Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 147/2014
11 de agosto de 2014
La Trata de Personas con fines de explotación sexual constituye el segundo delito más importante desde la perspectiva del crimen organizado, por lo que es indispensable que instituciones públicas, academia y organizaciones de la sociedad civil realicemos nuestro mayor esfuerzo para contribuir a la erradicación de ese delito, afirmó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo.
Al participar en la presentación del Cuarto Informe del “Observatorio Contra la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual y Violencia Feminicida en el Distrito Federal”, en las instalaciones de la CDHDF, la Doctora Gómez Gallardo destacó que la trata de personas sigue siendo un problema grave en nuestra sociedad, con terribles consecuencias para las víctimas y los avances por erradicar este delito siguen siendo insuficientes.
Dijo que para la CDHDF, la problemática que representa la trata de personas es de gran preocupación, ya que implica una serie de violaciones graves a los derechos humanos, y en particular a los derechos de las mujeres cuando se comete con fines de explotación sexual. Es un delito que engloba varios delitos como el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia contra las mujeres, el feminicidio, las desapariciones forzadas, entre otros, agregó.
En este sentido, reconoció la importancia de los informes presentados por el Observatorio contra la Trata, que año con año ofrecen un panorama sobre la situación de este delito en nuestra ciudad, los cuales son elaborados a partir del análisis de la legislación, de las políticas públicas, así como de las prácticas, las sentencias y de la actuación del Poder Judicial.
Recordó que el Estado mexicano ha adoptado compromisos internacionales para promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y, en particular de los derechos humanos de las mujeres. Esto lo ha hecho, añadió, a partir de la ratificación de los tratados internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), y para el tema que nos ocupa, el Protocolo de Palermo, vigente en nuestro país desde el año 2003.
Indicó que estos compromisos implican la armonización legislativa, la generación de políticas públicas, el seguimiento a las prácticas de las instancias gubernamentales, y de manera sustantiva, buscan favorecer las condiciones para el acceso a la justicia de las víctimas de este delito, a fin de proveerles una protección integral, que les permita una reparación del daño de acuerdo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con perspectiva de género.
Añadió que a nivel local, entró en vigor el pasado 14 de marzo la “Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos de Trata de Personas del Distrito Federal”, pero el reto es asumir su plena implementación por parte de todas las autoridades y de los tres niveles de gobierno, porque trasciende ámbitos y fronteras, incluso internacionales.
Informó que la CDHDF ha recibido 28 quejas sobre el tema de 2011 a 2014 y ha emitido cuatro recomendaciones hacia instancias de gobierno y del Poder Judicial en el Distrito Federal por violaciones a derechos de víctimas de este delito y acotó que lo más importante es la prevención de situaciones y visibilización de las condiciones de cualquier tipo de trata para que se conozcan por parte de toda la sociedad.
Por su parte, María del Pilar Berrios, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, destacó la descoordinación institucional y los vacíos que deja la autoridad para tipificar e identificar plenamente el delito de trata y enfrentarlo conjuntamente.
A su vez, José Bonilla Sada, director ejecutivo de la Fundación Mano Amiga A.C., reiteró que el delito de trata de personas ha incrementado su presencia, no solo en el Distrito Federal como entidad central y capital del país, sino en prácticamente todos los estados de la República.
Finalmente, Miguel Ortega Villa, director del Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio Montesinos A.C.”, manifestó que la responsabilidad de las autoridades en este problema de la trata es mucha, pero al mismo tiempo la cooperación y denuncia de la sociedad en todos los casos de sospecha es fundamental.
El Cuarto Informe del “Observatorio Contra la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual y Violencia Feminicida en el Distrito Federal”, puede ser consultado en http://obstrata.blogspot.mx/
