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Transcripción de la entrevista a la Presidenta de la CDHDF, Doctora Perla Gómez Gallardo, en la presentación del Informe Especial 1DMx. sobre el impacto psicosocial en las víctimas de los acontecimientos del 1 de diciembre de 2012, realizado en el salón Digna Ochoa y Plácido de esta Comisión.

Transcripción de la entrevista a la Presidenta de la CDHDF, Doctora Perla Gómez Gallardo, en la presentación del Informe Especial 1DMx. sobre el impacto psicosocial en las víctimas de los acontecimientos del 1 de diciembre de 2012, realizado en el salón Digna Ochoa y Plácido de esta Comisión.

Transcripción 016/2014

10 de abril de 2014

 

Pregunta (P): Doctora, ¿pudiera poner en porcentaje al nivel de cumplimiento de la Recomendación 7/2013?

Doctora Perla Gómez Gallardo (PGG): En sí en cada uno de los puntos recomendatorios ha habido alguna actuación. Lo que no hemos podido es dar por concluido ninguno de los puntos por autoridades, porque hay protocolos que estamos en revisión. Digamos que la parte más sensible y en la que estamos dando seguimiento es sobre los procesos judiciales. Exhortamos y reiteramos a la autoridad que no haya apelaciones por parte de la Procuraduría en los casos donde se vayan generando ya las sentencias absolutorias, y en aquellos otros donde se tenga que llevar una defensa que no se obstaculice. Por otro lado, en los protocolos y revisión hemos estado dando acompañamiento. Hay varios que se han generado. Sí hemos visto ciertas diferencias en diversas manifestaciones, pero queremos seguir documentando que esos protocolos que se crearon a raíz de la Recomendación del 1° de diciembre, sean eficaces y eviten que se vulneren derechos humanos de nueva cuenta. Por otro lado, y aunque no viene en la Recomendación, hacemos un exhorto muy puntual al Jefe de Gobierno a efecto de que instruya de que se anule todo registro en aquellos casos donde hubo absolución de las personas, de tal suerte que no quede una estigmatización ni un registro en el sistema penitenciario o judicial donde se quiera utilizar como un precedente en contra de las víctimas el caso del 1° de diciembre.

 

P: ¿Específicamente cuáles son los daños psicoemocionales? ¿O sea, tienen temor, no han vuelto a aparecer en manifestaciones?

PGG: Lo que se hace es una revisión integral de la documentación. El Informe lo pueden ustedes consultar a partir de hoy en la página. Lo que se está haciendo es un diagnóstico gracias a entrevistas, y en el caso de las entrevistas que ya tenemos documentadas, lo que estamos revisando es un elemento objetivable para que la autoridad pueda generar las indemnizaciones. Es muy importante destacar que este documento que se está generando gracias a las víctimas que confiaron en la Comisión y que se hicieron vía entrevistas, tiene un rigor metodológico, tiene una integración también en materia de estándares internacionales y permitirá ser un referente de aquí en adelante de formas de indemnización para personas que sufren violación de derechos humanos.

 

P: Pero a partir del diagnóstico, ¿cuál va a ser realmente no sólo el llamado sino la posibilidad de llamar a cuenta a autoridades que fallaron en su labor?

PGG: De entrada estamos en el seguimiento de las averiguaciones previas que se iniciaron a través de las autoridades presuntamente responsables. No se ha dejado de ver las actuaciones. Estamos dando el acompañamiento para efectos de ver cómo se están integrando y que haya responsabilidad puntual para aquellos que cometieron las violaciones. Por otro lado en materia de la indemnización esperamos que haya una reacción inmediata por parte del Gobierno. Este es un insumo que pueden tomar en cuenta y que sí haya inmediatamente ya los mecanismos indemnizatorios caso a caso, víctima por víctima.

 

P: Doctora, ¿se criminaliza o no la protesta social en el Distrito Federal y en el país en general?

