Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 76/2013
4 de septiembre de 2013
Pregunta (P): En torno a los hechos de anarquía y vandalismo que hemos visto en los últimos días en la ciudad de México, y en torno a la recurrencia de varias de estas personas que ya han sido identificadas en diversos de estos actos que se han venido dando en lo que va del año, por mencionar algunos, ayer el Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa señalaba a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y a la Nacional como responsables de impulsar que las leyes que regulan el uso de la fuerza pública protejan a los anárquicos y dejen a la indefensión a policías, incluso a la ciudadanía. Esa es una: su postura. Dos: ya salieron varias personas que fueron puestas a disposición por estos actos de anarquía, ¿cuál es también su posición y sobre las diferentes voces que señalan a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal como principales defensores de estas personas?
Doctor Luis González Placencia (LGP): Bueno, discrepo de esa posición. Lo que la Comisión ha sostenido en todo momento es que el derecho a la libre manifestación es un derecho fundamental que está en la Constitución, y que no obstante ello, no es un derecho absoluto, es un derecho que desde luego reconoce límites. Y uno que está claramente planteado en la ley, es que el derecho a la libre manifestación debe hacerse de manera pacífica. Cuando se transgrede ese límite, cuando se utiliza violencia y se daña la propiedad o se daña la integridad de personas, en ese momento el ejercicio de un derecho se convierte en un delito, y las autoridad tienen que actuar en consecuencia. ¿Cómo debe actuar la autoridad? Bueno, en la medida de lo posible previniendo el delito si eso es posible en el momento mismo. De no ser así, actuando conforme a derecho en los procedimientos de detención y de procesamiento ante los órganos correspondientes. Eso lo que significa es que las detenciones deben ser realizadas o bien en flagrancia o bien mediante una orden judicial o una orden ministerial, y que el proceso debe llevarse con apego a los derechos humanos, al debido proceso. Si eso resulta así, seguramente cualquiera que sea el resultado del juicio, que normalmente sería una condena si se lleva bien un caso como estos, tendría como efecto que las personas no tendrían esta sensación de impunidad que con frecuencia se genera. Ahora, existe la idea de que las leyes fueron modificadas para generar una protección de las personas que el día 1° de diciembre realizaron actos de manifestación y que fueron detenidos. Ya profusamente documentamos que en aquélla ocasión la gran mayoría de los detenidos, más de 100 personas detenidas, lo fueron en circunstancias de detención ilegal. Es decir, se trataba de personas que estaban haciendo uso de su derecho a manifestarse de manera pacífica, o bien de personas que simplemente circulaban por la zona. Todo eso se documentó claramente en la Recomendación. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal tomó la decisión de modificar el Código Penal, lo cual permitió que estas personas que estaban siendo procesadas en prisión preventiva pudieran salir. En ese caso en particular, me parece que es importante decir que eso evitó que por lo menos un centenar de personas detenidas arbitrariamente hoy estuvieran cumpliendo una pena injusta.
P: Perdón, una precisión nada más, ¿dentro de esta investigación documentada de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se habrá documentado quién pagó las multas de estos jóvenes y quién sigue pagando las multas de estos jóvenes?
LGP: No. No es un tema que competa a la Comisión. En realidad ese sería un problema que en todo caso compete a las autoridades correspondientes, a la Procuraduría General de Justicia que es la que realiza la investigación penal del caso.
P: Doctor, yo tengo dos tema. Primero, continuando con esto del 1° de septiembre, ¿me gustaría saber cuáles fueron las observaciones que realizaron el personal de la Comisión durante la marcha del 1° de septiembre, y su posición acerca de estas personas que otra vez están vinculadas a actos de vandalismos, a algunos delitos? ¿Cuál es su postura al respecto? Si me responde esto y luego le hago la pregunta acerca del Foro de Drogas.
LGP: Por cierto, no te respondí una última cosa que es importantísima. Primero, hay que distinguir lo que pasó el 1° de diciembre de los eventos de este 1° de septiembre. Las declaraciones que he hecho en este momento tienen que ver con el 1° de diciembre. Sobre que hayan ayer obtenido su libertad varias de las personas detenidas el 1° de septiembre, ese es un derecho que ellas tienen. Simplemente significa que el proceso seguirá estando ellas en libertad. No significa que hayan sido exoneradas, no significa que hayan recibido una sentencia absolutoria, simplemente significa que su proceso continuará en libertad. Las personas que están todavía detenidas lo están ya ante un juez, porque me parece que no exhibieron los billetes de depósito de las fianzas. Ahí estamos investigando cuales fueron las circunstancias que no permitieron que sus billetes se exhibieran porque fueron pagados con tiempo, pero bueno esa es la razón por la que unas personas están libres y otras no lo están.
