Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 151/2015
28 de junio de 2015
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoce a la Delegación La Magdalena Contreras por aceptar la Recomendación 12/2014, emitida el 13 de noviembre de 2014, con motivo de la falta de actuación diligente y oportuna respecto al desarrollo de obras civiles para vivienda en suelo urbano del Distrito Federal.
Después de diversos acercamientos con autoridades de ese Órgano Político Administrativo a fin de que reconsiderara su negativa a aceptar el instrumento, en los que se hizo énfasis en la necesidad de atender las afectaciones provocadas a las víctimas en los dos casos que vinculan a esa Delegación, ésta comunicó el pasado 18 de junio su decisión de aceptar la Recomendación, comprometiéndose a su total cumplimiento.
Cabe recordar que dicho instrumento se dirigió a diez jefaturas delegacionales, de las cuales sólo Coyoacán, Venustiano Carranza y Xochimilco la aceptaron en sus términos desde el primer momento, mientras que Gustavo A. Madero, La Magdalena Contreras y Tlalpan la rechazaron, y Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc e Iztapalapa pretendieron aceptarla parcialmente, en condiciones que no garantizaban la reparación del daño a las víctimas ni la no repetición de los hechos, por lo que se determinó calificar su respuesta como no aceptación.
Nuevamente la CDHDF exhorta a las Jefaturas Delegacionales en Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlalpan a aceptar el instrumento recomendatorio, reiterando su disposición de dialogo para que se encuentren las alternativas que brinden a las personas agraviadas una reparación a las afectaciones provocadas con motivo de las construcciones irregulares que han dañado su patrimonio, sobre todo en aquellos casos en los que existe una situación de riesgo e incluso de colapso inminente.
Este llamado se hará extensivo –en su momento- a quienes resultaron electos y electas para dirigir las Jefaturas Delegacionales en el periodo 2015-2018. No obstante, esta Comisión es clara en señalar la responsabilidad de las y los servidores públicos que actualmente, en el ejercicio de sus funciones, deben implementar todas las medidas adecuadas y suficientes, a fin de preservar la integridad de las personas agraviadas y de aquéllas que transitan cerca de los inmuebles afectados, y generar las condiciones que permitan resolver la situación que impera en cada uno de los casos.
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