Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 397/2013
11 de noviembre de 2013
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), lamenta el asesinato de Luis Enrique Olivares Enriquez, dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG) en Coyuca de Benítez, Guerrero, así como de su compañera, Ana Lilia Gatica Rómulo, el día 10 de noviembre de 2013.
La Relatoría para la Atención a Defensoras y Defensores de derechos humanos de esta Comisión entrevistó a personas defensoras de derechos humanos de la entidad, quienes señalaron que Luis Olivares había recibido diversas amenazas de muerte derivadas de su labor de denuncia ante las violaciones a los derechos humanos y la exigencia para su investigación, reparación o cumplimiento, según fuera el caso, y en particular, Luis gestionaba proyectos productivos para las comunidades campesinas.
De la misma forma manifestaron que esta serie de asesinatos, aunados a las agresiones y amenazas son una prueba de la descomposición de las condiciones mínimas para que las defensoras y defensores puedan continuar con su labor en el estado de Guerrero, insistiendo en exigir a los tres niveles de gobierno que generen las condiciones de seguridad para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos, y en particular en que las investigaciones arrojen resultados que representen verdaderos mensajes de protección y garantía para las personas defensoras, y un alto a la impunidad.
En relación a las agresiones perpetradas en contra del derecho a defender derechos humanos, esta Relatoría ha registrado en este año 2013 un incremento significativo en el número y gravedad de las agresiones contra personas que ejercen el derecho a defender derechos humanos. Hasta el mes de septiembre, se contabilizaron 352 agresiones, siendo las más recurrentes detención arbitraria, hostigamiento, amenaza, agresión física, desaparición y homicidio; este último con 18 eventos. Así, en 226 registros de agresión las víctimas fueron hombres, en tanto que en otras 45 las víctimas fueron mujeres y en 64 de ellos, fueron organizaciones u otros los afectados.
