Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Discurso 29/2015
26 de agosto de 2015
Gracias, buenos días a todas y todos. Saludo al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa; al Contralor General del Distrito Federal, a las y los titulares de Organismos Autónomos, al Gabinete del Gobierno del Distrito Federal; destacados académicos, especialistas, Sociedad Civil; servidoras y servidores públicos y medios de comunicación.
Celebro que el Gobierno del Distrito Federal organice foros de esta magnitud, donde personas dedicadas al servicio público, a la academia y a la organización social puedan dialogar entre sí y con miembros de la sociedad en general, con el objetivo de contribuir a lograr una mejor administración pública que incida directa e indirectamente en la realización y disfrute de los derechos humanos, lo cual es una obligación ineludible del Estado y representa una responsabilidad permanente que los gobierno tiene para con sus ciudadanos.
Ya en 1945, los pueblos que integraron las Naciones Unidas, entre ellos México, manifestaron estar resueltos a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas del Derecho Internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida, dentro de un concepto más amplio de libertad. Tales condiciones no se pueden alcanzar sino mediante la organización social, cuya máxima expresión es justamente el Estado.
A pesar de lo anterior, actualmente la sociedad mexicana se encuentra en medio de una crisis de confianza con el Estado: de acuerdo al Censo de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 47.6% de las y los mexicano consideran que existe corrupción en los trámites que realizan.
Sin embargo, de acuerdo a la misma fuente, aproximadamente sólo cuatro de cada mil personas servidoras públicas recibieron algún tipo de sanción en las administraciones públicas de las entidades federativas en un período equivalente.
Estas cifras retratan un desgaste de la credibilidad del Estado y de su calidad moral que se manifiesta en un descontento generalizado, que exige al Estado y a sus gobernantes que cumplan con su deber.
Tal demanda social tiene que ver con una prerrogativa de las y los ciudadanos, llamado algunas veces Derecho al Buen Gobierno, el cual no es otra cosa que una manifestación del derecho humano a la legalidad y a la seguridad jurídica, aplicado en específico al actuar de las autoridades; es decir, al presupuesto básico de todo Estado de Derecho, de que las y los encargados de ejercer las funciones del mismo, lo hagan cabalmente, con estricto apego a la ley, de forma transparente y honesta y hasta la mejor de sus capacidades, lo cual debe poder ser exigible para las y los gobernados.
Este derecho es complementario a todos los derechos humanos y les procura una indispensable garantía, puesto que ninguno puede realizarse, si no es a través de la correcta y apropiada gestión pública.
En este contexto, es necesario recordar que el Estado, por su naturaleza, no es más que una ficción jurídica, una mera forma de organización a la cual las personas decidimos darle vida. El Estado nada es sin el pueblo, sin las personas que lo conforman y se someten al imperio de la Ley. De igual forma, el gobierno no puede existir sin sus servidores públicos, sin todas las personas que invierten su tiempo, conocimientos y esfuerzos, en pro de alguna de las múltiples funciones del Estado. De esta forma, un gobierno solo puede ser tan eficaz, honesto y apegado a la Ley, como lo sean sus servidores públicos.
Para conseguir que todas las y todos los servidores públicos cumplan cabalmente con las funciones que les son encomendadas, se necesitan marcos legales fuertes y acordes con la realidad, que establezcan e instrumenten suficientes mecanismos de control y supervisión, e incluyan claramente los criterios y reglas para su funcionamiento. Sin embargo, eso no es todo lo que se necesita. Es imprescindible también generar un cambio en la consciencia, actitud y ética de las personas que se dedican al servicio público en cualquiera de sus ámbitos.
Desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), donde trabajamos para la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en esta Ciudad, y conforme a la Ley que la rige, manifestamos nuestra total disposición para colaborar con las instancias públicas, con el fin de alcanzar las tan anheladas y necesarias condiciones de justicia y respeto a los derechos humanos en nuestra Ciudad.
En ese interés, hago una atenta y urgente invitación a todas y todos los servidores públicos, a que aprovechen el momento y espacio que ahora se abre para hacer una reflexión que impacte sus labores cotidianas. Esta ciudad está llena de personas que esperan que demos lo mejor de nosotros y, sobre todo, que necesitan que así sea.
Estamos en un momento histórico crucial y este puede ser el periodo que nos lleve a ser mejores personas, mejores familias, una mejor sociedad y un mejor México, o que signifique un quiebre irreversible en nuestra comunidad. En nosotros queda y, enhorabuena, por este espacio que se abre. Gracias.
