Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 18/2015
20 de agosto de 2015
Pregunta (P): Preguntarle primero sobre los niños que fueron detenidos en Tlatelolco y que hoy mismo fueron puestos en libertad, ¿qué opinión tiene la Comisión?
Doctora Perla Gómez Gallardo (PGG): Bueno, nosotros ya recibimos la queja por parte de padres y madres de los niños detenidos. Estamos revisando en qué condiciones se llevaron a cabo. Estaremos desde una visión de derechos humanos, en el Interés Superior de la Niñez.
Ya sabemos que algunos ya están con sus familiares y estaremos dando seguimiento justo a qué pasó, qué documentación nos aporta la propia autoridad; lo que están reportando los propios familiares y también el acercamiento a las niñas y niños para ver en qué condiciones están de lo que fue esta detención.
P: ¿Tienen algún reporte de que fueron lesionados en el momento de su detención y traslado?
PGG: En este momento no tenemos nosotros, sino que iniciamos ya la queja derivada del reporte que hacen sus familiares y estaríamos haciendo toda la investigación integral, que también pasa por una revisión psicológica.
P: ¿Sus familiares acudieron a la Comisión?
PGG: Así es, vinieron ellos directamente. El día de hoy sabemos que están con ellos sus hijos. Pero estaríamos dando seguimiento para ver en qué condiciones fue su detención, qué garantías se fueron dando, pero sobre todo qué manejo se dio habiendo niños, en este contexto por el interés superior que tienen, las autoridades en este tipo de detenciones.
P: ¿Los padres de familia qué alegan, que hubo maltrato de los menores?
PGG: Estaríamos revisando en función de las declaraciones, pero sobre todo también ya en la entrevista que se tenga que hacer con los niños y el propio informe que rinda la autoridad.
P: Sobre el Corredor Cultural Chapultepec, ¿quería pedirle su opinión y si tienen quejas sobre ello?
PGG: Ha este momento no tenemos queja reportada. Estaríamos muy atentos sobre todo que en todo contexto cuando vemos que hay obras, antes que nada haya una clara información a las vecinas y vecinos sobre el impacto que se va a tener y cuáles serían las situaciones; y en su momento también estaríamos acompañando para verificar que se lleve acorde a lo que se establece, y que hemos emitido en diversas Recomendaciones, de un desarrollo urbano sustentable e integral desde una visión de derechos humanos.
P: Se habla de la privatización del espacio público, ¿usted considera que exista esta posibilidad?
PGG: Aquí indistintamente de cómo se esté manejando o no una concesión, o cómo se esté dando para los usuarios, para la Comisión lo más importante es que sea integral. No puede darse solamente una cuestión de concesión o que se evada el Estado en su momento de la responsabilidad que tiene, como en este caso de hoy de la Recomendación sobre puentes. Había una concesión, pero eso no evade que la propia autoridad va a tener que responder a quienes está dando esta situación.
Por otro lado, y sí es muy amplio, y hay que decirlo con claridad, necesitamos una política integral en materia de desarrollo urbano. Qué pasa también con el derecho humano al agua. Tengan en radar el tema del agua, que esperemos que si en septiembre se retoma sea con una visión de derecho humano integral.
En la ciudad no es menor los conflictos que se presentan por esta materia, y todo lo que tiene que ver con movilidad, todo lo que tiene que ver con conflictos incluso vecinales, construcciones irregulares, reiterarles, tenemos una alerta respecto a las aceptaciones de Recomendaciones por parte de las delegaciones.
No queremos que los delegados encargados les dejen a los delegados entrantes problemas en materia de derecho humanos. No nos están aceptando a cabalidad las diferentes delegaciones.
Estamos esperando el momento en que terminen las impugnaciones para hacer un acercamiento institucional con las y los delegados electos; pero sí ponerles en alerta que no les dejen problemas porque nos están o no respondiendo, o no aceptando, o aceptando parcialmente Recomendaciones que están en tránsito. Y este es un compromiso institucional indistintamente de quien lo encabece.
Estaremos alertando de ello a las y los delegados electos para que justo tengan eso atento. Y confiamos en que una vez que se incorporen iniciaremos institucionalmente el acercamiento para que no haya, lo que estamos detectando, una falta de respuesta o peor aún que no nos estén aceptando Recomendaciones en las materias que estamos emitiendo para ellos.
P: ¿A qué se refiere con las impugnaciones?
PGG: De que hasta que ya concluya el proceso electoral y ya sea definitivo quien quedó ya electo, podamos acercarnos a las y los delegados electos. Igual ya lo estamos haciendo ahora en la ruta con las y los diputados de la Asamblea que ya concluyó su proceso de impugnación. Entonces queremos ser muy respetuosos de los plazos para saber a quiénes acercarnos.
