Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 40/2014
15 de julio de 2014
Pregunta (P): Hablan de un diagnóstico en el Distrito Federal, ¿cuándo se iniciaría? Y también respecto al caso Casitas del Sur, ¿cada cuándo se hacen las revisiones periódicas y quien participa en ellas?
Doctora Perla Gómez Gallardo: Bueno, en el caso de Casitas del Sur lo que se hace es el seguimiento de los puntos recomendatorios que se emitieron para cada una de las autoridades. Una de ellas es muy importante, es justo la emisión de esta Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito Federal, porque eso permitiría atender muchos de los puntos que se detonaron a raíz del caso del cual se emitió la Recomendación.
En esta Recomendación respecto a Casitas del Sur tenemos tanto a SEDESO, al propio DIF, a la Procuraduría que fueron las autoridades que en su momento fueron recomendadas. Cada una de ellas ha hecho acciones en la cuestión de protocolos, pero con la legislación se podría integrar de mejor manera porque les da las competencias y sobre todo se ve por primera vez el eje desde la visión del niño y la niña. O sea, no se queda solamente en una cuestión de institucionalización.
Por otro lado, la Comisión realiza de manera permanente desde el área de Seguimiento las verificaciones a albergues. Lo que estaríamos mejorando nosotros en metodología, es generar vía aleatoria con una fórmula, de manera tal que no se sepa quién pueda ser evaluado o revisado, pero que sepan que constantemente a cualquiera de los albergues les puede tocar.
Con la Junta de Asistencia Privada hemos tenido el acercamiento porque mucho la intención es generar diagnósticos que les permitan identificar a ellos la oportunidad para mejorar los servicios que están prestando. En este caso nos convoca el tema de niñas y niños, pero tampoco hay que olvidar a los adultos mayores.
Lo que queremos hacer como Comisión es estar ahí para aquellos grupos que en situación de vulnerabilidad no pudieran acercarse a la institución a presentar alguna queja, sino estar en la supervisión constante para que sepan que estamos permanentemente, incluso también estaremos generando el acercamiento del Ombudsmóvil de manera aleatoria a espacios donde están personas en situación de calle.
¿Qué queremos hacer? Aquellas personas que tienen una dificultad por la situación de vulnerabilidad o porque no tienen la oportunidad de acercarse a la institución, se va acercar la Comisión a las propias instituciones.
En los albergues que nos vean como los aliados que les vamos a identificar las áreas de oportunidad, pero también que les vamos a evidenciar aquellas carencias que pudieran poner en riesgo el interés superior en el caso de niñas y niños o en materia de derechos humanos en los casos de personas en situación de calle y personas adultas mayores.
P: Precisar un dato, ¿cuántos albergues hay en el Distrito Federal?
Doctora Perla Gómez Gallardo: Eso es parte del diagnóstico que estaríamos ya documentando en función de la supervisión que se hace, porque efectivamente, y de ahí la importancia de no generar medidas correctivas que lamentablemente es la que nos convocan en la mayoría de los casos, sino ya ir diseñando política preventiva para generar bases de datos que puedan verificarse en el número y cantidad de albergues que puedan existir, porque muchos de ellos pueden tener la identificación clara porque son en materia de las propias autoridades que los tienen, eso es un registro más claro, pero lo que tenemos que supervisar y acercarnos es también, en lo que implica con la Junta de Asistencia Privada, a aquellos que se están dando por particulares. Aquí se detona una cuestión donde la observación a particulares también es una obligación del Estado cuando están haciendo funciones que están complementando esa labor.
P: Para cualquiera de los panelistas, ¿para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la señora Rosa Verduzco sí debe enfrentar un proceso jurídico?
P: A raíz del caso Casitas del Sur el Gobierno del Distrito Federal dijo que iba a hacer un censo de los albergues, no todos los que están en la ciudad, pero sí de los albergues con los que la Procuraduría iba a trabajar para canalizarlos. Yo quisiera saber si en ese diagnóstico que ustedes tienen, ¿ya tienen este censo porque ya tiene varios años y cuántos son los albergues que ha verificado y cuáles son los señalamientos o alguna connotación que hayan tenido para cada uno de estos albergues?