P: ¿Qué tendría que pasar con Jessie Alejandro Montaño, quien es uno de los identificados?
LGP: La vinculo con la pregunta que tú me decías, la Comisión no es una instancia que tenga que pronunciarse sobre la persecución penal de delitos. A nosotros lo que nos importa en este caso es que actúe conforme a derecho. Y de cara a ello, es muy importante que si la autoridad tiene elementos para procesar algunas de las personas por la participación en hechos pasados los presente durante el proceso y, digamos, que se ciña al debido proceso. Si eso es así, la Comisión no tendrá otra cosa más que decir.
P: ¿Qué observó la Comisión durante la manifestación del 1° de septiembre?
LGP: Bueno, lo primero, como ya lo dijimos públicamente, el operativo fue notablemente más ordenado, mejor planeado que lo que vimos en el pasado. Y, no obstante eso, hay algunos casos que estamos investigando, concretamente la detención de siete personas en el metro San Antonio Abad y otras más que la Comisión tiene y que constituyen 5 quejas. No todas ellas tienen que ver con los detenidos, hay quejas de personas que nos hicieron llegar evidencia fotográfica, de videos o testimonios de detenciones que después no fructificaron, de personas que después dejaron en libertad, pero que consideran haber sido detenidas de manera injustificada aunque sea por un periodo breve de tiempo; o abusos de la policía. Esos los estamos investigando, todavía no tenemos una posición oficial sobre estos hechos, estamos incorporando la información que nos están dando los propios peticionarios y las peticionarias, la gente que está vincula con su defensa y las actas que los propios visitadores y visitadoras de la Comisión levantaron durante el operativo.
P: Ahora sÍ con el tema del Foro, me gustaría que pudiera fijar una postura clara al respecto de la discusión que se está gestando en la Asamblea Legislativa para la regularización de la marihuana. Usted señalaba durante su ponencia que los legisladores deben de ir con tiempo y con un análisis más completo de esta posibilidad. Me gustaría saber si considera si es viable hacerlo en la ciudad y los beneficios que daría.
LGP: Bueno, creo que es una decisión trascendente de la mayor importancia. De momento celebro muchísimo que la discusión se está dando en la ciudad de México con esa apertura, me parece eso muy importante, porque eso ya coloca un escenario totalmente distinto al que veníamos viendo, sobre todo en los últimos dos sexenios. Por otra parte, también creo que lo que se decida aquí va tener efectos a nivel nacional, a nivel regional, e incluso, a nivel global. Es importante considerar cuales pueden ser esos efectos. Las conclusiones que se puedan obtener de este foro, me parece que tienen que ser procesadas, yo sugería durante mi ponencia que sería muy conveniente hacer un grupo de trabajo que hiciera una valoración sobre los escenarios de cualquiera de las decisiones posibles. Ahora ya sabemos mucho acerca de las consecuencias que tiene el paradigma prohibicionista, el haber mantenido esta circunstancia atendida desde la perspectiva penal y militar ha tenido consecuencias desastrosas, en los últimos 30 años. No solamente no ha ayudado sino que ha generado mucho más pérdidas de vidas y efectos en la vida de muchas personas. De ahí la oportunidad que se tiene hoy es la de trazar los escenarios que pudieran plantear una alternativa distinta. Y tengo la impresión de que existe la información suficiente, aquí hemos escuchado una serie de argumentos que me parecen de la mayor importancia para efecto de que se tomen una decisión ponderada. Tampoco creo que tengamos prisa, es necesario, por ejemplo, hacer un planteamiento de política pública para reducir los efectos de criminalización, sobre todo en los consumidores de marihuana y de inhalantes; una droga prohibida, otra no, en ambos casos, efectos graves por el contacto de la policía.
P: Se abordó durante las mesas la urgencia de legislar y de abordar este tema cuando el problema de la ciudad es en materia de alcoholismo, de tabaquismo y la ciudad no ha podido evitar que los jóvenes, principalmente, accedan a estos. Entonces me gustaría saber concretamente si considera que es urgente hacerlo ahora en materia de marihuana cuando no se ha podido solucionar los otros temas que son los que detonan las adicciones en la ciudad.
