Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Comunicado 4/2014
22 de agosto de 2014
Entre los días 22 y 23 de agosto del año 2010 fueron ejecutadas 72 personas, de las cuales 58 eran hombres y 14 mujeres, en una finca del Municipio de San Fernando, Estado de Tamaulipas, en México, cerca de la frontera con el estado de Texas, EEUU. Estas 72 personas procedían principalmente de los países del llamado “Triángulo Norte de Centro América” (Honduras, Guatemala y El Salvador) pero también se encontraron nacionales de India, Brasil y Ecuador.
El estado de Tamaulipas ha sido por años territorio de tránsito de personas de nacionalidad mexicana y extranjera, especialmente centroamericanos que se dirigen hacia Estados Unidos. Las y los 72 migrantes víctimas de la Masacre de San Fernando eran –como tantos otros- personas que dejaron sus países en la búsqueda de mejores oportunidades de vida para ellos y sus familias, ante la inabordable situación de pobreza y violencia que viven sus comunidades de origen. Este doloroso evento constituyó uno de los principales acontecimientos que visibilizaron ante la comunidad internacional las graves violaciones a los derechos de las y los migrantes en tránsito por México.
A cuatro años de San Fernando, seguimos viviendo una violencia estructural hacia la población migrante en tránsito por el territorio mexicano, tal como se confirma en el Informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humanaen México” recientemente presentado por la Relatoría de Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La conmemoración de este evento es un punzante recordatorio de la necesidad de contar con un sistema efectivo de protección y garantía de los derechos humanos de esta población. En este sentido, la Red DH Migrantes hace un llamado público a que se agilicen las investigaciones en torno a esta grave violación de derechos fundamentales y se ponga un fin a la impunidad imperante.
La Red DH Migrantes también reafirma el derecho de los familiares de las víctimas a recibir, en condiciones dignas, los restos de sus seres queridos debidamente identificados como tales; además de exigirse el derecho ineludible de conocer la verdad, el derecho de medidas de reparación integral, el acceso a la información y el acceso a la justicia para las víctimas directas e indirectas y, por lo tanto, demandar que el Estado satisfaga los reclamos legítimos de las personas sobrevivientes y de las familias de las personas asesinadas en San Fernando. México debe, en este sentido, tal y como lo recomendó la CIDH en el Informe mencionado, desarrollar mecanismos de investigación coordinados regionalmente que permitan a los migrantes agraviados y a sus familiares, independientemente de su situación migratoria y de donde se encuentren, tener un acceso efectivo a la justicia.
La brutalidad que caracterizó estos hechos y otros similares ocurridos en los últimos años refleja el nivel de deshumanización del que son víctimas las y los migrantes en su paso por México. La Red DH Migrantes hace notar que la masacre de las 72 personas migrantes no representa un evento aislado y que, por lo tanto, la impunidad que se sigue viviendo suscitan contextos de violencia y discriminación que continúan afectando a las y los migrantes en situación irregular. Por ello, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos, el Foro Nacional para las Migraciones de Honduras, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, la Casa del Migrante de Saltillo, así como la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, integrantes de la Red DH Migrantes hacen nuevamente un llamado urgente a las autoridades competentes para asegurar que la ruta migratoria se pueda transitar con seguridad, que no se violen los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las tratados internacionales y que se reduzcan los altos niveles de impunidad que caracterizan a los crímenes cometidos contra las personas migrantes en tránsito por territorio mexicano.
Contacto: Carolina Jiménez, Coordinadora Regional, Red DH Migrantes
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