Sitios de Interés
Transcripción de la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia de prensa de la Dra. Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la CDHDF, con motivo de su primer año de gestión

Transcripción de la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia de prensa de la Dra. Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la CDHDF, con motivo de su primer año de gestión

Transcripción 55/2014
5 de noviembre de 2014

Pregunta (P): ¿Este acumulado es sólo de un año o viene ya como parte del rezago? Y también me gustaría que nos informara ¿Cómo va la Recomendación que quedó pendiente por desaparición forzada del caso Heaven? Y también sobre el caso de San Bartolo Ameyalco ¿Cómo va esa Recomendación? Por favor.

Perla Gómez Gallardo (PGG): En el caso de los datos que acabo de dar respecto a posibles violaciones graves es todo el condensado, que se concentra en las cinco Visitadurías. Entonces se presume violación grave, eso implicaría ver cómo se sistematiza para efecto de cada uno de los tipos de violación; y en su momento la emisión de Recomendación.

Por ejemplo una de ellas, y que estaremos convocándolos a finales del mes de noviembre, es la macro de tortura. Vamos a estar emitiendo una Recomendación integral que pasa desde la detención hasta la reclusión para enviar toda una revisión institucional con un mecanismo para que no se den casos de esta naturaleza en nuestra ciudad.

Entonces, de repente tenemos: número de personas, número de casos, tipos de violaciones. Entonces este concentrado es del diagnóstico que hicimos de cómo se encontraba la propia Institución en la documentación. El compromiso, insisto, en cada una de las Visitadurías es abatir el rezago que no se justifique en omisiones por dejar de hacer diligencias oportunas. Ése es el compromiso.

En cuanto a seguir documentando y los tiempos que lleve la propia documentación, pues lo dicta cada caso concreto, pero sí se está manejando con un rigor técnico para evitar que al momento de cualquier pronunciamiento a la autoridad pueda generar alguna réplica a lo que estemos pronunciando.

En cuanto al caso Heaven, tenemos la otra queja abierta. Estamos viendo porque está el procedimiento de sí o no estuvo la participación de algún elemento policiaco. Entonces, mientras esté esta parte en apertura de la investigación, tenemos que estar pendientes y documentando.

Pero de la emisión de la que sí se hizo la Recomendación hemos estado dando seguimiento y varios de esos puntos ya se han ido atendiendo. Lo que también queremos, y una parte que se les había comentado en alguna otra convocatoria que tuvimos por las Recomendaciones es que generamos, por primera vez el lineamiento de la indemnización.

Lo que queremos evitar es, por un lado, que la autoridad quiera desvirtuar que una víctima reciba algún beneficio que no tenga que ver directamente con su daño o afectación para desistirse de su queja o, por otro lado, que llegue a un vicio que pudiera ser lucrar con la propia violación. Tenemos que equilibrar con valores objetivables.

Y por primera vez tenemos un lineamiento que pasa con estándares internacionales. Ya se tuvieron las primeras reuniones con la autoridad, se está generando el grupo de trabajo. Nosotros lo que pedimos fue que, de la lista de Recomendaciones que falta por atender en materia de indemnización, sean las más antiguas las que debieran estar atendiéndose, sin menoscabo de las víctimas que también ya se están acercando para recibir esta situación.

En el caso de Ameyalco lo que se está, es documentando toda la situación, vimos que se llevó a cabo porque se tenía que dar una difusión mayor, se hicieron diversos requerimientos, se acompañó para verificar cómo se estaba haciendo esta difusión de información que no pasaba solo por publicar en la Gaceta o en los medios los alcances de la obra; se hicieron dos periciales, una de la UAM y otra de la UNAM, que garantizaban, que era una preocupación que tenían los vecinos, que no se les afectara en la toma de agua, no hay mezcla en ese sentido; y pues se continúan los trabajos y la documentación al respecto.

Entonces sobre eso estaríamos, digamos que todavía documentando parte de la labor; lo que sí hay que decir es que de lo que se le requirió a la autoridad nos fue documentando y lo que vino a fortalecer para darles, porque mucho el tema era el derecho a la información de las y los vecinos; y que tenemos también, reitero, dos quejas: una que está a favor al derecho al agua, por la situación restrictiva que tienen en esa área; y otra a favor de que se revisara el derecho a la información porque tenían dudas sobre la propia obra.

Entonces, en eso estamos y estaríamos documentando el caso.

P: Nada más, del caso Heaven, ¿están trabajando en (inaudible)?

