Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 261/2015
24 de octubre de 2015
La situación de los derechos humanos en México continúa ocupando un lugar primordial en la agenda internacional, como se demostró durante las audiencias públicas llevadas a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del 19 al 23 de octubre en Washington.
A lo largo del pasado 20 de octubre, miembros de la CIDH, representantes de la sociedad civil, víctimas y autoridades del Gobierno mexicano se reunieron en cuatro audiencias públicas en torno al caso Ayotzinapa, el caso Acteal, el tema de políticas de drogas y derechos humanos en el país, así como denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales.
Respecto al caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer los diez compromisos que firmó con el Gobierno para continuar, por los próximos 6 meses, su investigación sobre los normalistas desaparecidos.
Entre los compromisos alcanzados se encuentran: “sacar la investigación de la SEIDO de forma inmediata, proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, el cual llevará la segunda parte de investigación de forma exclusiva“.
En relación con la propuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) de realizar un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego del basurero de Cocula, se acordó que a) se establezcan de común acuerdo los objetivos y condiciones para llevarlo a cabo, b) se tome de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos, y c) se consensúe el modo en que se realizará el estudio.
Los compromisos íntegros pueden ser consultados en el siguiente enlace: http://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/GIEI-boletin-2015-10-20.pdf
En relación con el caso Acteal, organizaciones de la sociedad civil presentaron un estudio sobre el impacto que la masacre perpetrada el día 22 de diciembre de 1997 ha tenido en las víctimas, en las personas sobrevivientes y en la comunidad afectada. Dentro del mismo se contempla el contexto y los antecedentes del caso, así como la falta de respuesta adecuada del gobierno mexicano en la investigación, sanción y reparación de los hechos.
Se solicitó instar al Estado mexicano a presentar las observaciones correspondientes y que la CIDH emita el informe de fondo respectivo al caso. Cabe destacar que las víctimas reclaman justicia y se niegan a una solución amistosa.
Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil denunciaron graves violaciones a derechos humanos cometidas por parte del Estado mexicano en el marco de la lucha contra el narcotráfico, así como un análisis de las repercusiones que han tenido las políticas de drogas en algunas poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La agenda en relación a este tema incluyó, entre otras vertientes: las tasas de encarcelamiento; la feminización de los delitos relacionados con drogas; la discriminación de la infancia y las juventudes; la criminalización de las personas usuarias de plantas y sustancias ilícitas; y el déficit de políticas de salud pública adecuadas para las personas que necesitan tratamiento.
Respecto a las ejecuciones extrajudiciales, organizaciones de la sociedad civil evidenciaron la situación de alarma que se vive en el país señalando los factores estructurales que fomentan esta práctica, como son: “la impunidad de las ejecuciones desde décadas pasadas hasta la actualidad, el encubrimiento, la falta de prácticas adecuadas de investigación y la militarización de la seguridad pública”.
Asimismo, se destacó que hasta la fecha el Estado mexicano no ha cumplido la totalidad de las recomendaciones que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, emitió en 2014 en su informe sobre México.
La CDHDF reconoce el nuevo compromiso del Gobierno mexicano con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y resalta la importancia de apegarse al mismo a fin de avanzar respecto al esclarecimiento de la verdad, encontrar a los normalistas aún desaparecidos y garantizar la justicia para las víctimas.
De igual forma, la CDHDF invita a las autoridades mexicanas de todos los niveles a continuar por el camino de la apertura, cooperación y cumplimiento, respecto a cada uno de los mecanismos existentes, tanto en el ámbito regional como universal, a fin de asegurar el pleno respeto y garantía de los derechos humanos.
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