martes , 7 febrero 2023

Persiste discriminación a las Personas Adultas Mayores: CDHDF

Boletín 381/2013
28 de octubre de 2013

 

• En 2050 se estima que haya 36 millones de adultos mayores en el país, el 10% en el DF

 

En la apertura del 3er Foro México por la Convención de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez, recordó que aunque vivimos en una sociedad con tendencia al envejecimiento, todavía existe discriminación hacia este grupo de población.

 

Ante unos 300 adultos y adultas mayores, expuso que para distintas organizaciones de Naciones Unidas, la condición de pobreza es el resultado de una suma de violaciones a derechos humanos que no fueron garantizados de manera adecuada, tanto por acción como por omisión de quienes son responsables de que estos derechos se realicen.

 

Mencionó que de acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo), alrededor del 9% total de la población son Personas Adultas Mayores (PAM), 53% mujeres y 47% hombres. Para 2010 se alcanzó la cifra de 10.1 millones y se estima que para 2050 aumentará a 36 millones de personas de 60 años y más, de las cuales el 10% radica en el Distrito Federal.

 

Dijo que la idea de una sociedad para todas las edades es una aspiración que requiere, en primer plano, que el Estado garantice de manera universal todos los derechos para todas y todos los adultos mayores, acompañado de un imprescindible compromiso social de respeto y empatía con este grupo al que todas y todos pertenecemos.

 

Expuso la necesidad de abrir un diálogo inter generacional que permita la promoción de su autonomía, que asegure que sus decisiones sean respetadas para garantizarles una vida plena y de calidad, así como la puesta en marcha de una política de Estado que reconozca el significado o lo que representan las PAM en nuestro presente y en nuestro futuro.

 

El Foro, cuyo lema es ¿Es posible una sociedad solidaria para un envejecimiento digno? Es convocado por un Comité intersectorial, integrado por el Instituto Nacional de Geriatría, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federa, las Redes de Derechos de Adultos Mayores, y la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 

Así como la Fundación de Mano Amiga a Mano Anciana, IAP, la Fundación Héctor Vélez y de la Rosa, IAP, la Fundación para el Bienestar del Adulto Mayor, IAP, la Fundación TAGLE y la CDHDF, quienes impulsan la Convención de los Derechos de las PAM.

 

Estimó que este es un buen momento para consolidar una cultura, que no sólo las reconozca como sujetos de derecho, sino que les garantice ser protagonistas, actores de su propio destino, de su vida ante su familia, y de las acciones que el Estado emprenda en relación con el respeto, protección y promoción de sus derechos humanos, un desafío en el que se comprometen los convocantes.

 

Posterior a la inauguración se presentó la Memoria del 2° Foro “La exigibilidad de los derechos de las personas adultas mayores”. Celia Ramírez, de la Fundación para el Bienestar del Adulto Mayor (FUNBAM), hizo énfasis en preguntarse cómo se está generando la solidaridad y el respeto intergeneracional, con los niños, los jóvenes y los adultos.

 

Dijo que se debe hacer sensibles a los niños y a los jóvenes de que todos pasamos por un proceso de envejecimiento y la pregunta, dijo, es cómo queremos envejecer. Añadió que las Personas Adultas Mayores son líderes de ese diálogo inter generaciones.

 

A su vez, Graciela Casas, de la ENTS de la UNAM, detalló los resultados de una investigación con base en una encuesta derivada de una muestra representativa, 483 hombres y 836 mujeres a quienes se les hicieron 25 preguntas relacionadas con la política pública, la sociedad civil y la familia.

 

Algunas de las respuestas revelan que el 56% de las mujeres encuestadas conocen sus derechos, en el caso de los hombres, sólo el 39% contestó afirmativamente. Sobre el conocimiento de las leyes que protegen sus derechos, el 32% de los hombres dijo que sí, y para las mujeres fue el 42%.

 

A la pregunta de si les han negado algún servicio por ser PAM, 32% de los hombres dijo que sí, en tanto que 14% de las mujeres respondieron afirmativamente. Respecto a si han sido maltratados o rechazados con motivo de su edad, 15.40% de las mujeres respondieron que sí, y 35% de los hombres también./p>

A propósito del maltrato en sus familias, 10.4% de las mujeres dijeron que sí, y 17:8 % de los hombres lo hizo de manera afirmativa. Además el 80% de las mujeres encuestadas respondió que sí cuenta con alguna persona que lo cuide en caso de requerirlo, mientras que los hombres que comparten esta situación fueron 70%.

 

Las mujeres dijeron conocer más las dependencias que defienden y promueven sus derechos en el Distrito Federal; más mujeres dijeron contar con seguridad social, acudir a algún servicio de salud, asistir a cursos de capacitación que les ayuden para esa etapa de su vida, así como estar interesadas en seguir estudiando.

 

Después de cumplir 60 años, 26% de los hombres han solicitado trabajo, mientras que en el caso de las mujeres son el 12.7%. El 10% de los hombres fue aceptado en los empleos y sólo el 6.5 de las mujeres fueron admitidas.

 

Concluyó que el conocimiento que tienen las PAM, especialmente los varones, sobre sus derechos, las leyes que los rigen, las instancias e instituciones que están obligadas a protegerlos, dista mucho de considerar que se puede alcanzar este derecho. De ahí la necesidad de perfeccionar desde la política pública las que le permita a la población en general a aprehender el nuevo estatus de los viejos.

 

En este estudio las mujeres resultaron estar mejor informadas, preparadas y empoderadas para ejercer y manejar mejor sus derechos, con excepción al que se refiere al trabajo.

 

Anotó que las mujeres que respondieron el cuestionario pertenecen a alguna institución, contrario al caso de los varones que fueron encuestados en la calle, porque no acuden a los grupos de trabajo.