PGG: En este caso, cuando se emitió la Recomendación, cada punto recomendatorio se inicia inmediatamente tanto en la articulación con las víctimas, como con las autoridades. En ese sentido, con todo gusto les podemos dar un corte de cómo vendría el grado de avance en específico, de esa Recomendación. Pero sí se está dando seguimiento, y ya ha habido unos puntos de avance en cuanto a cumplimiento de los puntos recomendatorios.

P: (inaudible) ¿ustedes van a presionar a la Procuraduría para que ya emita la disculpa o no es un tema, vamos, muy importante en ese tema de la Recomendación?

PGG: Bueno, los temas de lo que implica el reconocimiento de la responsabilidad, hay varias modalidades. Hemos visto que pasa desde la propia disculpa que hacen personalmente, y es un reconocimiento que hemos hecho notorio del Secretario de Salud, que es la única autoridad que en el Gobierno del Distrito Federal ha dado una disculpa personal. Pero muchas veces las personas no necesariamente quieren sólo una disculpa así, sino a veces piden un formato de boletín, porque permite una difusión de la afectación que tuvieron. Entonces, en ese sentido lo que se hace es una articulación con las propias víctimas, la propia autoridad y se hace el mecanismo de cuál es la mejor forma que consideran ellas, o sea las víctimas, para llevar a cabo en este caso la disculpa.

Entonces en ese sentido estaríamos construyendo la víctima y estaríamos viendo cómo va en el tema de seguimiento.

P: Doctora, dentro de los lineamientos importantes que tocaba la Recomendación, (inaudible) ¿cómo está esto? (inaudible).

PGG: Aquí hay una parte muy importante, que se determinó de la ausencia de protocolos o lineamientos. Hay una parte que estamos viendo actualmente también con el Relator de la ONU en materia de tortura, de cómo hacer una política pública integral que efectivamente detone inmediatamente que hay una alerta para que se articulen adecuadamente las autoridades. Algo que evidenció el caso Heaven, fue que no había una articulación inmediata y que pusieron en una situación de vulnerabilidad porque se desfasó el inicio de las investigaciones.

Entonces, nosotros lo que queremos generar es una ruta que pase con una reforma legislativa al propio Código Penal, de cómo se va a manejar el tipo, porque no necesariamente es la desaparición forzada tradicional, sino también hay una desaparición involuntaria cuando participa algún grupo criminal.

Entonces esas modalidades, estamos haciendo un estudio para generar una propuesta, como lo hicimos en su momento con la propuesta general en materia de manifestaciones, que manejamos una alerta de que no queríamos una criminalización de la protesta.

Actualmente, junto con la Recomendación de tortura, estamos haciendo una propuesta general de tortura, de cómo atender con un mecanismo interinstitucional la tortura. Si el Gobierno del Distrito Federal asume este compromiso, sería la primera instancia en México, y casi podríamos apostar que en Latinoamérica, que atiende desde la detención, declaraciones en Procuraduría; Tribunal, que sería la otra instancia que estaríamos articulando; más el Secretario de Gobierno con reclusorios, de manera integral.

En este caso de desapariciones estamos haciendo algo parecido, con una ruta debiendo mejores prácticas, instancias internacionales que hayan manejado estos protocolos, para hacer la propuesta a efecto de que se haga incidencia en política pública.

Si se dan cuenta, en los tiempos, sí se requiere que se detone primero un caso que evidencie una violación; luego tenemos que hacer un estudio que no pasa solo por la violación para la persona, sino la violación que puede propiciar más violaciones. Y luego ya generamos una propuesta.

Nosotros esperaríamos que hacia el próximo año podamos ver los primeros resultados de qué se atiende, no sólo en las Recomendaciones, sino en las propuestas generales. Esa modalidad no se había usado en la Comisión; siempre eran Informes Especiales. La ventaja de una propuesta general, con plena atribución en la Ley de la Comisión es que se pueden dar insumos derivados de una revisión técnica de las propias políticas públicas. Entonces es una mejor incidencia porque se hace desde una visión de derechos humanos y no se espera a que surjan nuevas violaciones.

El número de casos que vemos en violaciones graves, pues se van a seguir repitiendo siempre y cuando no haya una articulación adecuada y una política pública integral. Entonces en ese sentido estamos.

P: (inaudible)

PGG: No, son diferentes, porque son cada uno de los aspectos en las cinco Visitadurías que van desde personas privadas de su libertad hasta situaciones de niñas, niños o personas en situación de calle, incluso en materia laboral. Son de las cinco Visitadurías con esa variedad de posibles casos que se tienen que concentrar.

