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Más que despenalizar, el reto principal es desestigmatizar a los usuarios de las drogas: CDHDF

Boletín 314/2013
4 de septiembre de 2013

 

• Convoca a formar un grupo de trabajo que se enfoque en los posibles escenarios de las distintas alternativas que se han planteado

 

En el Foro sobre Políticas Públicas en materia de drogas para la ciudad de México, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, sugirió convocar a un grupo de trabajo que se enfoque en los posibles escenarios de las distintas alternativas que se han planteado, que permitiera incluso figurar desde la ciudad, cuáles serían las consecuencias locales, nacionales y globales, de la decisión que se tome.

 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señaló que eso postergaría una decisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), “pero creo que nos merecemos esa postergación, es importantísimo que podamos analizar con mucho detalle en un grupo de trabajo las consecuencias de estas decisiones”.

 

Advirtió que el tema de asumir una perspectiva de derechos humanos va más allá del debate sobre si penalizamos o se despenaliza, “la despenalización es relativamente sencilla, basta con que se retire del Código Penal la conducta punitiva, pero la discriminalización no es sencilla, el reto principal es cómo abordamos una perspectiva en la que podamos desestigmatizar a los usuarios de las drogas”.

 

Indicó la importancia de que las medidas que se tomen no generen con posterioridad  la diversificación de medidas parapenales, como las Cortes de Drogas, “lo que se debe buscar son otras medidas y posibilidades para atender las distintas aristas que tiene el problema de las drogas”.

 

Sostuvo que hoy se tiene certeza de que las drogas hacen daño, “lo importante es aproximar la información necesaria para que las personas puedan ir tomando sus decisiones, con pleno uso de su libre albedrío, de manera tal que la voluntad no esté afectada, lo cual lleva a esquemas de prevención sobre todo en edades más tempranas”.

 

Subrayó que el debate apenas comienza, los cuestionamientos planteados tendrán que ser analizados, “por ejemplo la realidad que implica la estigmatización y la criminalización de quienes son los consumidores de las drogas, especialmente de la mariguana y los inhalantes, cuyo consumo no está penalizado, pero que son el verdadero problema en el Distrito Federal, además de que implican roses continuos entre usuarios y la policía”.

 

Dijo que en el tema de las drogas, desde la visión de derechos humanos, la obligación del Estado es la de proveer los mecanismos que pueden ser requeridos en algún momento determinado o no, por un usuario de drogas, porque así lo considera él pertinente: que haya hospitales, clínicas de tratamiento, recursos para la atención que desde su perspectiva puede ser una problemática.

 

Consideró que las Cortes de drogas son un modelo invasivo, que tiene una pretensión coercitiva, e incluso su denominación dan la impresión del desplazamiento de una figura judicial hacia un campo terapéutico; en el fondo, dijo, estamos hablando de una medida que termina estigmatizando y que termina teniendo efectos similares a la penalización, en términos de criminalización.

 

“Cuando hablamos del derecho a consumir una droga, en realidad hablamos del derecho a la libertad para hacer uso de nuestro cuerpo de la mejor manera posible; ese derecho admite matices, lo cual está planteado en términos de lo que una decisión mía puede eventualmente generar en términos de afectación del derecho de otro”, abundó.

 

Y agregó: “en este caso la responsabilidad se desplaza del Estado a la persona. Eso implica que todos y todas, en uso de nuestro derecho tenemos que ceder un poco para que éste no se convierta en una actitud fundamentalista que termina por obstaculizar los derechos de los demás”.

 

A su vez, el Representante en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Antonio Mazzitelli, resaltó que las Convenciones internacionales, las leyes que se tienen, ya regulan las drogas, entonces lo que se busca, probablemente es un cambio de regulación. Aseveró que todas las drogas están reguladas.

 

“Hay mucha retórica en este debate y debemos tener cuidado que no sea la retórica la que va a guiar las decisiones, que sea sustancia, que sea lo que los expertos dicen”, sentenció.

 

Destacó que el Instituto para la Atención y la Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México ya advierte que el Distrito Federal vive una emergencia en materia de alcohol, de tabaco y de inhalantes, productos ya reglamentados, y seguramente hay que mejorar esa reglamentación, o lograr que sean implementadas. “Quizá esto sería de verdad estar a la vanguardia, de manera que la ley sea implementada”, apuntó.

 

Detalló que entre los 188 países que son miembros de las Convenciones Internacionales ninguno ha presentado una propuesta para que el Sistema de Convenciones cambie. Es indispensable que haya una evaluación y redirección de los esfuerzos de los Estados, respetando las peculiaridades de cada sistema nacional y de cada exigencia que cada sociedad tiene.

 

Expuso que el enfoque punitivo, que no es el enfoque de las Convenciones,  sino de cada Estado, no ha brindado los resultados esperados ni en materia de droga ni de crimen organizado, laConvención de Palermo contra el crimen trasnacional organizado es un complemento necesario para hacer frente a los problemas de seguridad, pero no a solucionar los problemas de drogas que tiene que resolverse a través de las políticas de salud.

 

Hizo énfasis en que el principio del Sistema de Convenciones es que el uso recreativo de las drogas es peligroso a la salud, principalmente, por lo tanto tiene que ser regulado, controlado. Ese uso tiene que ser limitado y restringido como forma preventiva.

 

En tanto que el experto de la organización Dejusticia en Colombia, Jorge Parra, criticó a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, órgano de Naciones Unidas encargada de vigilar el cumplimiento de las Convenciones.

 

Dijo que este órgano exige el respeto de la letra de un Convenio que data de 1961, en lugar de empezar a pensar cómo interpretarlo en clave de derechos humanos y acompañar a los Estados en el proceso por hacer las mejores reformas posibles que se adapten a los nuevos cambios y a las nuevas realidades de los países.