PGG: En este caso hubo un antes y un después del 1° de diciembre en el Distrito Federal. Es muy importante que los mecanismos de actuación de la autoridad estén regulados bajo estándares de derechos humanos, que los protocolos se emitan, que sean eficaces y sobre todo que en las vías de detenciones arbitrarias no haya sentencias o condenas sí vemos que hay elementos objetivables, sí vemos que hay defensas donde se es más que evidente que no debieron de detener a las personas. Estos casos que se documentaron es un referente de aquí en adelante para efectos de evitar y de sancionar a autoridades que en un momento dado generen algún tipo de detención arbitraria. Lo más importante es mejorar los mecanismos-protocolos de actuación. Le estamos dando seguimiento aún antes y después ahora en reclusorio, que había violaciones en la forma de acceso. Sigue pendiente también de que cuando se consigne a una persona, fue el caso que se recomendó en la Recomendación del 1° de diciembre y que fue reiterado también en la Recomendación de Marduk, pero que se integraba ya desde la del 7/2013, donde se tiene que llegar con pliego de consignación cuando se llega a reclusorios, situación que se ha desfasado en horas. Ese tipo de mecanismos o protocolos se tienen que ir actualizando, porque finalmente son personas las que pueden padecer en este tipo de contexto.

 

P: Doctora, ¿cuántos casos ha atendido por concepto de criminalización de la protesta social durante el primer año de Mancera?

PGG: En este caso lo que se dio fue en el 1° de diciembre, la situación de los casos de las detenciones, que fueron 104, y que se documentaron en la Recomendación 7/2013. Estamos viendo el seguimiento del caso 2 de octubre. Confiamos, porque ya hay un amparo en favor de varios de los detenidos por el video donde no aparecen al momento de su detención, en que no haya apelaciones por parte del Gobierno y que puedan obtener, dado que ya lograron su amparo, una absolución y una libertad plena.

 

P: Doctora, ¿la autoridad es la que genera la violencia durante las protestas sociales?

PGG: En este caso lo importante es la libertad de la protesta social como una forma plural de manifestarse en una sociedad como la nuestra, y lo más importante es que toda actuación de autoridad se rija bajo estándares de derechos humanos. Y la violencia no comunica. Siempre el exhorto, y se ha demostrado en últimas manifestaciones, se puede hacer de manera pacífica, plural e integral, pero de ninguna manera, y esta Comisión ha reiterado, exhortado y documentado, casos donde pudiera haber una tentación de regular la movilidad en cuanto a manifestaciones. Nosotros lo que exhortamos siempre es la pluralidad, el respeto, el derecho a la protesta social, el derecho a la manifestación siempre en los mejores términos y una actuación de autoridad responsable que pueda generar una armonización de los derechos cuando se ejercen en la capital.

 

P: ¿Cuántas personas tienen que ser indemnizadas por el Gobierno de la ciudad?

PGG: En este caso conforme a la Recomendación están los 104 casos. Estaríamos viendo la documentación. Se tendrá que emitir. Este es un Informeque le da de manera objetivable estándares para hacerlo con los mejores términos, y en ese sentido aceptamos una aplicación inmediata, que se vaya individualizando caso a caso para que se vayan las medidas indemnizatorias. Hay que recordar que esto es una parte de indemnización económica, vienen las otras partes de mejora de protocolos que se están generando y sobre todo de la absolución y de los procedimientos que están todavía activos, donde esperamos, insisto, que el Gobierno no apele para no entorpecer la defensa de las personas que están en este momento sujetas a procedimiento.

 

P: Doctora, ¿esta figura del encapsulamiento que hace la policía para evitar desmanes, es válida?

PGG: Fue una de las cuestiones que se están revisando en protocolos a efecto de que siempre se permita transitar, que se armonice y que sea bajo estándares de protección y no de violencia o actuaciones indebidas de uso de la fuerza.

 

P: Doctora, ¿van a tener presencia hoy ustedes de la Comisión en la manifestación que va al Senado de la República?

PGG: Sí, hemos seguido acompañando en las manifestaciones de las que tenemos conocimiento en diferentes momentos, sobre todo en una vía de inhibición, una vía para que sepan que estamos ahí observando, para que se lleven a cabo, cada quien en el ejercicio de sus libertades, su derecho a la manifestación.

 

P: ¿Cuál es el llamado con ese Informe a las autoridades, en particular al Poder Legislativo y al Ejecutivo, que han generado iniciativas que pretenden regular, por ejemplo, las protestas en las calles?

