Boletín 215/2015
06 de septiembre de 2015
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Doctora Perla Gómez Gallardo, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que erradiquen la tentación a través de la tortura de fabricar culpables de delitos y recuerden que violar derechos humanos es muy costoso porque, entre otras cosas, se puede nulificar cualquier juicio.
La Ombudsperson capitalina dictó la conferencia magistral: «La tortura y la desaparición forzada a la luz de la Reforma Constitucional» en el Décimo Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México (OPAM) que se celebró en la Ciudad de México. Ahí recordó que existe un consenso a nivel internacional y nacional respecto de la prohibición categórica de la desaparición forzada y de la tortura.
Dijo que las comisiones de derechos humanos continuarán documentando técnicamente cada caso de tortura y llamó a establecer una articulación interinstitucional para evitar la repetición de este grave delito, como lo estableció la CDHDF en la Propuesta General de Tortura 1/2014.
Reconoció que, desafortunadamente, hay comisiones de derechos humanos en el país que ni siquiera tienen delimitada la forma de diagnóstico e identificación de la tortura para iniciar sus quejas, de tal suerte que ni siquiera se tiene una base nacional para saber cuándo existe o no.
Agregó que en el caso de la CDHDF, cuenta con 21 años de experiencia y médicos especializados con los que se ha podido documentar técnicamente cada caso de tortura. “Cuando decimos tortura, es porque existe y es. Y porque queremos que se erradique”, subrayó.
Mencionó que otro de los problemas que se enfrenta es que, en el imaginario colectivo, se tiende decir que en alguna detención: “me fue bien, sólo me dieron un zape”, por lo que exhortó romper con esa práctica que es la principal base de un escenario que propicia la construcción de culpables.
En cuanto a la proyectada Ley de Desaparición Forzada, la Doctora Gómez Gallardo indicó que la primera exigencia de esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es que escuchen a las víctimas. “Una Ley de Desaparición Forzada que no escuche a las víctimas no es legítima”, enfatizó.
Añadió que se pueden dar todos los insumos técnicos, pero antes que nada hay familias en este país que se duelen y que permanecen en una situación urgente, en una situación anímica de total abandono.
Estas familias, añadió, tienen que ser escuchadas, deben ser atendidas, lo mismo que organizaciones civiles que han hecho mejores avances en documentación y estrategias en la identificación de personas, que requieren ser institucionalizadas como obligación del Estado.
Expresó que no es menor el tema de la desaparición forzada, de las cuales hay 26 mil en México y siguen sumándose en un ambiente de impunidad generalizada. “El mensaje es claro y el Congreso tiene una obligación estratégica de escuchar a todos los actores, propiciar los mejores esquemas. Insumos hay, aquí están a su disposición para efectos de lograr esta articulación”.
Expuso que la CDHDF presentó ya al Congreso de la Unión y a autoridades federales 15 estándares internacionales mínimos que debe contener la nueva Ley General sobre Desaparición Forzada y una propuesta de articulado y contenido de Ley como insumo, que está a disposición en el portal de la institución www.cdhdf.org.mx
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