LGP: Me parece que es urgente encarar el tema, las drogas en general. Se ha centralizado el debate en la marihuana, pero en realidad el tema está relacionado con todas las drogas, legales e ilegales. Lo que me parece fundamental es que podemos variar la óptica, en ese sentido, por ejemplo. Generar condiciones legislativas para que la óptica deje de ser una óptica punitiva, me parece urgente. Lo que es necesario es buscar que mecanismos de regulación alternativa serían los que tendríamos que emplear para resolver tanto aquellos casos de drogas ilegales como los de legales.
P: Quisiera preguntarle. El secretario de Seguridad Pública nos dijo en entrevista que él quería facultades para hacer revisiones preventivas en las marchas y que la Asamblea debería legislar en materia de llevar el rostro cubierto y de portar objetos que pudieran ser para agredir a la autoridad, ¿usted qué opina de eso en materia de derechos humanos, desde la perspectiva de derechos humanos? Y por segunda parte preguntarle si el hecho de que sea diferente el 1° de septiembre al 1° de diciembre signifique que ¿ya están descartando las detenciones arbitrarias o sí pudo haber sucedido?
LGP: No, lo primero es que, insisto mucho, el rango del derecho a la libre manifestación es constitucional y hoy por hoy no admite los límites que está proponiendo el Secretario de Seguridad Pública, ni aquí ni a ningún otro lugar del mundo, es importante plantearlo así, en los instrumentos internacionales protegen este derecho y reconocen límites pero los que ya comenté. Y eso lo que significa es que la actuación de la autoridad es post no es anti no puede ser. No se justificaría una revisión ni tampoco se justificaría desde el punto de vista de los derechos humanos que se prohíba una manifestación con el rostro cubierto. Hoy por hoy el marco constitucional no lo permite, no es una posición de la Comisión, eso es muy importante decirlo, la compartimos desde luego, pero es una posición que deviene de la propia Constitución. Y sobre el otro tema. No, no significa que descartemos las detenciones arbitrarias, estamos investigándolas, lo único es que si planteo que hay una diferencia entre el centenar de detenciones que se llevó a cabo el día 1° de diciembre, los efectos en términos de brutalidad policial que también fueron documentados por la Comisión en el 1° de diciembre y, digamos, la manera en la que el operativo se desarrolló en esta ocasión, o sea, el número de detenidos es mucho menor. Si fueran, vamos a suponer, fueran todas detenciones arbitrarias de cualquier manera está mucho más acotada y se resume a la actuación, hasta el momento es lo que podemos decir, a la actuación de algunos agentes de la policía. Pero todo eso está bajo investigación y naturalmente hasta que tengamos los elementos podremos pronunciarnos oficialmente.
P: Señor, le puedo una última pregunta. Quizá me diga que no está dentro del ámbito de su competencia como derechos humanos. A mi punto de vista repercute al final de la línea. Estuvo comprobado que para 1° de diciembre grupos políticos pagaron las fianzas de muchos de estas personas detenidas. Esta vez se rumora que está sucediendo lo mismo con la gente que está otra vez ahí, incluso hay fotografías que vinculan a algunos políticos con las personas que están detenidas ahorita y que vuelven a salir a las calles entonces…, y que agreden y pues trasgreden los derechos humanos de policías, de personas ¿Cuál es su posición de estos grupos políticos que están adoptando a estos chicos?
LGP: Efectivamente se ha planteado eso. Nosotros no tenemos elementos. Yo en lo personal no tengo elementos para poder afirmar si así o no es así. Creo que en todo caso es un tema que la autoridad debe de investigar. Digamos, mi posición iría en el sentido, de que, dado que estas cuestiones se han planteado, se ha rumorado incluso como tú dices, se han probado, desde el punto de vista de evidencias. La autoridad lo que sí creo que es importante es que está obligada a tomar eso en consideración y hacer la investigación pertinente, si es que hubiera algún delito asociado, porque ya hemos tenido casos en los que la fianzas se pagan por diversas razones, no voy a ahondar ahora en cuales casos, pero ya sabemos que es posible que si detienen a Daniel aunque yo no lo conozca yo pueda pagar su fianza y él sale libre y eso no necesariamente a mí me vincula con lo que él esté haciendo o no. Entonces el nexo tendrá que determinarlo la autoridad correspondiente. Naturalmente creo que es importante hacer un planteamiento general en contra de la violencia. No me parece que sea conveniente que nadie contribuya a que se genere una circunstancia de violencia.