PGG: De entrada, la regulación de las manifestaciones no debe de darse bajo ningún contexto en una cuestión de prohibición. La materia penal debe ser siempre la última opción cuando se quiere regular cualquier situación y puede hacerse, sobre todo, en cumplimiento de protocolos, mecanismos, capacitación de la propia autoridad el que puedan generar en mejores términos. Por parte del Ejecutivo el exhorto muy puntuales a que se generen las indemnizaciones. Tienen elementos ya con este Informe para poderlo llevar a cabo; que no se apelen los casos en los cuales se están llevando las defensas y sobre todo que se anulen los registros de aquellas personas que en su momento tengan su absolución. Que no haya un vestigio que en este Gobierno se quiere violar derechos humanos o no se respeta derechos humanos. Tiene la oportunidad, reiteramos, en el caso del 2 de octubre hay jóvenes detenidos, ya tienen su amparo; se van a emitir nuevas resoluciones, que el gobierno acompañe, que el gobierno no obstaculice las defensas que están llevando a cabo y que en su momento se anulen los registros de las personas que sean absueltas, porque esos casos los estaremos documentando por parte de la Comisión, que no se deben repetir. Pero sobre todo, hay víctimas en este momento que están sujetas a procedimiento y son a las que estamos dando seguimiento.

 

P: ¿Por qué en la Recomendación de Marduk se eliminó a la Secretaría de Gobierno?

PGG: No se eliminó. Se aclara, precisamente. La Recomendación 7/2013 ya  integraba la recomendación a la Secretaría de Gobierno.

 

P: Pero no como autoridad recomendada…

PGG: Era autoridad que estuvo recomendada…

 

P: Coadyuvante…

PGG: Fue autoridad recomendada en la 7/2013 y responsable para que no hubiera esos desfases de actuación. Fue una situación que se reiteró con Marduk y técnicamente las Recomendaciones no repiten puntos recomendatorios a autoridades. Se hace sistemático, se dio el seguimiento y más aún, se están emitiendo los protocolos, mismos que están siendo observados por la Comisión. No se altera ningún documento en la Comisión. Se hace una cuestión sistemática exhaustiva y en este caso estamos reiterando, en esta oportunidad, el cumplimiento de un año de la Recomendación, a medidas muy claras de Gobierno que se vea y se vean a las víctimas para que vean que este es un caso que no va a tener repetición pero sobre todo, que va a cambiar políticas públicas en la capital para que no se vuelva a repetir. Y la otra cuestión, el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación es un derecho humano. Los jóvenes, las personas que confían en esta Comisión, que tengan claridad que siempre se defenderá la no regulación el derecho libre, la pluralidad y sobre todo el que se mejoren los mecanismos de actuación de la autoridad, que gracias a esta situación que se dio el 1° de diciembre, es un antes y un después con una oportunidad de mejora de política pública.

 

P: ¿En este Informe no se modificó? Porque se tardaron cuatro meses en emitirlo…

PGG: Los Informes se realizan conforme a rigor metodológico, con todas las necesidades que se requieren para la integración. Justo al momento oportuno es en este contexto del primer año, porque es muy importante que se cumpla la totalidad de lo que integra la propia Recomendación. Lo importante en cada una de las Recomendaciones que se emiten por esta Comisión es que, sobre todo, cuando hay víctimas, se restituya, se indemnice, no haya repetición. Y cuando hay cambio en política pública, se mejoren protocolos, se inhiba actuaciones que pudieran generar nuevas violaciones de derechos humanos y en ese sentido estaremos dando seguimiento.

 

P: Sin embargo, en la ciudad de México no hay garantías de no repetición todavía, se siguen incurriendo a detenciones arbitrarias, a violaciones.

PGG: En este caso la Comisión en cada caso en que haya alguna situación de queja o seguimiento, ahí ha sido la estrategia cada vez de articulación para acompañar en los movimientos o en las manifestaciones, a efecto de inhibir que haya situaciones que pudieran atacar derechos humanos. Pero sobre todo, hacer más efectivo en la articulación con la autoridad su capacitación y sobre todo inhibir cualquier situación que pudiera ser una tentación en violación de derechos humanos. Precisamente, es el contrapeso que hace la Comisión en actuaciones de la autoridad. Reiteramos el día de hoy, y está disponible para su consulta, éste va a ser un referente porque en el Informe se puede ya manejar formas de indemnización en materia de derechos humanos. Servirá, obviamente, y para eso se generó, para las víctimas del 1° de diciembre, pero puede ser un referente positivo de aquí en adelante para indemnizaciones en casos de violaciones a derechos humanos. Violar derechos humanos cuesta. Hay que objetivizarlo y hay que generar precedentes a favor de víctimas sobre todo en la no repetición, pero sobre todo en medidas indemnizatorias.