Aquí lo importante es que sí hemos generado, y se va a revisar lo que tenemos en nuestro sistema de documentación de expedientes para desagregar en dos niveles. No sólo manejar la violación en sí hacia la víctima, sino ver medidas de en qué colonias, en qué delegaciones, en qué rangos de edad, a qué personas, con qué situación socioeconómica, conste no determinadas, sino tipo estadístico, para poder sacar estudios de un segundo nivel que pasen por aquellas cosas que vemos que son errores estructurales, que si no se atienden seguirán generando nuevas Recomendaciones.

P: Pero entonces, ¿qué tipo (inaudible)

PGG: Bueno, de entrada el compromiso de que estaba un desfase de no haber un pronunciamiento en materia de siete años de retraso que se tenía en la documentación. En cuanto empezamos a ver, empezamos a agrupar inmediatamente por tipo de violaciones, y en este caso de tortura, hay un tema muy emblemático. Este año también se revisó a México sobre el tema en sí. Lo que queremos mostrar en la ciudad de México es que, si bien existen los casos, porque sí están y están documentados, y hay víctimas, y se va a tener que reparar en su momento, y todas las medidas que se van a plantear en la Recomendación, también hay aspectos institucionales que no toleran esa situación, pero están desarticulados.

Entonces lo que queremos proponer como Comisión es que, si bien es cierto que existen los casos, no deben repetirse, y la única manera que vemos que no deben repetirse es una articulación que pasa desde Secretaría de Seguridad, Procuraduría, Tribunal y Secretaría de Gobierno. Si no se hace un mecanismo integral, difícilmente se puede anticipar el que se manifieste la nula tolerancia a cualquier acción que pase por un acto de tortura.

Entonces en ese sentido es como lo estamos manejando, para que la Recomendación no sólo sea el efecto hacia las víctimas que obviamente es el efecto inmediato e importante por existir la violación, sino que la Recomendación se convierta en el instrumento de mejora en política pública, y en su momento, también les estaremos dando a conocer qué sí se atiende y qué no se atiende de estas propuestas, porque nuestro planteamiento va desde el enfoque de derechos humanos para el fortalecimiento institucional. Entonces ahí estaremos muy atentos.

P: Si me pudiera dar el dato entonces de ¿cuántas quejas ha recibido la Comisión, de noviembre de 2013 a actualmente, cuántas han derivado en Recomendaciones, o más bien si las Recomendaciones que se han emitido en esa administración son derivadas del rezago? Y la otra ¿Qué tipo de seguimiento se da a los acuerdos, a las conciliaciones, y sobre todo, para ver el nivel de cumplimiento?

PGG: A ver, el dato de la tabla: tenemos más de 2 mil 314 quejas que se tenían en 2013, que actualmente están en mil 460. Hay un dato que es muy importante también; ése se los pasamos en la ficha actualizada, lo que implica la atención inmediata. Nosotros acabamos de reestructurar y fortalecer el área de Quejas, así como se llama de Quejas, en la propia Comisión, porque el 60% de solicitudes que llegan no necesariamente pasan por una situación de violación a derechos humanos, muchas son orientaciones, muchas es solamente canalizar a la persona a la instancia que corresponde.

Algo que es un compromiso que queremos mejorar es el tiempo de espera que tienen las personas cuando llegan a la institución para que sean atendidas. Otra es que realmente no se les quite su tiempo, que se les aclare inmediatamente si aquí es la instancia o a veces puede ser hasta un juicio civil o algún tema que no pasa por una situación de la autoridad o que no tengamos nosotros competencia. Y la otra es en ese número de orientaciones, tener inmediata respuesta también para canalizar a las autoridades y generar estas mesas de trabajo para llevar ese bloque de solicitudes que de repente nos llega.

Eso nos va a permitir tener una identificación inmediata de los casos de quejas que sí pasan por una documentación. La otra es, en el caso de las conciliaciones, les podemos dar y vamos a hacer este corte, de cómo va el número de conciliaciones que han permitido cerrar quejas. Insisto que conciliaciones pasa porque no hay violación grave, pero por otro lado es qué tanto, efectivamente la autoridad cumple con los compromisos que lleva a cabo al momento de la conciliación.

