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Relator presenta ante Naciones Unidas informe sobre tortura en México

Boletín 050/2015
10 de marzo de 2015

 

El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas su informe sobre la visita que realizó a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, con el objeto de evaluar la situación de la tortura y los malos tratos en el país, así como cooperar con el Estado mexicano en su prevención y erradicación.

Durante su visita a México, el Relator Especial mantuvo, entre otras, reuniones con funcionarios de las autoridades, procuradurías y comisiones de derechos humanos de los estados visitados —el Distrito Federal, Nuevo León, Chiapas y Baja California— incluyendo una reunión de trabajo con la Doctora Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la cual se le proporcionaron insumos sobre los patrones y casos de tortura en el Distrito Federal.

En su informe, el Relator Especial concluye que la tortura y malos tratos en México son generalizados y ocurren en un contexto de impunidad, lo que es un aliciente para su repetición y agravamiento. Además señala que estos actos ocurren especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, con fines de castigo e investigación. De acuerdo al informe, existe evidencia de la “participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas”, así como “tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”. Méndez también identifica diversas causas de la debilidad de las salvaguardias de prevención y recomienda medidas para atenderlas.

Ante tal panorama, el Relator Especial llama al Gobierno mexicano a reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos. Además, Méndez recomienda al Estado expedir una Ley General en la materia que tipifique la tortura en toda la República; restringir en toda ley aplicable las instancias de detención sin orden judicial a los casos propios de flagrancia; eliminar definitivamente el arraigo; eliminar los supuestos de prisión preventiva oficiosa de la Constitución y legislación; y legislar el uso de la fuerza en conformidad con principios internacionales.

Asimismo, el Relator Especial recomienda garantizar la suspensión administrativa inmediata de todo funcionario sujeto a investigación por tortura y malos tratos; garantizar la pronta realización de exámenes médicos conforme al Protocolo de Estambul por personal independiente y capacitado sobre los estándares que rigen su aplicación; retirar definitivamente a las fuerzas militares de labores relacionadas con la seguridad pública; y garantizar la independencia de las comisiones de derechos humanos y el MNP, y fomentar su cooperación con la sociedad civil y las comisiones estatales de derechos humanos.

En noviembre de 2014 la CDHDF emitió la Recomendación 14/2014 en la que se acreditaron 47 casos de tortura sobre 95 personas, 79 hombres y 16 mujeres cometida por servidores públicos del Distrito Federal. Misma que fue aceptada por todas las autoridades involucradas y se encuentra en ruta de cumplimiento. Derivado de ello la CDHDF emitió la Propuesta General 01/2014 sobre la identificación de actos de tortura en el Distrito Federal: análisis del fenómeno y propuestas para su prevención, sanción y erradicación desde los derechos humanos que contiene un diagnóstico  sobre la situación en la Ciudad de México de actos de tortura. Destaca de la misma diversas propuestas de política pública para prevenir dichas prácticas.

Los planteamientos plasmados en el informe del Relator Especial, coinciden en gran medida con las observaciones de la Propuesta General sanción y erradicación desde una perspectiva de derechos humanos y destaca la problemática de la impunidad ante la falta de investigación y sanción de dicha práctica, la cual califica como generalizada.

Tanto para el Gobierno mexicano como para el Gobierno del Distrito Federal es un deber realizar las acciones necesarias para erradicar el fenómeno de la tortura. La CDHDF reconoce la disposición y compromiso de las autoridades del Distrito Federal, encaminadas para dar cumplimiento a las recomendaciones del Relator y de la Propuesta General con la intención de erradicar esta práctica en nuestra Ciudad.

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