Pero también en este lapso en lo que son las entregas-recepción, pues institucionalmente que no los dejen en situación de desventaja, porque pareciera entonces que por ejemplo como en la delegación Cuauhtémoc que no nos aceptan, ni siquiera nos responde, la Recomendación en materia de laudos, pues no tiene que ver con el nuevo titular, sino que tiene que ver con que le están dejando un problema en materia de derechos humanos. Y le vamos a poner esa alerta confiando en que en cuanto se encabece cada quien ya como responsables, puedan retomar toda la agenda pendiente en materia de derechos humanos con la institución.
O sea, no por estos relevos se quita la responsabilidad de atender los temas en materia de derechos humanos y desafortunadamente está pasando en algunas delegaciones. Entonces en ese contexto estaremos muy atentos para efectos del seguimiento que tengamos en la materia.
P: Ya se han iniciado los operativos contra vagoneros, ¿ustedes han recibido alguna queja por parte de ellos y estarán supervisando cómo se llevan a cabo estos operativos?
PGG: Emitimos ya las medidas precautorias para efecto de que se garantizara y se diera certeza sobre qué implica el operativo. Supimos que el día de ayer hubo diversas detenciones. Estuvimos en coordinación también con los Juzgados Cívicos para efecto de que no haya dilación en la presentación que se lleve a cabo, y estaremos teniendo un acercamiento con el Director del Metro para efecto de ver cuál alcance va a tener este tipo de operativos, qué garantías están dándose; que no sean discrecionales, aleatorios y que se garantice en su momento también la presentación con oportunidad en estas características. Sí tenemos ya quejas iniciadas y desde el día de ayer que iniciamos las precautorias estaremos dando seguimiento a estos operativos.
P: ¿Cuántas quejas son y qué argumentan? ¿Qué derechos se les están violando?
PGG: Son tres. Lo que estamos manejando es si hay o no arbitrariedad en la detención, si les presentó con oportunidad, la situación de que en el operativo haya una claridad de cuáles son la intencionalidad, el acercamiento de la propia autoridad para dar garantías, y en ese contexto estaríamos dando seguimiento.
Muy importante el hecho de que si son presentados ante un Juzgado Cívico se haga con oportunidad, que no los tengan por horas antes de que puedan pasar y verificar cuál es su situación. Entonces sobre eso estamos alertando, pero sobre todo viendo que haya mucha claridad también en la sociedad por parte del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de cuál es el objetivo de estos operativos, que no haya, insisto, cuestiones de discrecionalidad y que no se genere una situación de conflicto adicional. Pero estaremos dando seguimiento tanto al operativo como lo hemos hecho de manera integral, ininterrumpidamente, desde que se suspendió el servicio de la Línea 12. Ver todas las vías alternativas. También detectamos situaciones dónde había necesidad de alumbrado; necesidad de atención en materia de seguridad; el propio servicio de transporte tuviera accesibilidad para personas con discapacidad.
Estamos viendo de una manera íntegra todo lo que implica esta situación del Metro; la falta sobre todo de mantenimiento que ha tenido décadas que se había dejado de hacer. Entonces como parte de la visión de los derechos humanos lo primero que nos interesó es que ante la suspensión del servicio las medidas alternativas que se dieran se dieran sin una situación de riesgo adicional a los usuarios. Insisto, mujeres, discapacidad, temas de seguridad, y en eso hemos estado de manera permanente monitoreando.
Ya veremos de manera integral qué nos implica a nosotros con las quejas que tenemos en diferentes materias, lo que sería ya respecto a lo que implica el derecho a la movilidad respecto al uso de un transporte público como es el Metro.
P: Doctora, en el caso Narvarte ya ustedes tienen una queja de oficio, se sigue manejando la filtración de información, ¿cuál es la postura de la Comisión?
PGG: Antes que nada, en materia del caso Narvarte condenamos enérgicamente cualquier filtración que afecte el derecho a la imagen de las víctimas.
Nosotros desde el primer momento emitimos medidas precautorias para que se evitara la difusión indebida por parte de la autoridad de datos que afecten la imagen o no abonen a una adecuada documentación.
Desde el primer día se enviaron esos elementos recomendatorios, les hemos dado seguimiento y acabamos de mandar que se inicien las investigaciones, no estamos esperando a que se termine la investigación, sino que se inicien ya las investigaciones. Nos preocupa ver en medios de comunicación que incluso tienen copias de la averiguación previa sobre la cual están haciendo difusión.
Sí se tiene que deslindar de manera inmediata por parte de la Procuraduría quién o quiénes dentro de su estructura y organigrama, y su propio Director o Directora de Comunicación, están propiciando esta situación. No pueden estar incumpliendo porque es uno de los temas más sensibles.