Finalmente no todas las personas esperan que se lleve todo el proceso de documentación y de investigación para una Recomendación; sino que quieren una acción inmediata de atención que requiere un llamado de atención de la autoridad. Eso lo estamos fortaleciendo porque hay veces que eso les es más útil del contexto, sin menoscabo que toda esa documentación la vamos a estar sistematizando para ver, y queremos sacar esos mapas en que se diga en qué delegaciones hay más violaciones, en qué sectores hay más violaciones, en qué grupos hay más violaciones, porque es algo que se había estado desaprovechando de la documentación de los casos. Sólo se estaban pronunciando para efectos de cuando había la víctima. Pero cuando son temas estructurales podemos anticipar los escenarios de cómo se vive o por qué se dan ciertas manifestaciones, de qué tipo en la propia ciudad.

Y en el caso de las Recomendaciones, ha habido tanto de aquellas que se iniciaron este mismos año, en documentación que por su forma y por su contexto nos permitía rápidamente tener un pronunciamiento, y es algo que vamos a tratar de atender así. Aquellas que tengan una facilidad en la documentación para un pronunciamiento inmediato, se haga de esa manera.

Aquellas que requieren, por ejemplo el caso de tortura, son meses de trabajo con especialistas, documentación, temas de periciales, pues requieren por su naturaleza y concentran más de 90 casos en sí mismas, pues un análisis más exhaustivo.

Entonces, no me atrevería a decir en los tiempos de qué va cada cuestión porque es justo el caso concreto el que nos permite decir en este pronunciamiento con mayor rapidez, o en otro se requiere una documentación, pero sí el compromiso es que no haya un desfase de más de dos años, que es lo que vemos como máximo prudente en casos más complejos y, que donde se tenga que hacer un procedimiento puntual, se haga de manera inmediata.

P: ¿Qué porcentaje está siendo utilizado de la conciliación? Más o menos para saber si ya no es la Recomendación, si las Recomendaciones ya no están siendo el instrumento más utilizado por la Comisión de Derechos Humanos, sino las conciliaciones, y sobre todo se cumplan, ese es el nivel de efectividad.

PGG: Históricamente las conciliaciones han existido, si sacáramos por número de expediente, nada más decir 2 mil 314 quejas, podríamos decir que de 2 mil 314 no necesariamente todas parten de que hay una violación. Hay veces que la autoridad nos da la información y no necesariamente implica una violación. Hay otras que sí tienen algunos aspectos que no son graves y que, al atenderse inmediatamente y darnos la documentación, generan la conciliación. Históricamente la conciliación siempre ha sido un factor mayor que el número de Recomendaciones emitidas. Lo que estamos tratando de hacer ahora también con las Recomendaciones es darles la misma fuerza y peso; o sea, dar el mismo formato de presentación, porque finalmente cada Recomendación tiene el mismo impacto y fuerza porque está denunciando alguna violación a un derecho humano.

Entonces, eso también lo hemos cuidado, también en la difusión que nos permiten ustedes hacer, para tener el mismo nivel. Pero si quieres te doy una tabla actualizada para que tengas los datos, porque ahí sí son cifras respecto a cómo se está manejando en cada una de las Visitadurías el número de quejas. También una cuestión muy interesante, a raíz de la actualización en materia de la Quinta Visitaduría, en materia laboral, están llegando mayor número de quejas. Quiere decir que la gente, las personas están conociendo que tienen una vía también para que se revisen sus derechos humanos laborales. Y esperamos también que ahí vaya a existir un incremento.

Entonces vamos a ir viendo cómo se va a ir manejando. Una que es históricamente el mayor número de quejas que tiene la Institución es en la Segunda Visitaduría, en la parte de personas privadas de libertad, porque justo están familiares tanto afuera, el propio recluso que usa las instancias, pero queremos fortalecer, y por eso destacábamos que 800 quejas se recibieron en materia de la Cuarta Visitaduría, porque esos son grupos que no necesariamente pueden acceder tan rápido a esta Institución. Niñas y niños que, como ustedes saben, pueden iniciar quejas en la Institución. De ahí nos interesa mucho fortalecer el Ombudsmóvil.

Otra que vamos a hacer es una campaña de verificación en albergues y en asilos para personas que están en estas condiciones, en coordinación con la Junta de Asistencia Privada, en una primera etapa de diagnóstico, detectando áreas que se tiene que mejorar. En una segunda etapa estaríamos evidenciando alguna falla o alguna situación que pueda generar preocupación.

Entonces, lo que estamos haciendo es que, derechos que históricamente quizá no se habían visibilizado tanto, los queremos ir fortaleciendo, el caso de personas en situación de calle, elOmbudsmóvil está haciendo casi cada mes de manera aleatoria, una verificación en el lugar donde sabemos que están concentradas estas personas, para que sepan que hay una Comisión vigilante, que pueden acercarse en todo momento a denunciar, y hacia las autoridades inhibir cualquier situación que pudiera vulnerar la situación.

