Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 37/2014
10 de julio de 2014
Pregunta (P): Sobre las amenazas que se vivieron aquí en el Distrito Federal, de las que hablaba, ¿de qué tipo de amenazas estamos hablando y de dónde provenían?
Doctora Perla Gómez Gallardo (PGG): Principalmente en el Distrito Federal lo que se vivió en el año pasado fue en la cobertura de las manifestaciones. Lo que se tiene documentado por la Comisión es mucho en el ejercicio. Nos preocupan casos como las oficinas de CIMAC o Contralínea, donde se hizo una intromisión dentro de lo que son sus instalaciones, y lo que esperamos ahí son mecanismos eficaces de documentación de los casos para evitar que haya estas medidas indirectas de ataque a la libertad de expresión.
Por otro lado, tenemos lo que es el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensoras y Defensores, que esperamos se convierta en una ley, para que tenga, tanto asignación de recursos, mecanismos transparentes y claros y rutas estratégicas de protección. Sabemos que en la Ciudad de México, afortunadamente no hay un tipo de amenaza que pase por el riesgo de perder la vida, pero sabemos también que es la Ciudad de México el espacio que buscan en otras entidades federativas periodistas o defensores para poder tener un entorno en donde puedan buscar una estrategia, una ruta que permita que conserven su vida cuando tienen una situación de amenazas.
Sabemos que hay periodistas en el exilio, sabemos que hay periodistas amenazados, sobre todo, en el caso de México sigue siendo y continúa una situación de alerta, el día de hoy y con Freedom House lo que se está proporcionando aquí en la Comisión es un taller de mecanismos de protección para cobertura en situación de riesgo, como una vía que inhiba y como una forma de darles herramientas a las y los periodistas, y defensoras y defensores para llevar mejor su trabajo.
P: ¿Pero sí hay garantías en el Distrito Federal para poder ejercer el periodismo?
PGG: En el tipo de agresiones o amenazas que se viven son más de características indirectas. Aquí lo importante es que la Ciudad de México se ha convertido en este espacio donde llegan de otras entidades federativas para buscar una forma de conservar su propia vida, o las situaciones cuando viven amenazas.
Lo importante es que la Ciudad de México sea el referente, porque ya ha habido mecanismos, por ejemplo la despenalización de los delitos contra el honor, la Ley de Honor, Vida Privada y Propia Imagen, que existe la Ley del Secreto Profesional del Periodista, pero hace falta una ley de mecanismo de protección de defensoras y defensores, porque finalmente la Ciudad de México, les digo, puede ser el referente de las mejores prácticas de protección. Lo que queremos es que no sean medidas correctivas, sean medidas preventivas, porque lamentablemente nuestro país sí vive una situación de riesgo en el ejercicio del periodismo.
P: Doctora, ¿cuántos periodistas tienen ustedes registrados que son exiliados y de qué entidades?
PGG: Éste es un informe que se va a dar el día de hoy por parte de Freedom House. Nosotros, lo que se tiene documentado, son 625 tipos de agresiones que se pueden sufrir, hay medidas indirectas y directas, las más graves son la pérdida de la vida o las situaciones de desaparición, principalmente son aspectos que van desde ataques indirectos por demanda, situaciones de acoso, situaciones de lesiones, la situación que decíamos de agresiones a las instalaciones que se tienen de los medios, pero coinciden, lamentablemente, en estados de la República que tienen también situaciones de violencia.
Aquí el contexto es darles herramientas a las y los periodistas para que cubran en espacios donde sabemos que hay situaciones de violencia, por el contexto que se vive en esas entidades. Y lo más importante es que sean medidas preventivas, que tengan herramientas que eviten que se pongan en una situación de riesgo innecesario.
En el caso de la Ciudad de México, lo que hace falta es esta ley del Mecanismo. Hemos tenido acercamiento con la Asamblea, estamos confiados en que con la articulación de Sociedad Civil, con las y los periodistas y defensoras y defensores se logre una ley idónea que realmente ayude con rutas estratégicas que permitan identificar situación de riesgo inmediato para ayudar a esa persona que esté en ese contexto.
P: Doctora, de acuerdo con informes de Organizaciones Civiles, las agresiones contra periodistas en el Distrito Federal se incrementaron, sobre todo en las movilizaciones sociales.
