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Frente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, un Estado democrático está obligado a abandonar una sola posición moral que genere condiciones de condena

Boletín 340/2013
25 de septiembre de 2013

• Estas posiciones y enfoques normativos terminan degradando la vida y dignidad de las personas

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, dijo que un Estado democrático obliga a abandonar posiciones en las que termine comprometiéndose con una forma de la moral y, como efecto de ello, genere condiciones para la condena moral y penal del aborto o del ejercicio de otros derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

“Las consecuencias de esta postura del Estado tiene efectos que van desde la estigmatización, colocar a las mujeres en condiciones de alto riesgo para su propia vida, la privación de su libertad; todo lo cual hace pagar una doble o triple culpa a quienes se obliga a cometer un delito y a arriesgar su integridad física”, explicó.

En la inauguración del Seminario Internacional “El derecho a  decidir de las mujeres en contextos restrictivos: perspectivas y retos”, agregó que “Estas posiciones y enfoques normativos que asumen los Estados terminan degradando la vida de las personas, por minar la dignidad de las personas, especialmente de las mujeres”.

Para la CDHDF, subrayó, es fundamental que los Estados asuman que más allá del derecho para que cada persona asuma el enfoque moral que mejor le plazca, el Estado debe asumir un enfoque moral desde el punto de vista sociológico.

Es decir, explicó: “Un enfoque donde es posible colocarse por encima de todas las otras posibles expresiones de moralidad, de manera tal que no se compromete con ninguna de ellas, porque esa es la única posibilidad de salvaguardar el derecho que todas las personas tienen a ejercer de manera igualitaria su propia moral”

En ese sentido, González Placencia celebró que la política pública en la ciudad de México sea favorable y congruente, a través de políticas públicas que buscan garantizar el ejercicio de este y otros derechos de las mujeres.

Si la política pública asume el punto de vista de una supuesta mayoría moral dentro del propio Estado, cuyos valores implican ‘no al aborto’, se compromete con una moral y cancela la posibilidad de que alguien que, de acuerdo a su propia moral no tiene una dificultad para practicarse un aborto pueda hacerlo, genera un obstáculo a la libertad de decisión, advirtió.

En el caso contrario, el Ombudsman capitalino agregó que, si el Estado elimina los obstáculos del derecho penal, no obliga a abortar a quien no quiera hacerlo, pero deja abierta la posibilidad a quien así decida hacerlo, sin consecuencias legales.

Continuar en la ciudad de México el debate sobre el derecho de las mujeres a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) envía un mensaje a otros lugares en donde todavía no ha sido posible conseguirlo, insistió.

En tanto, la Coordinadora Regional de la Campaña 28 de septiembre, Sergia Galván, se pronunció por la liberación de las mujeres que en América Latina y El Caribe han sido privadas de su libertad, luego de haberse practicado un aborto en condiciones ilegales, pero sobre todo inseguras, situación que continúa cobrando la vida de miles de ellas.

Dijo que este año, la Campaña por un aborto legal, seguro y gratuito, tiene como lema “Un asunto de derechos, un asunto de democracia”, exige, a través de una movilización internacional, la liberación de Teresa, joven salvadoreña, madre de un niño de 8 años, quien en 2011 tuvo una pérdida espontánea de embarazo. La Fiscalía de aquel país la acusó de homicidio agravado y la sentenció a 40 años de cárcel.

Por su parte, la Directora de Católicas por el Derecho a Decidir, María Consuelo Mejía, se refirió a la ciudad de México como ‘un isla de libertades’, donde ha sido posible el sueño de que las mujeres tengan abortos legales y seguros.

No obstante, lamentó la desigualdad respecto otras entidades y países de la región sobre la forma en que las mujeres ejercen sus derechos sexuales y reproductivos: “No tenemos explicación para que siga habiendo tal oposición al derechos de las mujeres a que salven sus vida en el caso de situaciones riesgosas”.

En el marco del 28 de septiembre, Día por la despenalización del aborto en América Latina y El Caribe, el Seminario Internacional será el espacio para debatir también sobre “El aborto inseguro en América Latina y El Caribe: desafíos vigentes” y la “Violación a los derechos humanos de las mujeres: casos paradigmáticos en contextos restrictivos”.