Tenemos el Informe Especial que se hizo en materia de Poblaciones Callejeras, y estamos ahora en ruta de ver que no sea una medida asistencial, sino una verdadera forma en donde se tome en cuenta a la persona en situación de calle como sujeto de derechos. Entonces esas medidas, si se dan cuenta, sí van a dar un reflejo, y esperamos que hacia el próximo año que estemos rindiendo cuentas en la Asamblea, se vea en los comparativos cómo al hacer una incidencia o al hacer una difusión de asertiva sí se incrementan en ciertas áreas que históricamente no se habían reportado violaciones de derechos, pero no es porque no existieran, es porque no se había fortalecido la forma en que podían hacer sus denuncias. Entonces, en ese sentido, estamos fortaleciendo.

P: Doctora, y ¿se ha realizado algún diagnóstico al interior de la Comisión para saber cuánto tarda una investigación en promedio? y ¿qué tipo de derechos son los que…?

PGG: En el diagnóstico lo que encontramos más grave fue el desfase de los siete años de un retraso que no es justificable. O sea, ese sí lo asumimos institucionalmente como un compromiso a atender inmediatamente y fue lo primero que se les pidió a las Visitadoras y el Visitador: que vieran cada uno de los expedientes, por qué estaban en rezago. Muchas veces era que faltaba alguna argumentación, alguna notificación; otras incluso ya, la persona que había iniciado la queja ya no tenía ni siquiera interés en que se siguiera, o sea… Pero sí, hacer una sistematización inmediata de todos los casos para saber en ese contexto. Nosotros lo que hemos diagnóstico, que es el mayor rango para documentar un caso complejo, no debe pasar de dos años; o sea, ese sería nuestro máximo, y eso por el tipo de caso, la documentación, las periciales, el recabar  la propia información. También, algo de reconocer, con la articulación que estuvimos haciendo con las autoridades del Distrito Federal, es que nos tenían que ayudar a evitar que nos obstaculizaran la documentación. O sea que, si hay un requerimiento de esta Comisión se tiene que atender. En el momento en que no se atiende, nosotros lo presumimos como cierto. Entonces, el mejorar la articulación y que nos den la documentación, le da certeza a la víctima para que tenga información, nos permite a nosotros saber en qué estado están los expedientes, y nos permite documentar de manera más asertiva.

En su momento sí hubo un desfase en esta articulación, y es algo que sí queremos seguir fortaleciendo. Finalmente, en medidas preventivas, somos aliados estratégicos con Gobierno. En medidas donde ya hay Recomendaciones, somos vigilantes y escrutadores de las actuaciones del Gobierno. Entonces, esa parte sí se trató de ir equilibrando este año y por eso tenemos el diagnóstico de los dos años máximo y una parte de documentación que va desde la propia orientación, cuando llegan al primer reporte que hacen en la queja y la parte de las posibles conciliaciones que se lleven a cabo, sin que se convierta también, les digo, el hecho de la Recomendación sólo en el anuncio que se hace en favor de una víctima. La Recomendación es la principal fuerza que tiene esta institución, porque reporta la violación, pero sobre todo es algo que debe tener muy clara la autoridad: es su área de oportunidad para mejorar; no partimos del hecho que las instituciones violen derechos: Son instituciones que deben fortalecerse en sus mecanismos para evitar violar los derechos y la Recomendación es el mejor instrumento que pueden tener y es la principal obligación que tienen también, otra vez insisto, en la víctima.

P: (Inaudible)… cuatro o cinco características que nos pudiera enlistar y ¿cuáles son las autoridades que más las cometieron?, por favor…

