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Palabras de la Doctora Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la CDHDF, en la presentación del libro Seguridad Humana: Una Apuesta Imprescindible, en la sede de este organismo

Discurso 21/2015
29 de junio de 2015

Gracias, buenos días a todas y todos. Es para mí un honor que nos acompañen el día de hoy en la presentación del libro electrónico Seguridad humana: una apuesta imprescindible, documento que recopila los trabajos del Foro del mismo nombre, llevado a cabo los días 19 y 20 de septiembre de 2012, aquí en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco, en el cual 22 autoras y autores analizaron desde distintas perspectivas este tema y plantearon una serie de soluciones en donde los Derechos Humanos y el Desarrollo Humano siempre están presentes de manera trasversal.

Solemos escuchar en los medios de comunicación y por parte de académicos y especialistas que el deterioro social se debe en gran medida a la inseguridad y a la delincuencia, y que ante el incremento de estos fenómenos el remedio es implementar medidas de seguridad pública que devienen en políticas de seguridad nacional cada vez más agresivas, las cuales no sólo no acaban con este problema, sino que llegan a restringir las garantías más básicas de la población, lo que a la postre provoca un contexto de violencia en ascenso y el descontento generalizado.

Pocas veces se analiza a profundidad el estado actual de la sociedad para ir evaluando cuidadosamente los numerosos factores que afectan su desarrollo y atentan contra su bienestar. Y es que la solución no es tan simple como parece; los elementos que se relacionan estrechamente para ir configurando las diferentes realidades que viven las personas son muchos y muy diversos. Y justamente ese entramado es el que se aborda en Seguridad humana: una apuesta imprescindible.

En su primera parte, la presente obra se da a la tarea de aclarar el concepto de Seguridad Humana para delimitar sus alcances. Así es como valoramos su trascendencia, que no radica únicamente en la obligación que tiene el Estado de proteger a las personas, sino que abarca una serie de condiciones que toda sociedad necesita para vivir con bienestar. Éstos se engloban en dos aspectos principales: la seguridad contra las amenazas crónicas, como el hambre y enfermedades, y la protección contra los cambios súbitos de la vida cotidiana, ante fenómenos como el desempleo o los desastres naturales.

Por lo tanto, la Seguridad Humana no puede ceñirse a la noción tradicional de Seguridad Pública y Seguridad Nacional, donde el cuidado de los bienes nacionales y la protección del territorio frente a las agresiones del exterior pretenden abarcar un amplio espectro de la seguridad, pero no alcanzan para entender las complejas realidades que viven las personas. Y es justo en estas últimas en quienes se centra la idea de la seguridad humana, pues recordemos que las personas son las que suelen verse amenazadas por una serie de peligros de diversa índole, desde crisis económicas hasta epidemias, e incluyendo aquellos en materia territorial, que terminan por afectar su bienestar y desarrollo.

El paradigma de la seguridad se ha ido transformando para adquirir un cariz holístico y de humanidad cuyo objetivo primordial es el respeto y la protección de las personas, a partir de las distintas condiciones que éstas necesitan para vivir con dignidad, tener oportunidades para desarrollar sus capacidades, y actuar de forma autónoma. Para lograr dicho cometido es necesario que primero identifiquemos los grandes rubros que comprende la seguridad humana, como son la seguridad económica, alimentaria, en materia de salud, ambiental, seguridad personal, seguridad de la comunidad y seguridad política, para posteriormente analizar las amenazas a cada una de éstas y proponer posibles soluciones.

Y justo en este punto es fundamental que nos preguntemos qué tiene que ver la Seguridad Humana con los Derechos Humanos. Aunque de modo superficial pudiésemos concluir que ambos conceptos se centran en las personas, al observar de manera más profunda, nos damos cuenta que se vinculan porque el estudio de los derechos humanos se basa en las obligaciones que tiene el Estado para con las personas, tales como proteger y garantizar su seguridad, partiendo de un análisis de los diversos riesgos para posteriormente crear leyes y políticas dirigidas a subsanarlos. Asimismo, al evaluar las condiciones y peligros que atentan contra la seguridad en cualquiera de sus vertientes es fácil percatarnos de que generalmente éstos se traducen en violaciones a los derechos humanos.

Al respecto, una cuestión que se aborda a lo largo de esta obra tiene que ver con el incremento de la inseguridad en todos los sentidos: político, económico, social, de salud pública, personal, ambiental y hasta en el campo cultural; así como con la incapacidad de los Estados para hacerles frente.

Particularmente, en el caso de México, la inseguridad y la violencia a manos del crimen organizado, han impactado las formas como las y los ciudadanos conviven entre sí, y han causado un clima de desconfianza y crítica hacia las autoridades, pues en algunas regiones del país, la demanda de justicia ha llegado a tal grado que denota una crisis en el respeto y la garantía de los derechos humanos.

El modelo de policía que se ha implementado para afrontar esta situación, se caracteriza por tener un gran margen de actuación, que frecuentemente no va acompañado de la profesionalización adecuada ni de las mejores condiciones de trabajo, lo que ocasiona que en su proceder algunos elementos policiacos lleguen al punto de vulnerar los derechos humanos de las y los ciudadanos y no rindan cuentas por ello.

Obviamente, esto ha incrementado la desconfianza de la población hacia ellos, y paradójicamente ha incrementado la inseguridad, en lugar de erradicarla.

