Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 16/2015
21 de julio de 2015
Pregunta (P): Comisionada, si nos pudiera precisar, ¿cuántas quejas tiene registradas la Comisión por violaciones al derecho a la alimentación y si nos puede platicar un poco más a fondo de qué trata?
Doctora Perla Gómez Gallardo (PGG): Bueno, este Informe es un Informe que es un insumo porque es la primera vez que se está haciendo el balance de lo que implica el derecho a la alimentación como un derecho humano. De ahí esta parte de la preocupación de tener un país con obesidad y al mismo tiempo mal nutrido o con problemas de hambre.
El hecho de, sin pretender jerarquizar, el tema que la alimentación propicia el ejercicio de otros derechos, al igual que la vida, de tal suerte que lo tenemos que visibilizar y posicionar como una cuestión integral no asistencialista, y no desarticulada como desafortunadamente se presentan en varios escenarios.
En el caso del Distrito Federal tenemos principalmente en casos de comedores comunitarios. La necesaria asistencia que debe tener ahí. Pero sobre todo hemos emitido cinco Recomendaciones relacionados con este derecho en temas de reclusorio o arraigo, en donde no había un suficiente acceso a la alimentación o era menor las cantidades que se les estaban dando.
Aquí lo importante, y de la mano de sociedad civil y de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura) como instrumento internacional, es generar las condiciones para que se haga política pública integral en materia de alimentación en la Ciudad de México que sea referente también hacia otros estados; y en coordinación, porque este Informe se le está haciendo llegar también a la Secretaria de Desarrollo Social federal, para que tengan consideraciones de lo que implica en el Distrito Federal este derecho. Pero sobre todo posicionarlo como derecho humano. Más allá de lo que se establece de los derechos que se identifican de manera tradicional, que se identifique que la alimentación es y debe ser un derecho humano.
P: ¿Pero quejas no tienen?
PGG: Tenemos tres quejas en materia de estos comedores comunitarios, uno de Iztapalapa y otros principalmente de falta de la cantidad adecuada de alimentos que debe de estar.
Algo que identificamos con la sociedad civil es que como es un derecho que no se ha socializado, pues en un momento dado no tenemos tantas quejas en toda la ruta de lo que implica desde la distribución hasta todo lo que es el campo.
P: Doctora, ¿advertían que la baja las percepciones económicas de la población podría repercutir en esta mala alimentación de la población?
PGG: Es una de las cosas desafortunadas. El que se tenga un acceso a diferentes tipos de alimentos es uno de los derechos, pero justo por los costos que se tiene en la canasta básica no necesariamente se accede a los que tengan una calidad nutrimental adecuada.
De ahí la importancia también de socializar este derecho, de las políticas integrales con niñas y niños para efectos de que no haya este tipo de acceso a comida chatarra, pero sobre todo una cultura de educación sobre la forma de lo que se debe de tener en balanceo de la alimentación. Pero es más integral. Es una cuestión muy multidisciplinaria, integral y necesaria justo para que se tenga una política no solamente asistencial, sino desde una visión de derechos humanos como un derecho básico de tener nutrientes suficientes, bastantes y de calidad para que puedan desarrollar sus otros ejercicios de derechos.
P: Doctora, la semana pasada hubo un desalojo en un albergue afuera del Metro Observatorio que llevaba más de ocho años y que había sido puesto de manera temporal, como por ocho meses. ¿Hay alguna queja, hubo gente golpeada por una manifestación por parte de granaderos?
PGG: Nosotros actualmente estamos ya diseñando toda la revisión integral que ya se va a pilotear respecto a albergues en el Distrito Federal. Tenemos una lista de más de 120 diferentes y estamos revisando tanto los que son oficiales como aquellos que de manera irregular están teniendo algún ejercicio.
Vamos a revisar por primera vez no sólo a los que sean de gobierno, sino también de la Junta de Asistencia Privada. Y la intención es hacer todo un diagnóstico integral desde cómo son las instalaciones, qué registros llevan, qué cuestiones administrativas se tienen, en qué condiciones están operando, y va a ser de manera aleatoria. Que sepan que vamos a estar de manera permanente supervisando.
Iniciamos con albergues, continuaremos con asilos y haremos también revisión de hospitales. Lo que queremos es, de manera preventiva, generar insumos a las autoridades. Y así como lo hicimos con las Comunidades para Adolescentes, que acabamos de presentar recientemente, queremos ver un antes y un después o por lo menos sí poner en alerta en qué condiciones se están dando este tipo de trabajo que hace el propio gobierno tanto en niñas, niños y adultos mayores; que sabemos que históricamente al estar en un albergue o en un asilo no tendrían un acceso directo a la Comisión. La Comisión tiene plena facultad y va a estar más bien acercándose en físico a cada uno de esos espacios.
P: Específicamente por este campamento que fue desalojado…
PGG: Nosotros tenemos la alerta desde la propia Recomendación de Casitas del Sur. Nosotros no queremos que se dé una situación como Mamá Rosa, no queremos que se dé una situación de Casitas del Sur de nueva cuenta, o situaciones como en el norte ahora que fue ese incendio en uno de los asilos.
Queremos anticipar escenarios para ver en qué condiciones de protección civil, qué condiciones de dignidad, de acceso a la salud, qué condiciones administrativas, de registro se tienen en las cuestiones ahora con la Ley que se tiene de Cuidados Alternativos para que no se institucionalicen a los niños y niñas.