PGG: Bueno, ahí están en documentación, por eso no diríamos que ya es propiamente que la autoridad ya cometió la violación, porque tendríamos que ver con la información si existe o no la violación. Nosotros tenemos un catálogo de violaciones a derechos que se establecen conforme a estándares internacionales. Una parte que seguiremos fortaleciendo y que va a ser también estratégico es que toda Recomendación también va a traer estándares internacionales; o sea, que nosotros vamos a estar usando permanentemente el Artículo 1º Constitucional, que nos permite invocar las mejores prácticas internacionales en todos los temas. Automáticamente eso nos sube el nivel, y al subir el nivel es un mayor nivel de exigencia también a la autoridad. Entonces, tenemos cuestiones también de privación de la libertad, tenemos cuestiones de salud, tenemos cuestiones de acceso a una vida libre de violencia; o sea, son varios esquemas que tenemos nosotros y justo también en la actualización para la documentación técnica que vamos a hacer de las violaciones y la emisión de las Recomendaciones, vamos a actualizar el Manual Interno de Documentación; actualmente, y ya en este mes empiezan los cursos a todo el personal sobre el nuevo sistema de justicia que inicia ya el próximo año y estamos ya en una ruta de actualización permanente, porque justo tenemos que fortalecer cómo vamos a estar vigilando el cumplimiento de la autoridad, desde los propios esquemas institucionales que tenemos en el marco normativo. Entonces, y tenemos ese reto de la actualización permanente del personal, pero en esa ruta estamos actualizando el Catálogo de Violaciones, como se hizo en la Quinta Visitaduría, pero también en la revisión integral.

Y otra cosa que estamos haciendo de manera más articulada: las Visitadurías trabajan como Programa Interrelacionado. ¿Qué quiere decir? Que si de repente llega una violación de género, pero que es persona privada de la libertad, que pudiera tener alguna característica por ser indígena o ser mujer, se trabaja de manera coordinada entre las Visitadurías. Lo que queremos lograr es que no haya contradicciones o incongruencias en las emisiones de las propias Recomendaciones, y haya una articulación más efectiva, porque en esos casos que de repente cruzan por diferentes violaciones de diferentes Visitadurías se atienden de manera integral, en función del caso. Entonces, no forzamos ya propiamente la documentación al tema, sino vemos desde el enfoque de la persona que está sufriendo la violación y esto también nos está permitiendo tener una articulación donde no se desfasa la información ni la comunicación y también nos permite, con la propia autoridad, llevar una agenda integral de todo el Programa de Defensa. Entonces, en ese sentido estamos actualizando este Catálogo.

P: ¿Las autoridades que más las cometieron, doctora?

PGG: Bueno, históricamente, las autoridades, por el tipo de violaciones, siempre han destacado la parte de la Secretaría de Gobierno en el tema de Reclusorios; la Secretaría de Seguridad, que ha bajado, eso sí hay que reconocerlo, a raíz de la revisión de Protocolos, por todos los acompañamientos en las manifestaciones. La parte de la Secretaría de Salud, que ahí hay que decirlo con toda honestidad, pasa mucho por suficiencia presupuestal las imposibilidades que tiene. El caso de la propia Consejería Jurídica, una de las Recomendaciones que acabamos de emitir, donde los jueces y juezas cívicos están en las peores condiciones; les invitamos, que vayan a dar una vuelta sólo a las instalaciones, ver cómo están en los Juzgados Cívicos, y en los Defensores de Oficio, y es, de veras, muy, muy preocupante…

La Comisión acaba de nombrar como autoridad colaboradora en esa Recomendación a la Asamblea, para que les dé presupuesto: no es posible que en condiciones de estas características estén prestando su labor las personas en el servicio público y que, al mismo tiempo nosotros tenemos que reportarlas por una insuficiencia, cuando sabemos que pasa mucho por no tener siquiera un escritorio o una banca para sentarse o una computadora para poder estar en actitud de prestar un servicio. Entonces, hemos detectado mucho esa parte y, les digo, históricamente son las que han tenido un mayor repunte, por temas sensibles como el de Reclusorios, pero lo que hemos tratado de ir evidenciando son las nuevas violaciones a derechos, por ejemplo, los Económicos, Sociales y Culturales; actualmente apoyamos para que se emita la Ley de Cultura como derecho humano en la Ciudad de México, porque eso no existía, y los Derechos Económicos, sobre todo en materia de los derechos a una vida sustentable, que también pasa…

El Primer Foro que hicimos aquí en esta Comisión de…, interdisciplinario, y otro también, con el tema de violencia en el entorno escolar, donde no queremos que criminalicen ni a los docentes, ni a las niñas o niños, tanto que sufren el abuso o que tienen la comisión del propio abuso. Entonces, estas materias que estamos viendo, justo lo que nos permiten es evidenciar dónde estamos detectando la situación, pero mucho sí pasa, y hay que decirlo, porque hace falta un fortalecimiento en presupuestos, pero etiquetados y fiscalizables, para fortalecer Juzgados Cívicos, Jueces, en este caso las Defensorías de Oficio, el parte, la situación de servicios médicos, en Reclusorio, que también hay una situación entre Secretaría de Gobierno y Salud, sobre cómo debe ser la competencia, el que no tienen el seguro que se da en materia federal por estar en reclusión, esa es una violación. O sea, hay varios temas que hemos estado detectando, que sí queremos poner el foco de atención para la discusión, pero sobre todo, la atención integral que se tiene que dar en la materia.

