Boletín 159/2015
5 de julio de 2015
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) inició el 22 de abril de 2014 una investigación respecto al desalojo de personas en situación de calle del campamento ubicado en la calle de Artículo 123, en la colonia Centro de esta Ciudad de México, hechos notificados por personal de la organización El Caracol A.C. Ese mismo día se iniciaron dos averiguaciones previas en contra de 11 jóvenes integrantes del grupo que pernoctaba en dicho punto.
Como parte de la investigación que actualmente se lleva a cabo, este Organismo ha solicitado información a diversas instancias como la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), la Delegación Cuauhtémoc y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), además de que ha recabado información aportada por defensoras y defensores de derechos humanos.
Como parte de las acciones de seguimiento al caso, este Organismo en coordinación con la organización El Caracol A.C. y la Consejería Jurídica del Distrito Federal ha dado seguimiento al proceso penal de los jóvenes detenidos el día de los hechos. En ese sentido, esta Comisión refrenda su compromiso con las víctimas en el seguimiento puntual de las acciones jurídicas procedentes a partir de la confirmación del fallo condenatorio emitido por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Cabe destacar adicionalmente que este Organismo protector de derechos humanos, en coordinación con la organización El Caracol A.C. y con la Consejería Jurídica del Distrito Federal, ha brindado acompañamiento a los jóvenes detenidos el día de los hechos y que han obtenido su libertad a través de beneficios.
En ese sentido, a través de mesas de trabajo se han generado opciones de albergue, tratamientos médicos, así como solución a problemáticas que incluyen falta de documentos de identidad y orientación para cumplir y continuar con todos los procesos jurídicos que emanan de los beneficios que otorgó el juzgado.
Esta Comisión hace un respetuoso llamado a las autoridades para evitar todo contexto de discriminación, exclusión, estigma y criminalización hacia las poblaciones que sobreviven en las calles. También destaca la urgencia en el diseño de mecanismos interinstitucionales coordinados que garanticen el respeto a los derechos humanos de las poblaciones callejeras, y la fundamental labor de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan a favor del respeto a los derechos humanos de esta población.
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