P: Yo quiero preguntarles sobre su acercamiento con el DIF, esta instancia que es la encargada de la intervención precisamente el Estado, en estos casos en donde el niño tiene que extraerse de la familia y estas situaciones. ¿Cuál es el acercamiento que han tenido? Por lo menos como medios de comunicación no nos han dado información, nos han dicho que no está disponible aún. ¿Entonces cuál es la estrategia, el sistema de diagnóstico o por lo menos los primeros acercamientos que han tenido con estas instancias?
P: Mi pregunta es, hablaba de “erradicación”, ¿me gustaría que abundara un poquito más a que se refiere con “erradicación”? y también preguntar a la Presidenta de la CDHDF, ¿qué tendría que hacerse para que no se repita aquí en el Distrito Federal lo que ocurrió allá en este albergue?
P: El domingo trasladaron a 57 niños del albergue “La Gran Familia” al Distrito Federal, ¿quiero saber si ustedes como Comisión o las organizaciones civiles han tenido contacto con estos niños, porque de la repartición, 57 vinieron aquí a la ciudad de México?
Margarita Griesbach, Directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, AC:Bueno, abonaría como algunas ideas generales. Yo no he tenido contacto con ninguno de estos niños. Reitero, la determinación tiene que ser caso por caso. Hay muchas cosas que son del orden asistencial, que se tienen que revisar, que si en los albergues la comida es adecuada, los espacios son adecuados, etcétera. Eso está muy bien y es necesario, pero hay otra cuestión que es fundamental que es la supervisión de la situación jurídica de los niños. Insisto en esto porque si no me acuerdo del caso Casitas del Sur, cuando recordarán algunos de ustedes que prontamente después de que hubo mucha visibilidad al respecto, se hicieron una serie de visitas y me parece que fue el Procurador, el Jefe de Gobierno y no sé quiénes más, visitando de albergue en albergue. Y en ninguno de los albergues se verificaba que esos niños estuvieran ahí legalmente; es decir, de hecho se podrían haber estado haciendo visitas para verificar que estuvieran en buenas condiciones los niños robados, lo cual es alarmante. Reitero, se tiene que saber qué se está haciendo, pero no sólo en términos de salud adecuada, atención adecuada, sino en términos de certeza y seguridad jurídica. En Casitas del Sur, y yo me atrevo a afirmar que debe suceder lo mismo en este caso, había niños con quienes la autoridad tenía contacto y que en otra mesa de trámite dentro de la misma Procuraduría había una denuncia por secuestro buscando a esos niños. Entonces no puede ser que mientras la misma autoridad que estaba encargada de investigar el secuestro de esos niños, estaba verificando que su ropa estuviera limpia.
Diputada Verónica Juárez Piña, Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados: Trataré de contestar algunas de las preguntas que aquí se han dado. Lo que tiene que ver con la comunicación que estamos haciendo, con independencia de la comunicación de manera bilateral que hemos tenido con algunas de las autoridades, la Cámara de Diputados estará solicitando la comparecencia de la Licenciada Laura para que sea ante la Comisión Permanente en donde se esté informando qué es lo que se está realizando en torno a las investigaciones, pero sobre todo en torno a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que tiene que ver precisamente con los traslados, qué es lo que se está valorando, cómo se están tomando las decisiones y por qué.
Y por otra parte en lo que tiene que ver con si puede resultar responsable de algún delito la señora Rosa Verduzco, personalmente, es decir, tendremos que esperar a que culminen las investigaciones, pero lo que es cierto es que cuando actúa la PGR es porque hay algún delito que tiene que ver con el orden federal, pero evidentemente hay delitos también del fuero común, y en mi opinión la señora Rosa Verduzco es responsable de muchos de ellos, pero también junto con la autoridad, y tenemos también que deslindar responsabilidades a la autoridad, que ha sido la principalmente omisa.
