Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 322/2013
12 de septiembre de 2013
• La innovación del sistema penitenciario obliga a revisar el código penal y las decisiones que se tomaron hace 10 años: Luis González Placencia
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, llamó a revisar el Código Penal local, así como las decisiones que hace casi 10 años “penalizaron conductas que terminaron sobrepoblando los centros penitenciarios”.
Al participar en la inauguración del Foro Innovando el sistema penitenciario en el Distrito Federal, celebró la convocatoria de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) e insistió en la revisión del proceso penal y en los pendientes en materia de la Reforma Penal Constitucional, “que cada vez tenemos menos tiempo para poder implementar”.
Asimismo, señaló que hay aspectos que es posible atender ya desde la propia Subsecretaría del Sistema Penitenciario, que encabeza Mayela Almonte Solís.
González Placencia reconoció el trabajo de la Comisión Especial de Reclusorios de la ALDF, a cuya convocatoria acudieron Diputados locales, el Procurador capitalino, el Secretario de Gobierno, cuerpo diplomático y la CDHDF, entre otras instancias “Para discutir y proponer sobre un tema que tiene su expresión más álgida en los centros penitenciarios, pero cuyo origen están en los sistemas penal y procesal”.
Sobre el Foro, así como sobre la congregación de especialistas, manifestó su confianza en que “Nos ayude a pensar el sistema penitenciario en prospectiva: ¿qué sistema penitenciario queremos tener? Probablemente no podamos revertir una circunstancia que tiene décadas de malestar, pero un punto esencial es reconocer esas problemáticas y construir a partir de ellas un sistema penal para los próximos 20 o 25 años, es momento de empezar”.
Asimismo, exhortó a que la continuidad de la discusión a lo largo de los diversos Foros convocados por la Comisión Especial tengan una materialización legislativa, así como en materia de política pública, orientada desde la perspectiva de los derechos humanos.
En su momento, la Presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios, Diputada Oliva Garza, dijo que el sistema tiene por lo menos 25 años de retraso, aunado a que el sistema penal castiga no el delito, sino a las personas más pobres, incluidas a quienes delinquen por hambre.
Para el Presidente de la Comisión de Justicia de la ALDF, Diputado Antonio Padierna, el costo económico para mantener cautivas a las personas es muy alto, ya que no disminuyen la tasa de criminalidad: “La detención provoca la reincidencia e incluso produce delincuentes. Los exconvictos tienen dificultades para que la sociedad los acepte. La prisión hace caer en la miseria a la familia del detenido”.
En tanto, la Subsecretaria del Sistema Penitenciario, Mayela Almonte, reconoció en la discusión del tema ‘olvido e incomodidad’ y coincidió en reformar el marco jurídico para comenzar a despresurizar los centros de reclusión y llamó la atención sobre la necesidad de evitar que sean más las personas que ingresan a prisión que las que logran salir de ella: “Sabemos que un buen gobierno no es el que construye más cárceles, sino el que no las construye, porque no las necesita”.
El Procurador General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Ríos, se pronunció por “Dotar a los órganos judiciales y administrativos competentes en materia penal de instrumentos suplementarios a las penas privativas de la libertad que contemplen sustantivos idóneos a la prisión y medios alternativos para resolver controversias punibles”.
Durante el desarrollo del Foro, la CDHDF participará en las discusiones sobre “Sistema penitenciario en la Reforma del Sistema Penal Acusatorio”, “Acciones para despresurizar el sistema penitenciario”, “Penas sustitutivas para la reinserción social” y “La vida al interior de los penales, en la premura de contar con una Ley de Centros de Reclusión”; en la que participarán el Consultor Jurídico, Fernando Coronado; así como Cruz Arteaga y Armando Prado, de la Segunda Visitaduría General.
