Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 300/2013
28 de agosto de 2013
• Al conmemorar el Día del Detenido Desaparecido, advierte que a la deuda del Estado mexicano por el caso Rosendo Radilla Pacheco se añaden otras expectativas, a la luz de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos de 2011
El delito de la desaparición forzada de las personas detenidas no es un tema del pasado, sino un delito ‘vivo’ en México, advirtió el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.
Al conmemorar el Día del Detenido Desaparecido, dijo también que “En el último sexenio, nada más, se han multiplicado notablemente los casos de personas desaparecidas; se han añadido componentes nuevos, lo que hace que la afrenta sea todavía mucho mayor para el Estado mexicano”.
En el mismo marco en el que se conmemoraron también los 39 años de la detención y desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, el Ombudsmancapitalino advirtió que es un delito permanente y continuado, en tanto no se conozca su paradero y hasta en tanto no se esclarezcan los hechos.
Rechazó que el caso haya sido resuelto con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y con la interpretación que hizo al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que en cambio generó nuevas expectativas, a la luz de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011.
“Esos pendientes siguen implicando responsabilidad internacional del Estado mexicano y eso hay que recordarlo todo el tiempo. Hoy todavía para algunos de sus Ministros está ’colgado con alfileres’, todavía los efectos y la importancia del expediente Rosendo Radilla está a disposición de una interpretación y de las tentaciones de contrarreforma que se han planteado al interior mismo del Poder Judicial”, advirtió.
En tanto Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla Pacheco, coincidió al señalar que “Desafortunadamente, por esta impunidad que ha existido durante tanto tiempo, hoy también se están dando gran cantidad de desapariciones forzadas. Y no hay justicia ni voluntad del Estado Mexicano para esclarecer los casos. Las autoridades han sido sordas, ciegas; no nos escuchan, no nos ven”.
Dijo que como parte de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), apoyada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (CMDPDH) han intentado desde marchas, mítines, huelgas y procesos de seguimiento ante las instancias judiciales, incluida la Corte Interamericana, tanto para esclarecer los hechos ocurridos, como para que no vuelvan a suceder más casos.
“Sin embargo, ninguno de nuestros desaparecidos ha sido encontrado ni presentado, no hay un solo criminal sujeto a juicio, pese a hablar de avance y de la voluntad del Estado, lo que realmente importa es que no hay investigación real y efectiva para encontrar a nuestros familiares, que eso es lo que queremos”, insistió.
A nombre de los familiares de cientos de personas detenidas desaparecidas, tanto en Atoyac de Álvarez, Guerrero, donde hace 39 años su padre fue detenido en un retén del Ejército mexicano, como sucedió en otras entidades del país, Tita Radilla reivindicó la continuación y permanencia de su búsqueda: “No hemos dejado de luchar un solo día para saber de su paradero. Estamos siempre con la convicción de que tenemos derecho a saber la verdad sobre lo que ocurrió con ellos”.
Por su parte, la Directora Ejecutiva de la CMDPDH, Alejandra Nuño, destacó tres grandes pendientes del Estado mexicano respecto de la sentencia de la CoIDH, desde hace cuatro años, sobre el caso Radilla Pacheco, para la satisfacción de justicia para los familiares y para garantizar la no repetición de ese tipo de delito.
Primeramente, dijo, las disculpas públicas que se pidieron a la familia Radilla en el sexenio pasado y que fueron ‘realmente una vergüenza y una frustración’; la Reforma legislativa que está pendiente en el Senado de la República del Artículo 215 del Código Penal Federal, en relación con la tipificación adecuada de la desaparición forzada; y reformar al Código de Justicia Militar, para garantizar que las investigaciones sobre delitos cometidos por militares relacionados con violaciones con derechos humanos se realicen en el fuero ordinario.
Asimismo, agregó, la investigación del paradero de Radilla Pacheco y brindar justicia a sus familiares, sobre lo cual, dijo se han realizado cuatro excavaciones y otras diligencias parciales y no han sido suficientemente aprovechadas para obtener resultados satisfactorios.
Al respecto, cuestionó la falta de seguimiento del caso por parte de las autoridades que realizan las diligencias y que, por ejemplo, no indaguen documentos y bitácoras de la Bóveda del Archivo General de la Nación, como los registros militares de ingreso al Campo Militar de Atoyac, de la Operación Telaraña que permitió los retenes o de los libros históricos de los batallones.
El Secretario General de la AFADEM, Julio Mata, recordó que en México, en el periodo de ‘terror de Estado’ y no de ‘guerra sucia’, se registraron más de 800 desapariciones forzadas, más de 650 de ellas en el estado de Guerrero y más de 450 de esas en el Municipio de Atoyac de Álvarez, cuyo número incluye la detención y desaparición de Rosendo Radilla Pacheco.
Cuestionó simulación y falta de voluntad del Estado mexicano para investigar y resolver los casos de las personas desaparecidas: “Que la sociedad se dé cuenta que gracias a la gran impunidad que existe desde los años 60 y que se sigue prolongando hasta ahora ha permitido que se sigan cometiendo desapariciones en México”.
Oficialmente se contabilizan hoy en día más de 27 mil desaparecidos, únicamente del periodo de Felipe Calderón: “Si sumamos todos los desparecidos a los de las organizaciones sociales son más de 30 mil”, subrayó.
Respecto de las excavaciones para localizar los restos de Rosendo Radilla, urgió a desmantelar todo el cuartel militar de Atoyac y no sólo algunos tramos, lo cual ayudaría a encontrar a otras personas desaparecidas
Asimismo, exigió la participación de peritos y expertos forenses en contextos de violaciones a los derechos humanos y no sólo de arqueólogos que no puedan aportar más que resultados parciales sobre sus hallazgos.