Doctora Perla Gómez Gallardo: Bueno, en el caso de los procedimientos que se lleguen a iniciar por la situación que se reportó, pues se presumen que están las denuncias, aquí lo importante es que haya un debido proceso, que se lleve a cabo todo lo que se tenga que agotar, pero sí que se vaya manejando no sólo el enfoque de las omisiones que pudieron haber llevado las personas particulares que llevaron este servicio, sino también las omisiones que pudieron haber tenido autoridades que tienen que supervisar y verificar en qué condiciones se dan estas condiciones. Y la otra también es muy importante, porque sí ponen una alerta como un foco rojo a todos los demás albergues que existen en nuestro país. El hecho de decir que no tenemos que esperar a que existan las denuncias o que estemos en una situación de urgencia ya para rescatar a niñas o niños, sino que de manera permanente se pueden estar manejando las políticas públicas integrales, donde no sólo las buenas voluntades son suficientes, y el hecho de que se lleven los procedimientos como correspondan. O sea, finalmente cualquiera podemos generar una opinión respecto a la posible responsabilidad o no, pero será más bien ya en la determinación del propio caso que lleve a cabo la Procuraduría donde se deslinden las responsabilidades. Lo que sí debe tener muy claro es qué está pasando en la visión institucional de los albergues respecto al Interés Superior de las Niñas y de los Niños. En todo contexto y bajo principios internacionales siempre deben de ser escuchados.
En el caso de “Casitas del Sur”, nosotros damos el seguimiento para efectos de los niveles de cumplimiento que se están dando en cada uno de los puntos recomendatorios. Uno muy importante, insisto, es la parte de la Ley de Cuidados Alternativos, porque lo que hace es una política integral, transversal, con coordinación adecuada entre autoridades, desde una visión donde no se institucionalicen a las niñas y niños, y en donde estaríamos manejando la ruta también para la eficacia.
Hay que también decirlo con toda claridad, una ley que no se le dote con la suficiencia presupuestal y competencia para que lleve a cabo estas acciones va a terminar siendo obsoleta. De ahí que en este momento estamos esperando que se terminen de adecuar las observaciones que se hicieron a la Ley para que realmente sea operativa. Y con la Junta de Asistencia Privada hemos tenido ya el acuerdo de dar el seguimiento con organizaciones internacionales y sociedad civil, a los puntos que vienen después de la Ley, que son Protocolos y Lineamientos para que realmente no se convierta en una simulación, sino en una verdadera forma de incidencia en protección de los derechos de niñas y niños. Aquí mismo en la Comisión hubo un intercambio con otros países sobre las mejores prácticas en los albergues que se han tenido para cuando es el Interés Superior de los Niños. Nos lo compartieron y tenemos el compromiso permanente, en cuanto se detone la Ley, de estar dando el seguimiento a los Protocolos y Lineamientos. Ahí la sociedad civil también es muy estratégica porque permite esa observación y esa detección de los propios problemas.
En el caso del DIF hemos tenido acercamientos en otros temas, en el caso de niñas y niños migrantes, que se ha también generado toda una cuestión de la necesidad de tener políticas públicas integrales. Finalmente el Distrito Federal sin ser una ruta permanente para el tránsito de personas, sí tiene políticas públicas en ese tenor y sí se puede mostrar que puede haber políticas integrales de protección de niñas y niños que están en tránsito.
De ahí también estamos retomando, en el caso del DIF, la articulación porque se trabajó con ellos la propuesta también de ley para ver cuál es el mecanismo más óptimo para llevar a cabo este tipo de seguimiento en el caso de los albergues.
Y en el caso de las niñas y niños que en este momento se están entregando en diferentes estados de la República, estaríamos solicitando en el acercamiento institucional para verificar en qué condiciones están llegando, a dónde se estarían llevando y generar un seguimiento adecuado; porque en este caso derivado del número de niñas y niños que se están reasignando a otros albergues, pues sí tener mucho cuidado en el manejo y la situación de cómo se están acercando.
Y en el caso del Distrito Federal, el hecho de que se llegue a hacer esta interlocución para que vengan para acá, estaríamos también observando como Comisión en qué condiciones se está llevando a cabo estos trámites.
