Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Discurso 56/2014
23 de julio de 2014
Yo quisiera abordar este tema, lo comentábamos hace un momento, que cuando suceden este tipo de eventos y se dan a conocer, salen a la luz pública circunstancias, situaciones sumamente preocupantes, nos rasgamos las vestiduras, nos largamos a lamentarnos, nos preocupamos y luego no pasa nada. Me parece que lo fundamental, por supuesto, en un caso como este es, ante esta alarma y ante la preocupación que debe generar una situación como lo genera la condición de vida de los niños en el alberge de Mamá Rosa, es cuál es el problema y qué está pasando.
Quisiera abordar tres puntos de manera muy concreta; un punto que me parece que vale mucho la pena reiterar, que lo escuchamos una y otra vez, es que las buenas intenciones no eximen o colocan a nadie por encima de la ley.
Recuerdo cuando, en el tema de Casitas del Sur, personas que me sorprendieron enormemente, que me dijeron, “Margarita, es que parece que sí, a los niños se los llevan para darlos en adopción”, como en buen plan. ¿Y eso altera las cosa de alguna manera? Otras personas me dijeron “Margarita, parece que se llevan a los niños porque esas familias deveras, sí tienen problemas”. La intención que se tenga en cuanto a cómo se determina el futuro y la situación jurídica de un niño es absolutamente irrelevante. Existen procedimientos legales y los niños no pueden, por buenas intenciones que haya detrás, ser trasladados como objetos, cambiados de una residencia a otra, mucho menos violados sus derechos fundamentales, como la libertad y la relación con la familia.
Este tema se vincula mucho con el otro tema que es el evidente vacío del Estado. Hay una serie de argumentaciones que dicen, “bueno, esas cosas suceden porque el Estado no está asumiendo la obligación que tiene frente la infancia”. Por supuesto que tienen razón. Y surge la pregunta, ¿qué hacemos con estos niños? Y la respuesta es, no hacemos nada con éstos niños. Se hace algo con cada niño. Niño por niño. Es como decir, “y qué hacemos con la delincuencia, entonces, metámoslos a todos a la cárcel sin un juicio previo”. Pues no. Cada niño requiere de una intervención jurisdiccional, que estudie y analice cuáles son las necesidades, cuáles son los derechos afectados y determine lo que corresponde. Ninguna persona puede atribuirse esas facultades mucho menos un particular, pero tampoco autoridades. En el tema de Casitas del Sur lo vimos muy claramente, Ministerio Públicos hacían canalizaciones permanentes, es decir, determinaban una nueva Guardia y Custodia para un niño, eso es algo que un Ministerio Público no puede hacer, tiene que haber una intervención jurisdiccional es decir, de un Juez, para determinar la modificación de la situación jurídica de una persona.
Y también, comentarios lamentables, que he llegado a escuchar, “bueno, pero es que eso implicaría un caso por cada niño”. Sí. Es un punto indispensable, el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos implica recursos y esfuerzos institucionales. Implica recursos y esfuerzos institucionales diversos, profesionales y especializados. Esto quiere decir que, los temas de Derechos de la Infancia no se pueden resolver con una sola institución. ¿A quien le mandamos a los niños? Al DIF, a la Delegación al Municipio. Los niños, como todo ser humano, para ejercer sus derechos requieren de un Estado y no de una institución.
El último tema que creo que también se vincula con este tipo de casos es una verdaderamente inaceptable tolerancia de la pobreza para los pobres. Cuando vemos imágenes en éste y muchos otros casos que hemos conocido como sociedad mexicana, de niños que viven o son albergados en condiciones deplorables, algunos comentarios son, “bueno, pero es que estaban en la calle”. El punto de partida me parece que está, justamente, al revés. El punto de partida no es la carencia, el punto de partida son los derechos que tienen los niños como todo ser humano. Ese es el parámetro que establece el deber ser. Si nosotros partimos de que el deber ser se utiliza como parámetro, la carencia en la que se pudo encontrar una persona en un momento dado, pues entonces sí, como Estado estaríamos actuando como el “peor es nada”, y esa no puede ser la respuesta que una sociedad brinda a su infancia, mucho menos el Estado.
¿Qué hacer? Supongo que lo que pudiera ser, una nota más optimista, es el camino qué se requiere para el cumplimiento de las obligaciones Estado frente a la infancia está bien trazado. Hay amplia documentación al respecto de cómo deben funcionar sistemas de protección integral a la infancia, hay experiencias nacionales que se han llevado a cabo. UNICEF tiene muchas publicaciones como las hay a nivel internacional. No es Gaia ciencia, lo que sí es, es muchos recursos que se tiene que verter en torno a la construcción institucional y formal de los sistemas de protección integral. Muchas gracias.
