Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 138/2014
23 de julio de 2014
- Se llevó a cabo en la CDHDF conferencia de prensa sobre Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidado Parental en México
- Casos como el de la Gran Familia en Michoacán constituyen una alerta
Casos de albergues como el de “La Gran Familia” en Michoacán y el registrado en años pasados conocido como “Casitas del Sur” en el Distrito Federal, constituyen alertas para evitar escenarios donde “buenas intenciones” de particulares suplanten la responsabilidad del Estado en el cuidado, protección y apoyo a niñas, niños y adolescentes ausentes de cuidados parentales.
Lo anterior quedó de manifiesto durante la conferencia de prensa “Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidado Parental en México”, realizada en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
La Presidenta de la CDHDF, Doctora Perla Gómez Gallardo, destacó que la supervisión del Estado en los albergues debe ser permanente, el caso de “La Gran Familia” es una advertencia para conocer a detalle qué pasa con los niños y niñas en los albergues, públicos o privados, desde su registro, hasta el seguimiento individual de cada caso particular, pues el interés superior es garantizarles todos sus derechos con políticas públicas integrales e interinstitucionales, toda vez que se trata de una responsabilidad social compartida.
Expuso que derivado de “Casitas del Sur” en el Distrito Federal, se impulsó el proyecto de la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes, que define acciones, políticas y presupuestos para invertir en esta labor.
Refrendó el compromiso de la CDHDF de mantener las revisiones periódicas y aleatorias a albergues públicos y privados en el Distrito Federal, en coordinación con autoridades y con la Junta de Asistencia Privada, para realizar supervisiones, además de incidir en las políticas públicas para que el desarrollo de este vulnerable sector de la sociedad acceda a un desarrollo integral en todos sus rubros con la coparticipación de autoridades y sociedad civil.
Nashieli Ramírez, Coordinadora General de Ririki, Intervención Social A.C. y Consejera de la CDHDF, destacó que la primera acción inmediata para evitar el degradable ambiente de los albergues en el país, es contar con un censo específico y puntual de cada niña, niño y adolescente, así como de personas adultas mayores para establecer el universo de atención.
Mencionó que hay datos del INEGI estimados del 2010, sobre 60 mil menores y adolescentes en albergues, donde “no vemos seguimiento individual sobre cada niña, niño o adolescente” y ello impide saber incluso por qué situación fueron llevados a estos espacios.
Coincidió con Margarita Griesbach de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C., con la Doctora Perla Gómez y con la Diputada Verónica Juárez, Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, en que en este caso no bastan las buenas intenciones de particulares, sino que es necesaria la intervención responsable del Estado y la Sociedad Civil para garantizar calidad de vida y desarrollo de quienes residen en los albergues.
La legisladora Verónica Juárez destacó que el problema no es nuevo y ahora se visibiliza por denuncias concretas; hay casos de hace 30 o 40 años que identifican la situación que se presenta en algunos albergues por falta de supervisión de los tres niveles de gobierno y porque se carece de una política pública integral.
En este sentido mencionó que hay culpables tanto por acción como por omisión, dijo, y particularmente en “La Gran Familia” sí existen responsables que deben ser llamados a cuentas en cuanto terminen las investigaciones.
Margarita Griesbach, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C., destacó que existen protocolos, experiencias nacionales e internacionales, así como lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para manejar estos espacios para niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales que deben ser atendidos en las políticas públicas locales con presupuestos específicos.
