Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 009/2014
10 de marzo de 2014
P: ¿Nos puede ampliar un poco sobre las quejas que comentaba usted sobre la Trata de Personas?
PGG: A partir del 2010, la Comisión de Derechos Humanos ha tenido la apertura de quejas en la materia. Lo más importante que estamos identificando es la mejora en protocolos de actuación respecto a cuando llega la primera declaración de la víctima y la situación de lo complejo que implica el manejo de la Trata en nuestro país. Es muy importante que en materia de Trata deba haber tolerancia cero porque es un delito, pero también hay que ver las medidas que se toman en virtud de la propia afectación que tiene la víctima, las medidas de indemnización, los protocolos de actuación, el acompañamiento adecuado para no revictimizar a la persona que sufre esta situación.
P: ¿Cuáles son las autoridades que están incluidas en esas quejas?
PGG: Aquí las manejamos desde dos visiones; Uno, de la propia actuación de la autoridad, que pudiera tener algún exceso en las detenciones, cuando se da en esa situación; y otra, sobre todo ya en el manejo de protocolos de actuación que debe desplegar la autoridad. Es muy importante la capacitación de la autoridad para que sepa cómo se deben detonar los protocolos de actuación con la visión de género para evitar la revictimización y sobre todo manejar, de mejor manera, de procuración de justicia y acceso al debido proceso que deben tener las personas en estos casos.
P: ¿Estas quejas las pusieron empresarios, dueños de table, o qué sector la interpuso, o las propias víctimas?
PGG: Las propias víctimas en el contexto de lo que se ha señalado en cuanto a que si pueda haber o no la situación de trata. Eso lo tenemos que documentar en función tanto de lo que declara la propia víctima, como lo que nos aporta la propia autoridad. Y por otro lado, empresarios, más bien es desde el acto de autoridad respecto a los permisos o las formas en que pueden hacerse las clausuras. Son las dos visiones.
P: ¿Cuál es la postura de la Comisión con respecto a la postura que han tomado algunas trabajadoras de estos centros nocturnos, al declararse abusada u obligadas a declararse como víctimas de Trata? Dicen que están violándose sus derechos laborales, sus derechos humanos, que en realidad no están forzadas. ¿Cuál es la postura de la Comisión?
PGG: Aquí nosotros lo estamos viendo con mucha prudencia, porque hay que observar, de entrada, que no haya una coacción a las personas, tanto para lo que declaren como lo que puedan retirar en sus declaraciones.
Por otro lado, es un tema controvertido, hay que decirlo con toda claridad, porque ya ha habido, incluso, una sentencia de un juez que considera que la prostitución es un derecho al trabajo. Tenemos que ver en qué medida hay la libertad del uso o no de sus propias actividades y por otro, el que no haya actores externos que estén coaccionando a las personas en una violación flagrante a sus derechos humanos. Justo el Foro del día de hoy va a ver ese tipo de escenarios, y sobre todo en los casos en donde sí haya una documentación, sí haya toda una situación de Trata, se manejen inmediatamente los protocolos de apoyo a las víctimas. Es muy importante porque, lamentablemente, se revictimizan o se pone en duda por la calidad de género. Lo decíamos aquí, el 80 % de casos de trata son mujeres y niñas, esa parte de toda la visión de género, y en visión de género se tienen que reforzar los protocolos de actuación, la capacitación de las autoridades desde los Ministerios Públicos para que en su momento también, hay que decirlo con claridad, los Jueces tengan una visión de género como ya lo detectó la Corte, cuando resuelvan en estos casos.
Creo que es un tema que sí amerita la reflexión, ver las posturas, ver en cada caso qué, cuáles son las circunstancias, y respetar, antes que nada, a la propia víctima o a la persona que considera que puede o no acercarse a instituciones como la nuestra.
P: ¿El empresario tiene derechos, entonces?
PGG: En todo caso, en un Estado de Derecho lo que se tiene que hacer es que se respeten las formas de actuación de la autoridad, no haya abuso de autoridad, se genere la documentación, se actúe conforme a Derecho. O sea, en todo caso se documenta que no haya un exceso o que haya toda la actuación correspondiente que tiene que desplegar la autoridad cuando lleve a cabo una clausura o cualquier acto. Eso en cualquier contexto o Estado de Derecho. Ya en cuanto a lo que se pueda documentar en casos o procedimientos, es muy importante que haya un debido proceso y en esos términos estaríamos vigilando por parte de la Comisión.
P: ¿La ley deja por fuera también la responsabilidad por parte de los clientes? Es la denuncia que están haciendo algunas organizaciones civiles, que no están contemplando una pena o una sanción a las personas que paguen por servicio.
PGG: Aquí, como todo, tendrá que ser probatorio respecto a la persona que le corresponde, pero lo más importante es sobre el caso de las víctimas que, en las leyes en particular, se tenía establecido su condición, ahora se está manejando en la Ley de Víctimas. Es importante detallar que la víctima de trata tiene características específicas y distintas a las que pudieran tener otro tipo de víctimas que sufre otro tipo de violación de derechos humanos. Es muy importante revisar los casos en particular para que haya las condiciones adecuadas, de la indemnización pero sobre todo de la no repetición, que es lo más importante en un esquema de derechos humanos.