Por otro lado, reconocer justo lo que han señalado tanto el Procurador como el Jefe de Gobierno que están abiertas todas las líneas de investigación. Esto para la Comisión es prioritario. En la Ciudad de México se tiene que mostrar que se van a manejar todas las mejores prácticas en materia de documentación de casos de estas características. Uno muy sensible es el Protocolo de Feminicidio y otro prioritario es la línea de investigación en libertad de expresión; y por el tema de la defensora y del fotoperiodista, el contexto sobre el cual estaban ellos ejerciendo su trabajo y por qué estaban fuera de sus entidades, para que también esa sea una línea que se agote.
Sí hay que reconocer que están abiertas todas las líneas. Estaremos muy atentos a que indistintamente la línea que fortalezca más la Procuraduría, y que muestre a la sociedad para que no haya impunidad, se sigan documentando, permitiendo a la coadyuvancia aportar las pruebas y que se agoten todas ellas.
No se puede cerrar ninguna línea hasta que no haya certeza sobre todo el caso. Eso es lo queremos mostrar en la Ciudad de México de que aquí las investigaciones se agotan de otra manera; no se generen suspicacias; haya mucha claridad técnica sobre cuáles van a ser las características que permitirán que se pueda encontrar a los presuntos responsables; pero sobre todo identificar aquellas acciones que no abonen a un ejercicio adecuado de derechos humanos, como el presentar a los presuntos responsables. Tenemos una Recomendación que en presunción de inocencia no se debe exhibir a medios a los presuntos responsables porque tienen derecho a su presunción de inocencia.
Por otro lado, la filtración que sigue siendo grave para nosotros. No abona a un clima de respeto a la imagen las víctimas y sigue revictimizando también a los familiares, que están padeciendo el ver la exhibición en medios que no se tiene que hacer en un juicio paralelo.
Hay instituciones y confiamos en que la Procuraduría nos dé rápido respuesta sobre qué acciones está haciendo para fincar responsabilidades de servidores públicos por estas filtraciones.
P: ¿Sobre la tortura que denunció el detenido?
PGG: Nosotros tenemos queja de oficio iniciada en seguimiento al presunto responsable que fue detenido. Por parte de la Comisión ya se hicieron dos entrevistas. Se inició ya el protocolo correspondiente. Al día de hoy no tenemos condiciones para afirmar que haya una situación de tortura. Ha habido contradicciones en las dos entrevistas por parte del propio presunto. Nos hace falta la investigación ya del diagnóstico médico. En el aspecto sicológico, los doctores de la Comisión determinaron que no necesita en este momento este tipo de acercamiento y estaremos muy atentos también en función de los propios dictámenes que estemos determinando.
No podemos en este momento afirmar una situación de tortura. Lo que se ha estado haciendo son las indagatorias con contradicciones en la entrevista y sin necesidad de acompañamiento sicológico.
Pero aquí sobre todo insistimos es que en las acciones que lleve a cabo la autoridad sea justo en esta visión de que se lleve de la mejor manera para garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas. Cuando se identifique a los probables responsables tengan un debido proceso, tengan su presunción de inocencia. Pero sobre todo el mensaje más importante es que no puede haber impunidad.
La autoridad tiene una doble responsabilidad de actuar conforme a una visión de derechos humanos para evitar que esa sea una opción que no permita que se lleve a los responsables ante la justicia, y se dé certeza a la sociedad y a las víctimas. Insisto, el tema de las filtraciones sigue siendo grave porque no abona a la imagen, y no es relevante para lo que implicará en su momento, lo que determine la autoridad como responsables.
P: Los familiares de las víctimas, ¿se han acercado a la Comisión?
PGG: Sí, nosotros desde el primer día estuvimos en acompañamiento, desde las primeras diligencias para efectos de que se les permitiera el acceso a revisar e identificar a los cuerpos, la situación de la entrega también de los cuerpos, se ha estado ofreciendo el acompañamiento psicológico, para el acompañamiento en este caso no hay que olvidar que con el Protocolo de Feminicidio no sólo se evita la revictimización, sino que tiene que ver con una cuestión integral a las y los familiares para que estén en mejores condiciones en el procedimiento.
Nosotros, de manera integral, acabamos de mandar medidas de seguridad para todas y todos los testigos, los familiares, las propias defensas, como una práctica también positiva en la Ciudad de que aquí se tiene que garantizar que cualquiera esté en condiciones de aportar, de dar seguimiento en condiciones de seguridad para evitar cualquier riesgo innecesario.
P: Tengo entendido que tienen hoy una reunión con organizaciones en este caso, ¿es para trabajar juntos, es un informe, de qué se trata?
