalización, la estigmatización o descalificación del que en su uso de su libertad quiera consumir, sin poner en riesgo derechos de terceros, que es como todo ejercicio que se tiene que hacer en toda sociedad democrática y plural.
Pero hablemos de los temas, no tengamos miedo a decir por qué sí o por qué no en ciertas circunstancias, y qué bueno que sea en la Corte, porque la Corte está volviendo a posicionar un tema que desde el año pasado está posicionando por parte del Gobierno del Distrito Federal, se dejó pendiente en la Asamblea.
Lo que la Comisión tiene y está a disposición en nuestro portal el Informe Especial en el tema del consumo y, sobre todo, la no criminalización y la estigmatización de las personas. Entonces, hablemos de los temas, estemos atentos a lo que dice la Corte, abramos los escenarios, no sólo del consumo, en su caso por fines terapéuticos, sino también de un consumo libre, responsable, informado y no criminalizado de quien libremente quiera llevar a cabo esta conducta.
P: ¿Cree que es necesario que haya más debates, mencionó que ya hubo uno antes, ahora va a haber más, cuántos se necesitan?
PGG: Ojalá sí, nosotros de nuestra parte pues seguir posicionando el tema desde lo que implica el derecho a la información, el derecho al consumo sin criminalización. El año pasado hubo un foro, un Congreso general, hubo foro en la propia Asamblea, difundimos nuestro Informe, pero llegó un punto en que concluyó y se cambió la conformación de la actual Asamblea y se quedó en el tintero la propia regulación.
Entonces hay que hablarlo, en primera, hay que hablarlo, no estigmatizarlo, hablar también de las diferencias entre las sustancias que hay, también es muy importante, pero no criminalizar; a nosotros lo que nos preocupa mucho esa descalificación, la estigmatización que se le hace a las personas por el simple consumo. Eso se tiene que cambiar incluso en el imaginario, y distinto es alguien que pudiera tener una adicción, generar un riesgo a alguien que libremente y en su autonomía quiera consumir recreativamente una sustancia que no afecta mayormente y que se ha visto en los estudios que se llevan a cabo.
P: ¿Qué otras sustancias entrarían en esta discusión, aparte de la cannabis?
PGG: Nosotros sólo nos manejamos sobre ésta, que consideramos que es la menos invasiva, en lo que ha establecido el sistema médico; hay otras que pudieran incluso manejarse que lleva a crimen organizado, que lleva a tráfico de sustancias, que lleva a todos los delitos que posteriormente se van ampliando, justo por esta situación de una falta de regulación.
Hay que revisarlo porque finalmente en Estados Unidos ya abrieron varios estados esta posibilidad y aquí se sigue manejando un esquema que no necesariamente es el más afortunado; insisto, para nosotros el consumo no debe de criminalizarse y que haya un derecho a la información amplio, porque ahí se sabe desde que se conozcan las consecuencias que tiene el consumo de ciertas sustancias, por la autonomía que pueden tener las personas, y la protección siempre en todos los esquemas del Interés Superior de Niñas, Niños, el tema de jóvenes y adolescentes, pero hablemos también con toda claridad de lo que implica el consumo de cigarro, el consumo del alcohol, sin tener una visión paternalista de un Estado que no nos dé información o nos permita ejercer libremente nuestros propios derechos.
P: La situación de los reclusorios capitalinos y los “colgados”…
PGG: En el caso de reclusorios hemos estado mandando medidas precautorias para efectos de que se garanticen las condiciones, se lleve a cabo la investigación. Estamos atentos al desarrollo que se lleve a cabo en la materia. Y sobre todo, otra vez, yo sí insisto cada vez que me preguntan de reclusorios, que tenemos 12 años de Recomendaciones emitidas por la institución aceptadas y no cumplidas, que pasa mucho por cuestión de infraestructura; tenemos todos los temas de lo que implica mujeres en reclusión, que traen un 80% de abandono; tenemos todo lo que implica también los derechos laborales dentro de reclusión; tenemos todo lo que implica el derecho a la salud, que sigue siendo un pendiente. La Comisión acaba de orientar y una familia logró que se reconociera su derecho a la salud. El seguro popular, que no está dado en materia de personas privadas de su libertad.
Entonces hablemos de manera más amplia e integral de lo que implica reclusorios. Sigue siendo un tema pendiente de la ciudad, sigue siendo el tema de más quejas que se tienen por parte de la Comisión y el tema estructural sigue pendiente. Ya de la parte de cómo se esté manejando la información, cómo se lleve a la investigación, hemos estado mandando las medidas precautorias correspondientes y estaremos atentos a las investigaciones. Pero abramos el espectro justo cuando hablemos de reclusorios. Hay muchísimos temas ahí pendientes y sigue siendo justo uno de los ejes en materia de derechos humanos, ya lo dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos también en materia de las condiciones y el hacinamiento que se está llevando en todo el país en materia de personas privadas de su libertad.