P: Con estas 27 quejas que han estado pendientes, que han seguido pendientes, ¿No han sido acatadas por ninguna de las autoridades o que es lo que han encontrado en los últimos periodos?
PGG: Sobre todo, sí hay una aceptación de la parte de la capacitación, es algo que se está determinando, porque un protocolo en una forma de actuación que permite que deje de haber violaciones adicionales cuando la persona llega a reportar la posible comisión de un delito. Lo que hemos identificado es que las autoridades, de inicio, no conocen los protocolos. Es una parte fundamental la capacitación de la autoridad, porque en la medida en que toman adecuadamente las primeras actuaciones, se lleva a cabo una investigación adecuada, se garantiza posteriormente la posible responsabilidad; de lo contrario, lo que se da es un sistema de impunidad, porque no hay condiciones para responsabilizar, porque no se llevan las actuaciones correspondientes. Y otra es creerle a la víctima.
Nosotros, como Comisión de Derechos Humanos, lo principal y como actuación de buena fe, es creerle a la víctima, llevar a cabo una debida documentación de las primeras actuaciones y tener los protocolos con visión de género. Es muy importante porque sí hace una diferencia para una mujer el que se vea su situación de género desde que llega ante una autoridad.
Esa es una parte fundamental cuando se trata este tipo de cuestiones y es de las principales Recomendaciones que ha emitido la Comisión en materia de capacitación y civilización. Y le tomamos la palabra al Jefe de Gobierno, que acaba de decir el viernes pasado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se iban a revisar los protocolos de actuación de las autoridades. Vamos a apoyar en la revisión de los protocolos de actuación para que todos y cada uno de ellos tenga una visión de género.
Estamos ubicando un problema, no queremos que se repita. Es mejorar protocolos, es difundir los protocolos y también hacerles sabedoras a las personas sus derechos para que los detonen cuando llegan ante las autoridades.
P: …Sobre estos protocolos que está usted mencionando, si nos pudiera explicar, ¿cuáles son las violaciones que están manifestando las mujeres?
PGG: Generalmente el protocolo de actuación-comisión de género detona, una; que se abra cuando hay una doble calidad de víctima o de posible responsable de un delito, esa doble calidad que hemos detectado en casos como el de Yakiri que llegó con dos características.
En este caso se tiene que abrir inmediatamente también la averiguación previa por la posible comisión de delito sexual, cuando hay ese caso. Hay casos en los que se reporta violencia intrafamiliar y no necesariamente detona la actuación inmediata de la autoridad. Posteriormente la persona presumiblemente comete un delito y se le impone una sanción sin haberse visto las condiciones. Otra es el simple hecho de también haber padecido alguna situación de naturaleza sexual.
Tiene que darse todo un protocolo de actuación, acompañamiento psicológico, revisión integral, revisión médica, es toda una serie de actuaciones que se han ido conquistando.
Hay que decirlo también con claridad: la capital de la República tiene los mejores protocolos de actuación en materia de género. Lo que hace falta es difundirlos, capacitar a la autoridad y verificar en qué momento hay desfases. Hay desfases de horas cuando se inicia la averiguación previa por el delito y posteriormente se inician los mecanismos de apoyo por visión de género.
Ese es el patrón que hemos identificado y es el que queremos atender inmediatamente. Poner a la autoridad en condiciones de que conozca, actúe, pero poner también a las personas que sepan cuáles son sus derechos y los utilicen con oportunidad.
P: Perdón, ¿si nos pudiera explicar de manera concreta qué es lo que están denunciando las víctimas?, una; y dos, estas cifras que nos da usted de 27 casos son entre 2010 y 2011, ¿2012 y 1013 no tienen registrado o qué pasó?
PGG: Sí, se tienen en documentación. Es cierto que ha habido unas quejas donde las personas no han ratificado ya el seguimiento. Hay otras donde se les ha ofrecido si ellos consideran acompañamiento en las audiencias, en esos casos nos dicen que no. Pero sobre todo es tener el acercamiento y la revisión de dos situaciones: la primera es si se detonan o no los protocolos de actuación en la materia, y la segunda es la situación del debido proceso en cuanto a todo lo que implica el acompañamiento, con pleno respeto a la competencia del Poder Judicial. Y sobre todo las situaciones que vemos de patrones de conductas de la autoridad, donde identificamos sobre todo desconocimientos de ciertos protocolos y lo importante es la visibiización.
P: ¿Este desconocimiento de qué manera se expresa, de manera específica son groseros, las maltratan o qué?
PGG: En la simple omisión. En las omisiones de la autoridad cuando dejan de inmediatamente acercar a un psicólogo, el hacer los estudios médicos adecuados, la revictimización. Es muy importante, y eso es algo que se ha ido logrando también en la capital, el que no se muestre la imagen de las personas porque es una violación también a su dignidad, la revictimización misma. Entonces se están logrando una serie de identificación de actuaciones que lo que permite es identificar para que no se repitan. No sólo la persona que detona la queja o la posible Recomendación, sino que estamos viendo patrones de conductas que puedan evitar que se repitan las violaciones. En ese sentido es derecho adquirido y conquistado.