P: Hay la percepción, y ha venido en aumento en la Ciudad de México, de que el crimen organizado está operando aquí; ha habido incluso muchos operativos recientes, donde se cometen a veces suspensión de garantías, ¿cuál es su percepción y de qué manera la Comisión de Derechos Humanos está actuando o si está informado de este tipo de acontecimientos? Entiendo que son también de orden federal, pero pues a ustedes les toca…, si tienen quejas también al respecto, y si me pudiera decir ¿en qué estatus jurídico se encuentran las dos Acciones de Inconstitucionalidad que presentó la Comisión?

PGG: Bueno, en el caso de los temas de seguridad, lo que hemos estado haciendo cuando se nos comparte la información en Protocolos de actuación de diferentes mecanismos que puede estar haciendo seguridad, hay un punto que siempre es muy importante: la seguridad no pasa por violar derechos humanos. O sea, sí se puede lograr garantizar la seguridad, que es una obligación del Estado, pero nunca bajo el pretexto de reducir o restringir o violar derechos humanos. O sea, esa es una parte irrenunciable. Por otro lado, la percepción, pues sí es, más que nada, el generar la confianza en las propias instituciones, el que rindan cuentas, el que actúen en función de las mejores prácticas, lo que ayuda a este fortalecimiento. De nuestra parte, cuando hemos tenido conocimiento, se reportan, se documentan en su momento las quejas, pero algo que nos ha ayudado mucho en esta articulación de verificar bajo qué protocolos de actuación se están llevando a cabo. Conste que verificar no significa que nos atiendan al 100% nuestras observaciones, y también nos reservamos el derecho de mostrar aquellos casos donde vemos que puede ser un riesgo algún tipo de protocolo de actuación que tenga la propia autoridad.

Entonces, en este caso siempre estamos muy vigilantes: una, de cómo se maneja la política en cuanto a manejar delitos que se quisieran crear y que no necesariamente vaya con buenos estándares; otra, la propia actuación de la autoridad; y la otra, bueno, pues que la Comisión, en su momento, cuando recibe cualquier denuncia o queja inmediatamente levanta o solicita la información, para ver en qué términos y con qué fundamentos está llevando. Y de ahí, con los pronunciamientos que en diferentes materias también nos han permitido llevar a cabo.

En cuanto a las Acciones de Inconstitucionalidad, ustedes saben que luego son las listas que se llevan en el propio Poder Judicial Federal; ambas fueron admitidas. En este caso, se están mandando ya la rendición de los informes justificados a las autoridades, que también ya los remitieron. En el caso de la alienación parental, ya se mandaron dos peritajes, faltaba un tercero; y estaríamos esperando, en ese caso, que se enliste, para la propuesta de lo que sería ya el planteamiento que haga la Ministra, en este caso, y nosotros estaríamos muy atentos, para emitir nuestros alegatos también, que ya hemos hecho también pronunciamiento. En el otro caso va más desfasado, por la lista que se lleva en cuanto a la atención, pero también queremos llegar listos con información adicional que vamos a hacer con los foros de discusión incluyente, donde todas las voces tengan una oportunidad de decir por qué sí o no, y de qué manera, sin negar la existencia del otro derecho se puede armonizar la libre manifestación con la libertad de tránsito, sin que sea otra vez ni criminalización ni restrictivo.

Entonces, en ese sentido, estaríamos también haciendo llegar ese insumo adicional al propio Poder Judicial, pero en este momento todavía no está en lista para Resolución.

P: Entonces, ¿no hay quejas, respecto este tipo de operativos?

PGG: Sí, tenemos, dependiendo de cada una de las características: puede haber dese la Primera Visitaduría, que maneja mucho acciones de Secretaría de Seguridad y de Procuraduría, pero ahí lo es importante es, que como están en documentación, todavía no podemos decir que son propiamente violaciones. Las que sí podemos darles es, históricamente, sobre las cuales se han emitido Recomendaciones y sobre qué tipo de derecho violado son las que se han emitido; que en este caso, insisto, la seguridad, bajo ningún contexto puede ser un mecanismo de excusa para que se propicie una violación a derechos humanos, eso siempre lo estaremos visibilizando.

