Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 221/2014
16 de noviembre de 2014
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Doctora Perla Gómez Gallardo, y el Procurador de Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California (PDHPCBC), Arnulfo de León Lavenant, sostuvieron una reunión de trabajo con miras a fortalecer las acciones institucionales de protección y promoción de los derechos de las personas migrantes en tránsito por el país.
Durante la reunión celebrada en las instalaciones de la CDHDF en el marco del Convenio de Colaboración suscrito por las instituciones, acordaron sumar a la PDHPCBC como aliada estratégica de la Red DH Migrantes, a fin de fortalecer las capacidades humanas de la Procuraduría en materia de promoción y protección de las y los migrantes en tránsito, retorno y personas en distintos contextos de movilidad humana.
Asimismo, se refrendó el compromiso de la CDHDF de enviar a Baja California a un equipo de capacitadores en materia de la aplicación del Protocolo de Estambul, respecto de la prohibición de la tortura.
Durante el encuentro, el Procurador Arnulfo de León Lavenant invitó a la Doctora Perla Gómez Gallardo a visitar, antes de que concluya el año, las instalaciones de la Procuraduría para ofrecer una conferencia sobre derechos humanos.
La Red DH Migrantes es una red que articula a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y organismos públicos de derechos humanos en México y Centro América; y está integrada por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Foro Nacional para las Migraciones de Honduras, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, la Casa del Migrante de Saltillo, así como la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
Tiene como principal objetivo incidir en las condiciones que, en el ámbito local, afectan el derecho a la dignidad, integridad y seguridad personales e incentivan escenarios propicios para la discriminación e intolerancia hacia los migrantes en tránsito.