Yo creo que es una de las partes más importantes que tenemos en el Distrito Federal, que se visibilice, y por otro lado es que se utilice y que las personas conozcan cuáles son sus derechos.
Es un tema controvertido, lo reitero, porque efectivamente ha habido posible víctimas que dicen: ya no considero que se siga la actuación por parte de la Comisión porque no considero violados mis derechos. En ese caso nosotros respetamos también la libertad que tiene la persona, pero en la documentación, en la actuación de la autoridad, que es la que nos interesa, es donde podemos informar, dar sobre todo en el acercamiento preventivo, las medidas para evitar que se repitan situaciones de esta naturaleza. Y en la parte de los empresarios pues que sepan que tienen también el derecho al debido proceso, a que se lleven a cabo las actuaciones conforme a Derecho, pero en su momento también tendrán la debida defensa que les corresponda ante las autoridades correspondientes.
P: ¿Entonces le hace falta mayor capacitación a los jueces para tratar mejor a las víctimas de trata?
PGG: Hay dos aspectos: lo primero es que se conozcan los protocolos desde los propios Ministerios Públicos, y lo segundo es que los propios jueces utilicen la visión de género cuando resuelvan. Hay que reconocerlo porque ya se dio un caso inédito por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con el caso Yakiri. Acaba de incorporar situaciones y reflexiones de derechos humanos en la resolución que reclasificó el delito. Sí hace una diferencia que un juez vea una cuestión de género, a que sólo lo maneje como un caso aislado o particular.
Y en estos casos como el de Yakiri, hay que identificar qué está pasando en visión de género para que no haya doble criminalización por ser mujer o por tener una condición de vulnerabilidad, que no debe ser en un sistema de justicia. La imparcialidad, la objetividad, lo probatorio es lo que debe prevalecer, pero lo más importante es que conozcan sus derechos las mujeres en nuestra capital, que conozcan sus obligaciones las autoridades y que propicien un esquema adecuado de defensa.
P: ¿Pero cómo garantizar este derecho si las mujeres cuando están en las audiencias son amaneadas por los mismos abogados de los tratantes y ahora mismo en la legislación están mandando tiempos de reflexión? ¿Cómo se van a llevar a cabo?
PGG: No, aquí hay que tener cuidado, y lo decía en el caso de lo que implica una víctima de trata. El tiempo de reflexión obliga a tener mejores condiciones para llevar su defensa, si de repente se le da una primera declaración y viene en el impacto psicológico pudiera ya en su reflexión mejorar su forma de defensa. Es muy importante tener las características particulares que implica este tipo de agresión, y el que se pueda dar cuenta al respecto.
Por otra parte es probatorio, lo insisto, el que se documente, se vaya viendo qué actuaciones tiene la propia autoridad, qué actuaciones pueden desplegar otras personas ajenas que pudieran amenazar el ejercicio libre de los derechos, y en ese caso, la Comisión pone a disposición, cuando se requiere, el acompañamiento en las audiencias para garantizar que se dé todo en las mejores condiciones para las víctimas.
P: Doctora, en este diagnóstico en 2013, sobre los últimos años, las quejas ¿entonces están pendientes?
PGG: El 2013 está en revisión, principalmente ha sido por el cierre de alguno de los locales, lo más importante que estamos verificando, por un lado son las condiciones de la víctima y que nos quieran en un determinado momento ratificar la queja que hayan levantado; y por otro lado la situación del debido proceso.
Indistintamente al caso que sea, toda persona en esta capital tiene derecho a que se lleve a cabo en un esquema adecuado toda actuación de autoridad. Sea o no un empresario, sea o no un dueño de un bar, de un lugar, tiene derecho a defenderse como corresponde y a que no haya una situación de abuso o una situación de omisión. Eso también se está documentando, indistintamente del otro tema sensible que pudiera o no ser en la presunción de la inocencia.
P: Doctora, en febrero vencía el plazo, para el segundo peritaje que piden los familiares de estos chicos del bar Heaven. ¿Ha tenido una reunión reciente con las familias o qué nos puede decir de este periodo que ya se venció?
PGG: En este caso, sobre todo que se pidió un peritaje adicional, ese peritaje se está llevando por las peritos argentinas, hay que decirlo porque fue una cuestión meramente circunstancial. Dos peritos se enfermaron de H1N1, ya se les atendió, están bien, pero hubo un desfase ahí de tiempos para la actuación. No se está presionando, los familiares saben y conocen que hay procedimientos técnicos que se tienen que agotar, hay que reconocer que la Procuraduría y la propia Procuraduría General de la República dieron la información en tiempo, se dieron todos los requerimientos técnicos que se hicieron por los peritos, y en este caso está justo en el dictamen que se está elaborando. Hay un desfase por esa condición, los familiares lo saben, y en este caso estaremos muy al pendiente en el momento que haya la resolución. Gracias.