PGG: Aquí lo que queremos efectivamente, lo de la Comisión, lo que se ha documentado, sobre todo en el año del 2013, fueron la situación de las coberturas en las manifestaciones. Lo que hacemos por parte de la Comisión es emitir inmediatamente medidas precautorias para que se permita que se lleve a cabo la cobertura que llevan las y los periodistas. El acompañamiento que ha dado la Comisión en momentos de manifestaciones. Tenemos el Ombudsmóvil y las y los Visitadores en estrategias para acercarnos e iniciar, a veces lo hacemos de oficio o directamente cuando hay una situación de queja por parte de alguna de las o los periodistas, que se documente adecuadamente y que se lleven los mecanismos para que puedan ejercer de manera libre sin riesgo esta situación. Aquí lo importante es que las autoridades establezcan estos mecanismos; por parte de la Comisión generar estos tipos de talleres para que lo puedan hacer en mejores condiciones, sobre todo el hecho de que no haya censura previa, de que no haya instrumentos o situaciones que inhiba o que prohíba que ustedes puedan ejercer la cobertura de este tipo de situación. De ahí la importancia de generar estos talleres, mecanismos, articulación, y que las autoridades en su momento determinen las responsabilidades cuando cualquiera de las o los periodistas sufra algún tipo de agresión.
P: ¿Cuántas quejas hay? ¿Cuántas quejas tiene la Comisión?
PGG: Nosotros desde el 2013 hay alrededor de 125 casos, van desde lo que implican las coberturas de las manifestaciones, hasta allanamientos que tuvieron en el caso de CIMAC y más recientemente en la Revista Contralínea. Lo que queremos es que haya una respuesta inmediata en cuanto a la documentación de los casos, que no haya omisión por parte de las autoridades al momento en que determina quiénes pueden ser los presuntos responsables, y que se vaya fortaleciendo en el mecanismo de las leyes también el hecho del secreto profesional del periodista, el que no haya acoso indirecto vía las demandas que se pueden tener y el que sí se den estas capacitaciones para coberturas en situación de riesgo, que en este caso lamentablemente se está dando en las manifestaciones.
P: ¿En el caso de Veracruz tiene el número de periodistas que se han refugiado en el Distrito Federal?
PGG: No, y nada más una cuestión, y es una situación también de riesgos, que generalmente no se tienen la documentación específica de quiénes están en un momento dado en el exilio. Ha pasado que personas que regresan del exilio llegan a su comunidad y pierden la vida. Con todo gusto les podemos dar el dato técnico y con Freedom House que el día de hoy estaría presentando el dato de las 10 entidades que estuvo rastreando, porque finalmente es recopilación empírica. Lo están haciendo desde las experiencias de las y los periodistas que viven la situación de riesgo.
P: En el estado de Veracruz se quejan de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos estanca las quejas de periodistas, ¿usted tiene algún dato al respecto?
PGG: Nosotros por competencia no tenemos la situación de la documentación que se está llevando en el estado de Veracruz. Sabemos que es una de las entidades en donde ha habido asesinatos de periodistas recientemente. Lo más importante, y en cualquier esquema, cualquier autoridad, es mandar un mensaje claro de que no haya impunidad. Primero es que sean medidas preventivas para evitar la situación de riesgo y segundo es que no haya impunidad y que haya una documentación clara. Es muy importante y es algo que sigue faltando en el país. Sólo Baja California Sur tiene la obligación del Ministerio Público para abrir la línea de investigación por libertad de expresión. Todas las demás entidades federativas no obliga al Ministerio Público a documentar cuando fallece un periodista, la línea de libertad de expresión, eso hace que se vaya a homicidio o se vaya a situaciones que pudieran descalificar incluso la labor del periodista.
Lo importante es que no haya impunidad. Tiene que haber responsables claros. Tiene que haber tiempos claros. Sobre todo tiene que haber una documentación sobre qué publicó, qué iba a publicar o qué intereses afectaba la o el periodista que se vio en una situación de riesgo. Ahí es una deuda pendiente en materia legislativa y en los códigos de procedimientos penales se tiene que integrar esa obligación, porque ese va a ser un punto de inflexión para la documentación adecuada. Uno de esos casos es Veracruz, pero sobre todo en todas las entidades. Sólo un estado de la República tiene esa obligación y de ahí vemos que la documentación falla porque no tenemos mecanismos eficaces. Gracias a todas y todos.