PGG: Por parte de Sociedad Civil hemos tenido acercamiento no sólo por la coadyuvancia que está llevando en acompañamiento de los familiares para aportar elementos, sino también organizaciones feministas, organizaciones de jóvenes, organizaciones de defensoras, de libertad de expresión, que tienen una legítima preocupación por los temas de agenda de la propia Ciudad.
El día de hoy vamos a tener una reunión para informarles sobre qué acciones ha estado llevando la propia Comisión. Estamos en contacto con la Secretaría de Gobierno, para que también haya esa apertura y acercamiento, para efectos de que conozcan qué acciones está llevando el Gobierno. Nosotros somos testigos en la parte de las reuniones intersecretariales para la implementación de la Ley de una Vida Libre de Violencia hacia la Mujer.
P: El tema creo que es el caso Rubén Espinosa…
PGG: El tema de hoy es informarle sobre las acciones que se está llevando por parte de la Sociedad Civil, pero esto nos detona, para varias organizaciones varios temas de la Ciudad, donde tienen una preocupación, y de ahí el acercamiento no sólo por el caso, sino ya al Gobierno para ver políticas integrales en materia de jóvenes, en materia de feminicidios, que también quieren ver cómo van las cifras y qué tipo de acciones se están llevando por el Gobierno, y en materia de defensoras y periodistas.
Es muy importante el hecho de que haya inclusión y apertura por parte del Gobierno para que participen todas las Organizaciones de Sociedad Civil y especialistas, porque hace falta el Reglamento de la nueva Ley de Protección a Defensoras y Periodistas; esta Ley recientemente publicada requiere reglamento y requiere ya iniciar acciones, porque tenemos todavía en la Ciudad periodistas que están pidiendo protección y que con esta nueva Ley esperamos se haga una diferencia preventiva de protección.
Eso es algo también que vamos a estar revisando en la reunión del día de hoy, sobre cómo han tenido estos acercamientos, y por parte de la Comisión estaremos alertando y propiciando que se dé con las mejores prácticas para generar de manera inmediata el reglamento, porque derivado de ello, ya se podrá implementar el Mecanismo que, esperamos sea un referente para otros estado. No hay que olvidarlo, otros estados están en falta, en el momento en que periodistas tienen que salir de ahí por las agresiones que sufren.
La Ciudad de México tiene que mostrar que sigue siendo un espacio también de seguridad, pero en todo contexto, lo que ya se perdió fue la libertad de expresión de quienes tienen que salir de sus estados. No pierdan de vista esa parte, porque seguirá siendo un reclamo recurrente hacia las autoridades que, por omisión, han permitido que haya impunidad o que no se esté generando un clima democrático de libertad de expresión en sus entidades.
P: Doctora, de ese tema, ¿ha habido más denuncias, de otros estados? ¿Han llegado otros periodistas a denunciar, a pedir apoyo?
PGG: Así es, nosotros tenemos ubicadas a por lo menos ocho personas que están en la Ciudad de México, por eso nos urge que no solamente se agilice el tema del Reglamento, sino como Comisión en acercamiento tanto al Mecanismo General, como a las autoridades locales, pero no esperar a que estén los Mecanismos ya actualizados, sino que inmediatamente se den todas las medidas de seguridad, por resguardo y por protección no estamos dando nombres, pero sí estamos identificando y acercando a las autoridades los datos, en la medida en que las y los periodistas consideren las acciones, para que no haya ninguna situación adicional de riesgo, y para que se siga mostrando, insisto, que en la Ciudad debe haber condiciones para que puedan estar.
No obstante, y en su momento podemos dar todo el ranking nacional de qué entidades son las que muestran el mayor número de agresiones, como es el caso de Veracruz, Tamaulipas, parte del norte del país, Michoacán, Guerrero, no es menor. No es sólo una situación donde fue privado de la vida un periodista. Es un contexto de varias entidades federativas que llevan más de una década sumando desapariciones y asesinatos, y a la fecha hay un nivel de impunidad, donde la Fiscalía Especial de Protección a Periodistas tiene un desfase de ocho años en las investigaciones para encontrar a presuntos responsables de asesinatos de periodistas.
No es menor el tema, y sí es un tema nacional. Lo tenemos que abordar así, de manera integral y deslindar la corresponsabilidad de las entidades federativas, de la propia Federación porque los mecanismos al día de hoy no han sido preventivos, y lamentablemente siguen dándose los fenómenos de violencia como el que se acaba de acumular también de nueva cuenta en Veracruz.
P: ¿Esas ocho personas fueron posteriores al caso de Rubén?
PGG: No. Ya estaban físicamente en la Ciudad, y aparte nos están buscando para que reforcemos las medidas porque justo los puso en alerta este contexto, indistintamente de lo que se dé en la investigación. Gracias a todas y todos.