Y en el caso de efectivamente el cómo evitar que estas situaciones se den, es muy importante que no sea reactivo, que no sea correctivo. Muchas veces estamos reaccionando que ya detonan, lo decía muy bien la Consejera Nashieli, que hay temas en diferentes estados que han suscitado la reacción del Estado mismo para generar policía pública. Aquí lo que nos convoca este tipo de situaciones es que lejos de tomar el tema sobre la responsabilidad o no que deberá de deslindarse, es saber que en este momento existen estos fenómenos y que como instituciones tenemos que estar ahí de manera permanente llevando este tipo de verificaciones.
Con todo gusto y en el boletín también estaremos dando los datos precisos del número de verificaciones que se han estado haciendo; cómo se estarían haciendo también los seguimientos y con todo gusto también estar permanentemente informándoles en qué condiciones se encuentran los albergues. Y es una llamada de atención a todas las personas de decirles: “las instituciones tenemos una obligación y vamos a estar ahí», porque aún en las mejores intenciones puede haber excesos o puede haber omisiones que no estén velando por los verdaderos principios que las convocan. En ese sentido estaríamos trabajando. Gracias.
Consejera Nashieli Ramírez: Finalizaría básicamente con lo de qué es erradicación. Básicamente lo que las directrices de la ONU marcan es que las instituciones con más de 80 niños y/o niñas desaparezcan, hay que cerrarlas, que no operen instituciones con más de 80 niños. Básicamente eso es. Y es lo que tendríamos que estar haciendo en México. ¿Por qué preocupa? Porque no sabemos cuántas hay, muchas rebasan los 80. Hay que tener políticas públicas dirigidas a eso.
Déjenme compartirles. A ver, a principio de año se anunció un programa para apoyo a adolescentes embarazadas a nivel federal. Lo que hace la Federación es ir a afirmar con una institución que había venido operando muy bien a nivel local en Guadalajara, el trabajo con adolescentes embarazadas. Y lo que hacen es promover que le van a enviar niñas embarazadas de todo el país. Eso está caminando exactamente al contrario de lo que nos están diciendo las normas, porque lo que está haciendo de una institución que operaba bien con 20, le vas a meter 150, 200. O sea estás yendo exactamente en contra. Ésa es la erradicación.
Y lo otro finalizaría con la parte de la certeza, de la seguridad jurídica, de las mismas preguntas que ustedes están marcando. No sabemos cuántos albergues hay, no sabemos cuántos niños, niñas y adolescentes hay, no sabemos qué está pasando con los 57 que mandaron al DF, con los tres que están mandando a Tamaulipas, con los 10 que están mandando a Guanajuato. No se sabe.
Y finalmente, la gran lección y lo que tendría que preocuparnos de La Gran Familia, es que ahí los miles de niños y adolescentes que pasaron ahí no nada más no tenían certeza y seguridad jurídica, estaban ahí, al margen de las pocas leyes y la poca institucionalidad que tenemos. Porque a cualquiera de nosotros, todo, incluyendo los niños y los adolescentes, y los adolescentes sobre todo que ya son sujetos digamos imputables, tienen derecho a un juicio, tienen derecho a que alguien les diga qué tan culpables o no que son, tienen derecho a la restitución del Estado. Los niños que estaban ahí, porque en lo que se fue convirtiendo eso fue en un correccional del terror, no tenían ni siquiera esos mínimos derechos que son los que tienen hasta el mayor de los sujetos adolescentes. Puede ser que estén cometiendo faltas a la Ley. Ninguno de estos niños y adolescentes lo tenían ahí y yo creo que eso nos tiene que llevar a una reflexión. Gracias.
P: Perdón, nada más, sobre el censo que la Procuraduría dijo que iba a hacer de la relación de las… ¿Ustedes tampoco tienen conocimiento?
Doctora Perla Gómez Gallardo: Les damos el dato. Pedimos el dato en Seguimiento, para darles un corte de cómo viene el desarrollo del seguimiento del caso de la Recomendación que de ahí se deriva, y les actualizamos con el dato preciso.