P: Considerando este derecho constitucional a las marchas, la Asamblea Legislativa debería o podría legislar, precisamente en este sentido, en regular las marchas. Eso por una parte. Y lo que tiene que ver con las drogas comentaba en su exposición que se deben de crear estos grupos de trabajo, el Presidente de la Comisión de Gobierno está anticipando que en octubre ya pueden presentarse algunos productos legislativos para sean dictaminados. Es muy precipitado presentar en octubre los productos ¿deberían de tomar más tiempo de análisis?
LGP: Sobre el primer tema se ha hablado mucho de esa posibilidad de regular las marchas. Hay que tener en cuenta que el sentido del derecho a la protesta pues es precisamente el de generar una condición que llame la atención de la autoridad para que se pueda escuchar el sentido de la protesta, el contenido de la protesta. En lo personal y, digamos, ha sido la posición de la Comisión de Derechos Humanos históricamente, no estamos por una regulación de las marchas, lo importante es construir estándares de racionalidad que pongan en contexto los efectos que una manifestación como la que hemos tenido acá implica para una ciudad de la importancia que tiene la ciudad de México, no sólo por lo que significa para las y los habitantes de la ciudad, sino por las afectaciones en términos macro que se plantean con todas estas situaciones. Sin embargo hay una diferencia entre legislar, ponerlo en una ley o reglamento y generar estándares, porque generar estándares sirven para orientar el criterio, para que eventualmente si casos en los que un ciudadano o ciudadana llevarán, digamos a la Corte o algún tribunal una situación particular porque su derecho en un momento dado se viera afectado, las y los jueces tengan criterios para poder decidir. Esos estándares sirven para que las Comisiones de Derechos Humanos, la nuestra o cualquier otra, pueda tomar posición con mucha mayor eficiencia, pero no son vinculantes. Los estándares en todo caso plantean criterios que orientan una determinación de un Ombudsman o de un juez.
P: ¿Sobre lo de drogas?
LGP: La verdad es que no sé en qué punto está el debate en la propia Asamblea. Me doy cuenta por lo que se ha discutido aquí en este Foro que hay varias cosas que hay que tomar en consideración. Naturalmente compete a la Asamblea tomar la decisión en qué momento y en qué sentido legisla. Lo importante aquí es que hacer el llamado para que esa decisión se asuman con plena responsabilidad sobre los escenarios que puedan derivarse de la decisión, cualquiera que esta sea.
P: Hablaba usted en su exposición de un concepto de libre albedrio, si nos pudiera ahondar un poco más, ¿si este concepto traería cambios como la cantidad de portaciones o algo por el estilo?
LGP: Lo que pasa es que bien se ha dicho que es importante no caer en la consideración que plantee que el uso de drogas es libérrimo, es decir, que cualquier persona pueda simplemente decidir utilizarlas, sobre todo eso se ha planteado cuando hablamos de niñas y niños. Habría dos circunstancias aquí; una es importante que se garantice que las niñas y los niños no tendrán acceso libre a cualquier sustancia que pueda resultar en una adicción, lo cual significa hacer una estrategia de información importante. El otro tema, más bien de carácter científico, que el uso de drogas altera la voluntad y entonces la decisión ya no es libre, porque alguien utilizaba la expresión “ser esclavizado por las drogas”. Lo que eso plantea es que es necesario generar medidas de prevención que impliquen información suficiente para que las personas, antes de estar en esa condición, puedan efectivamente decidir qué consumen a sabiendas de que ese consumo pueda derivar en afectaciones. Es importante ahí que la voluntad sea efectivamente una voluntad libre para decidir consumir una droga y otra sustancia que incluso no este prohibida pero que eventualmente pueda generar un problema de salud.
P: Mencionaba en su ponencia que se iban a manejar estas Cortes de Drogas. ¿Cuál sería la postura de la Comisión ante este tema?
LGP: La hemos expresado con quienes han propuesto el tema. Nos preocupa que se desplace la función que hoy tienen las Cortes convencionales hacia una Corte de tipo terapéutico. Sobre todo por el tema de la obligatoriedad de los tratamientos. Pensamos que es posible que se deriven de estas Cortes nuevas formas de estigmatización que terminen por reproducir los efectos que tienen las Cortes convencionales. Esa es la oposición.