La segunda parte del libro trata sobre las obligaciones del Estado en materia de seguridad humana. En primer lugar, se plantean los alcances y límites de ésta para delimitar las vías mediante las cuales las autoridades pueden proveer seguridad. Aquí resurge el debate respecto de qué es más importante proteger y por qué: a las personas o a los bienes de la nación. Al analizar más concienzudamente ambos puntos, las y los autores llegan a la conclusión de que no se les puede concebir de manera separada, pues el bienestar de las personas es pieza fundamental para que la seguridad nacional exista de forma fluida, natural y sin poner en riesgo los derechos y libertades.

Y es entonces que surge el cuestionamiento respecto de cómo las autoridades deben garantizar la seguridad de las personas. Aun cuando en 1992, en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, se identificó por primera vez una serie de amenazas de toda índole que afectan la vida de los diferentes grupos sociales, entre ellas el crecimiento descontrolado de la población, el aumento de conflictos armados y su consecuente cifra de refugiados y desplazados, y las migraciones masivas, el aspecto que merece atención prioritaria por parte de los gobiernos es la extrema pobreza. Éste es un fenómeno multidimensional que trasciende el ámbito económico para afectar las diversas esferas de la existencia de las personas, por lo que la carencia de ingresos se ve reflejada en la limitación del acceso a recursos materiales, servicios educativos y de salud, y una vivienda adecuada, que a su vez se traduce en la falta de oportunidades de desarrollo y empleo, y una denegación del ejercicio de libertades, como de acceso a la información y de expresión. El resultado de ello, es la exclusión social de las personas.

Desafortunadamente, esa exclusión suele darse hacia personas en situación de calle, comunidades indígenas y personas con discapacidad, a quienes la discriminación formal, material y estructural coloca en una seria posición de vulnerabilidad que pone en riesgo precisamente su vida.

Para subsanar lo anterior, los gobiernos tienen la obligación de crear políticas y programas que mejoren el estado en que se encuentran dichos sectores a partir de identificar su contexto y necesidades específicas y crear acciones afirmativas que vayan mitigando las desigualdades para lograr su plena integración y reconocimiento social.

En el caso particular de nuestro país, los esfuerzos estatales no han sido suficientes para evitar que diversas situaciones sociales se vayan agravando, al grado de encontrarnos en una crisis multifactorial en la cual los derechos humanos de las y los ciudadanos están siendo los principales afectados.

La tercera parte del libro aborda justamente las grandes amenazas a la seguridad humana en México. Aunque algunas de ellas fueron analizadas desde su situación específica en el Distrito Federal, como la trata de personas con fines de explotación sexual y el comercio ambulante, no dejan de ser reflejo de lo que acontece en todo el país.

Así, la delincuencia organizada trasnacional, los riesgos en materia de movilidad, la coacción en el ejercicio del periodismo, la vulneración a los derechos de mujeres y niñas migrantes indocumentadas, el desplazamiento interno forzado y la falta de reconocimiento de los derechos comunitarios de los pueblos indígenas retratan un país cuyas autoridades parecen haber perdido el rumbo en cuanto a sus prioridades, pues en lugar de tener como objetivo y fin último cumplir su obligación de respeto y garantía de los derechos de la ciudadanía, mediante la creación de medidas que busquen el bien común, han tomado a la seguridad nacional como bandera para justificar hechos que, lejos de obrar en beneficio de ésta, la perjudican al crear ambientes hostiles, conflictos entre grupos sociales y sospecha hacia las autoridades; además de agravar las condiciones de precariedad que terminan por vulnerar cada vez más los derechos elementales de las y los mexicanos.

De esta forma, el dilema entre garantizar la seguridad humana o la seguridad pública y nacional sale a flote de nuevo, pero ahora para que nos preguntemos qué es lo que queremos para este país, pues de la decisión que tomemos al respecto como sociedad dependerá el actuar de las autoridades.

Quiero concluir señalando que es mi deseo que este importante análisis que representa Seguridad humana: una apuesta imprescindible se convierta en una herramienta fundamental para todas y todos quienes trabajamos en favor de los derechos humanos y, por ende, del bienestar de las personas; pues en la medida en que vayamos siendo más conscientes de nuestros contextos y de lo que implica la seguridad humana como principio y fin, podremos construir una sociedad más justa, equitativa y donde las y los ciudadanos vivamos de manera plena, respetándonos mutuamente y nutriéndonos de nuestras particularidades.

Agradezco a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco, por el apoyo y seguimiento que le dieron a la publicación que hoy presentamos; así como a las y los autores por su paciencia y comprensión en este proceso que hoy llega a buen puerto. Desde la Comisión estaremos dando una amplia difusión a esta obra que alimenta el diálogo fundamental en materia de seguridad y derechos humanos.

Y déjenme reiterar que esta modalidad, con las nuevas tecnologías y la difusión, es un compromiso que hemos implementado desde la Comisión de una forma de acceso que llegue sin fronteras o limitaciones de lo que implica una impresión a las personas que finalmente necesitan estas valiosas reflexiones.

Como nunca, y lo reitero, viniendo de la Academia y reconociendo el trabajo que desde la UAM se ha hecho en toda su historia, y más en su celebración de su 40 Aniversario, es necesario que la Academia concurra con las autoridades, con las Comisiones, con la reflexión: ustedes tienen los datos, tienen la información, no trabajemos doble, estos son instrumentos valiosísimos para la reflexión, para las autoridades y de nuestra parte me comprometo a hacer llegar a actores estratégicos de la Ciudad esta información, que finalmente es para que tomen decisiones en beneficio de todas y todos.

Muchas gracias.