P: Doctora, yo quisiera preguntarle su opinión sobre la detención de José Luis Abarca y su esposa en la Ciudad de México. Muchos actores destacados dicen que con esto se podría esclarecer la desaparición de los 43 normalistas. Quisiera saber su opinión. Gracias.

PGG: Antes que nada, la prudencia, que hemos dicho que es muy importante, porque están familiares con una angustia esperando una respuesta; entonces, en ese sentido, pues siempre ser muy prudentes de cómo se están llevando las investigaciones, no especular, no generar un clima donde se revictimice a las personas que legítimamente están manejando esto.

Por otro lado, y lo hemos visto de manera inédita en la propia ciudad estos últimos días, no sólo las manifestaciones del Politécnico, sino ya en razón de la solidaridad con el caso, pues hemos documentado manifestaciones multitudinarias, en un clima de respeto, de solidaridad, inéditos; o sea, eso también hay que decirlo con toda claridad. Y por otro y muy importante: no dejar de lado la presunción de inocencia y el debido proceso de quien sea. ¿Por qué? Porque, finalmente, va a haber una investigación que tiene que ser muy cuidada para efectos de garantizar que no haya impunidad y garantizar que no sea vía, porque haya una violación o haya una indebida integración de un expediente, que al rato se gane un amparo o se tenga que ir a instancias que desgasten el poder conocer quién fue realmente un responsable. Entonces, finalmente hay una presunción, hay una detención, pero siempre y en cualquier contexto, porque antes que nada son personas y tienen sus derechos, es debido proceso, presunción de inocencia y una documentación y una investigación técnica y de rigor, más que exigible en todo caso en nuestra ciudad y en nuestro país, pero más en este contexto, porque ahí lo que está en riesgo es un derecho a la verdad, un derecho a la justicia e, insisto, no revictimizar a las personas por algún tipo de información que no pudiera estar realmente documentada.

Entonces, en ese sentido, desde la visión de derechos humanos siempre es cuidar todos los aspectos: desde las víctimas que están esperando una respuesta, como del presunto responsable, que también tiene derechos, en toda sociedad democrática, a un juicio justo. Entonces, equilibrar esas postura y estar muy atentos a este caso, en los canales que se lleven, y pues toda la solidaridad, como lo hemos dicho, con las personas, que no sólo son las que están en el estado de Guerrero, sino todos estos familiares que al día de hoy siguen esperando que regrese su hija o hijo a casa, que es un contexto muy, muy doloroso en nuestro país, al igual que la investigación que se tenga qué hacer de aquellas otras fosas donde hay personas que no sabemos quiénes son y también tienen derecho a que se conozca su identidad y se lleve a cabo el deslinde de responsabilidades.

Eso es un mensaje clarísimo que se tiene que dar en un Estado democrático y de instituciones: cero impunidad, documentación adecuada, ninguna justificación de violación de derechos humanos para documentar los casos, porque no es óbice eso, para que se haga una buena diligencia que garantice que no haya impunidad.

P: Porque muchos ya están linchando a Abarca, diciendo que él ya es responsable, ya lo están prejuzgando…

PGG: Tiene derecho a un juicio, a agotar todas las instancias, generar toda la documentación, la autoridad presentar todas las pruebas. Les digo: la presunción de inocencia y el debido proceso no es un derecho que se ganó gratuitamente, es para todas y todos sin excepción; no hay casos de excepción; al contrario, fortalece el que se lleve con todo rigor y estricto cumplimiento a los derechos humanos, ese derecho a la verdad que tendrán las víctimas y que también no se quede en una situación de impunidad, porque haya alguna insuficiencia en la investigación, de este u otros actores que puedan seguir en el deslinde de responsabilidades.

Entonces: sí, suele pasar, pero otra vez el llamado siempre es a la prudencia y a enfocarnos siempre a que como instituciones tenemos esa doble responsabilidad de la prudencia, pero sí del rigor que se tiene que hacer en la documentación del caso.

P: Inaudible

PGG: Aquí, insisto: cualquier persona que en un momento dado pueda tener una presunción de responsabilidad, un debido proceso y, sobre eso, con mucha claridad, tanto a las víctimas, antes que a nadie, y a la sociedad en general, porque todas y todos tenemos un interés de que nuestro país muestre que nuestras instituciones pueden reaccionar en pleno cumplimiento de los derechos humanos. Y sí: evitar las tentaciones, que al rato quieran sacar una nueva legislación o un tipo de crimen o un tipo de situación que no vaya con los mejores estándares de derechos humanos. Muchas gracias a todas y todos.