P: Este problema de Mamá Rosa, pues llama la atención que usted dice, que ya se prenden focos rojos con esta situación entonces, a nivel país, ¿está el problema de albergues? Esto dice que apunta a focos rojos y, en el Distrito Federal pues, ¿haría un llamado entonces o cuál es la situación? Porque en el Distrito Federal no hay control de los números de albergues.
Doctora Perla Gómez Gallardo: Justo era lo que señalábamos, que detonó en el año 2008 y se emitió la Recomendación en el 2009 por el caso Casitas del Sur. Y la necesidad de la implementación de la Ley de Cuidados Alternativos. Aquí lo que se detectó fue, precisamente, en la falta de coordinación entre autoridades y la situación de institucionalización de niñas y niños, el hecho de que no se estaba manejando como foco y el enfoque, los derechos de las niñas y los niños. Lo que se está haciendo en el seguimiento de la Recomendación ya es instauración de políticas públicas. Lo que estamos manejando con la Junta de Asistencia Privada es muestras aleatorias para estar verificando en qué condiciones están los albergues y generar datos certeros que se vayan actualizando. Sí, efectivamente, de repente se da de manera correctiva. El caso del Distrito Federal que implementó ya políticas en esta materia se derivó de Casitas del Sur. El caso Michoacán lo está detonando otra situación.
Lo que no tenemos que esperar es que pasen los casos para que se anticipe. Lo dice la Consejera, en el caso de lineamientos, cuestiones que se recomiendan a nivel internacional de cómo se tienen que llevar a cabo los albergues y vemos que, no necesariamente se está cumpliendo en las diferentes entidades. Este caso que detona el visibilizar la problemática de los albergues a lo que nos obliga es, a esta ahí y a verificar y a dar los datos permanentemente, para que no se quede en un estado de comodidad o de buenas intenciones y de que, efectivamente, las instituciones no pueden ser ajenas a estas políticas públicas.
P: Más allá de las Recomendaciones que menciona, del caso Casitas, entonces, ante esta situación, ¿ustedes como Comisión qué relación tienen con el DIF del DF, ya no hablemos con el DIF estatal, del DIF nacional?
Doctora Perla Gómez Gallardo: Con el DIF se ha estado trabajando institucionalmente en lo que fue el desarrollo de la ley para la cuestión de evitar la institucionalización de niñas y niños. Y como hay varias autoridades que concurren cuando hay niñas o niños en situaciones, por ejemplo, que hayan sido sujetos a una familia que los dejó en abandono o sujetos a una familia que hay violencia intrafamiliar, lo que se detectó, derivado de la Recomendación, en el caso de Casitas del Sur, es que faltaba una interlocución más adecuada entre las propias instituciones y protocolos de actuación que verificaran el caso de las niñas y de los niños. Con esta nueva ley que se trabajó desde sociedad civil, Asamblea, con el propio DIF y la Comisión, lo que se está dando es un enfoque diferente para evitar una que, simplemente, se deje a un niño como en depósito, sino que se verifique si hay algún familiar o una persona que pudiera darle un cuidado alternativo en lo que determina su situación jurídica. Eso no se había dado en ningún estado. Es la primera vez que queremos que en el Distrito Federal el enfoque, cuando un niño está en una situación que puede llegar a algún albergue, se verifique previamente que condiciones podría tener una mejor forma, en que se les pueda estar apoyando, en lo que se determina su situación jurídica.
P: ¿No vigilan ustedes el cumplimiento de los derechos humanos en cada albergue?
Doctora Perla Gómez Gallardo: Sí, claro. Se hacen las verificaciones que les digo. Cada mes, en el área de seguimiento, para efectos de verificar en qué términos se están manejando la situación de los albergues. Y ahora estamos con la Junta de Asistencia Privada generando una ruta de diagnóstico y de evidencia de casos para evitar que también haya este tipo de situaciones. Con gusto, les podemos dar una nota sobre las acciones que se han estado desarrollando para que tengan ustedes un seguimiento al respecto.