Entonces queremos ver de una manera más integral, en diagnóstico en este primer acercamiento, pero cada uno de estos balances que hagamos y que presentamos lo haremos público para que también ustedes puedan ver en seis meses una comparación cuando regresemos y veamos si fueron atendidos; y si no incluso dar vista a las autoridades correspondientes si vemos irregularidades que pudiera ser constitutivas de delitos en lugares donde encontremos que no haya condiciones de dignidad o de trato adecuado a estas personas, que estarían en una situación de vulnerabilidad adicional si no están vigilados por parte de la Comisión.
P: Doctora, ¿qué nuevos retos tendrían los nuevos funcionarios en materia de derechos humanos en la capital?
PGG: Bueno, lo que esperamos, y es algo que estaremos trabajando ya en una articulación institucional, es que haya un compromiso en materia de los derechos humanos.
Actualmente tenemos Recomendaciones emitidas y en proceso de ser aceptadas. Esperamos que los nuevos titulares en esa congruencia institucional acepten las Recomendaciones que ya se emitieron en materia de laudos.
Estamos preocupados por la materia de cambio de uso de suelo, por la materia de construcciones irregulares que seguiremos visibilizando en lo que implica una necesaria política integral de desarrollo urbano y socio territorial en esta ciudad, por los riesgos que conlleva por parte de las vecinas y vecinos cuando se hacen este tipo de construcciones irregulares. Los problemas de agua, los problemas de tráfico, los problemas de desecho de residuo sólido. Tenemos varios temas con diferentes áreas y ahora con sus nuevos titulares estaremos haciendo este acercamiento.
Estaremos llevándoles la agenda pendiente en las Recomendaciones que estén por cumplirse, las que ya se han emitido y sobre todo casos que están pendientes para tener un acercamiento institucional inmediato con Desarrollo Social, con la Consejería que hoy se le entregó el Informe de alimentación, y con la propia Secretaria de Gobierno que es con la que históricamente tenemos el mayor número de quejas por el tema de reclusorios.
P: ¿Ya tienen una respuesta o saben cómo va la Recomendación que hicieron en la SEDUVI la semana pasada?
PGG: Está en tiempo. Tienen al 11 de agosto para la aceptación, entonces estaremos muy atentos y sí la estaremos visibilizando en el momento en el que se tenga. Y esperamos se acepte, porque no es menor 16 casos que cada uno de ellos detona situaciones de irregularidad, de necesaria revisión, sobre todo de varios casos donde podemos ver que ya hay una necesaria intervención que tiene que hacer el gobierno para una política integral.
Tenemos 16 de esos casos, tenemos el caso de construcciones irregulares y prevemos tener más casos en la materia, por lo que es importante no sólo que la acepten, sino que se vaya cumpliendo todo lo que se está estableciendo ahí, sino vamos a seguir detonando nuevas violaciones.
P: El abogado de Lorena González, que salió libre este fin de semana, decía que pedía una disculpa pública y que se le repare el daño, y que iba a poner una queja ante la Comisión. ¿Ustedes ya tienen aviso de alguna queja?
PGG: Nosotros teníamos una queja inicial por parte del abogado; qué bueno que en este caso si la Procuraduría manifestó conclusiones no acusatorias que permitieron que se liberara a Lorena en esta situación, pues no fue adecuadamente por la defensa.
Nosotros en el caso tuvimos que revisar cada una de las partes y eran más bien deficiencias de la defensa lo que propició que tuviéramos que cerrarlo porque no había propiamente una violación inmediata a derechos humanos, sino el hecho de que se desistió de pruebas el propio abogado que hubieran podido favorecer anticipadamente a su propia clienta.
Nosotros estaremos muy atentos y abiertos, y en un momento dado si llegara alguna nueva queja ahora con estas nuevas condiciones para valorar por qué después de siete años es que se da esta situación y sobre eso ver si podemos tener un pronunciamiento en materia de derechos humanos.
En la primera queja que tuvimos, no tuvimos un margen de pronunciamiento porque eran más bien insuficiencias de la defensa que querían que se corrigiera a través de un pronunciamiento de la Comisión. Ahora, en este contexto, si llegan con una queja que pueda permitirnos revisar cuál fue la actuación de estas autoridades, estaremos valorando si propicia que haya una Recomendación al respecto.
P: Doctora, ¿cuántas Recomendaciones en general están pendientes de aceptarse?
PGG: Actualmente son las que son de este año, son las cuatro últimas que hemos emitido. Tenemos el récord de que por parte del gobierno se han estado aceptando las Recomendaciones, excepto las delegaciones, que seguimos insistiendo en el caso de construcciones irregulares. Y ustedes pueden consultar en nuestro portal nuestro Índice de Cumplimiento de Recomendaciones, donde no sólo queremos que las acepten, sino que cumplan cada uno de los puntos recomendatorios.
Tenemos una cuestión muy preocupante en la Comisión y que vamos a estar acercándonos a Jefatura de Gobierno y a otras instancias, de Recomendaciones aceptadas de hace 12 años y que a la fecha siguen sin cumplirse a cabalidad. Eso no puede pasar en una eficacia de lo que es un pronunciamiento de esta institución y esperamos, en este acercamiento institucional, que se inicie una ruta sin importar que haya sido en otros sexenios y en otras gestiones. Recomendación aceptada, Recomendación que debe ser cumplida porque lo que violenta es a la víctima.
En ese tenor estamos y actualmente de las que hemos emitido va en una ruta de aceptación de todas; sobre todo estamos revisando que haya de cumplimiento porque cada punto es importante tanto en su estructura como indemnización, sobre todo en la visión de la víctima.
Muchas gracias a todas y todos.