 

P: ¿Cuál es el costo de esa violación a derechos humanos que no se ha visto en la ciudad?

PGG: Se verá caso a caso en el Informe, se estará viendo por individualización. Pero lo que se está generando de manera objetivada y metodológica, es con estándares internacionales, con investigación que se hizo incluso en materia psicosocial, y con una parte muy importante que se puede ir detonando también para un seguimiento, que es el derecho a la protesta social como un derecho a la pluralidad, como un derecho en el cual no por manifestarse se debe  criminalizar o estigmatizar a las personas.

 

P: ¿Cuáles son esos estándares internacionales?

PGG: Son todas las vías. Lo pueden consultar en el Informe; se generan todas las investigaciones en cuanto a derecho comparado, pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convenios y tratados internacionales. Hay que recordar que gracias a la reforma del 2011 y la interpretación del Artículo 133 Constitucional, los tratados y convenios internacionales son fuente en nuestro país y tenemos el mejor insumo para el rescate, respeto y protección de los derechos humanos. Eso lo estamos integrando como parte del Informe y es muy importante determinar que la manifestación es un derecho, que el debido proceso es un derecho, y que en su momento, ahora con el cumplimiento que exhortamos a que se haga de manera total en los casos que ya se tienen identificados, nos permitan que no se repitan este tipo de conductas.

 

P: Sobre la Recomendación, ¿qué dependencia es la que menos ha querido acatarla?

PGG: Todas las autoridades tienen su grado de cumplimiento, lo importante aquí es que hay varios niveles, unas son las cuestiones de procedimientos, otros son las cuestiones de los protocolos, otra va en cuestiones de capacitación. Lo que estamos haciendo como Comisión es dando seguimiento, una en que los protocolos que se estuvieron generando tengan una coincidencia con visión de derechos humanos; otra es que en la aplicación de los protocolos, por eso hemos visto si se dan cuenta, entre el 1º de diciembre de 2012 al 1º de diciembre de 2013, hubo cambio sustancial ya en la forma en la que se conducía la policía, porque ya está actuando conforme a los protocolos que están actualizando; otra es ingresos a reclusorios, que también fue uno de los temas sensibles, y las situaciones de debido proceso y no apelación. Entonces en este caso podríamos decir  que todas las autoridades tienen un nivel de cumplimiento, pero a todas las autoridades les hace falta, en el seguimiento, la concreción. La parte más sensible que es la que exigen las víctimas es la parte procesal, la parte de indemnización y la parte de anulación de sus registros en caso de absolución. En eso estaríamos dando seguimiento.

 

P: ¿Cuál es la información sobre este joven Emanuel López del Instituto Politécnico Nacional, estudiante de ingeniería química, que lo acusan de haber asaltado a un joven de la Prepa 9, pero toda su familia dice que fue simplemente un chivo expiatorio atrapado en la calle por parte de la policía? ¿Tiene usted información?

PGG: Tendríamos que revisar en el área de Quejas a ver si se levantó algún tipo de dato. En todo caso cuando se tiene algún tipo de comunicación vía medios o se tiene algún quejoso que lo reporte, lo que se hace es inmediatamente abrir la queja y documentar para que afectos de que tenga un debido proceso, sea quien sea.

 

P: En el caso de Marduk, ¿la víctima está mintiendo entonces y los defensores al decir que se anuló a la Secretaría de Gobierno como autoridad recomendada?

PGG: En el caso de las Recomendaciones, insisto, se hacen de manera sistemática e integral. La Recomendación ya existe para la Secretaría de Gobierno en cuanto a lo que implicaba los protocolos de actuación, y el hecho de que siempre que haya una consignación vaya acompañado al momento de que entra al reclusorio…

 

P: O sea, ¿está mintiendo?

PGG: …No hay ninguna situación. En el caso, Marduk estuvo acompañándonos el día de la presentación de la Recomendación. Conocía el contenido, se le explicó los alcances y en este caso la víctima estará dando el seguimiento para su indemnización y todo lo que procede en los casos de la aceptación, que estamos esperando se realice por las autoridades que fueron emitidas. Gracias.