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Especialistas explican diversos mecanismos de reparación para víctimas de abusos cometidos por empresas

Boletín 267/2013
3 de agosto de 2013

• Lo anterior durante el Foro Derechos Humanos y Empresas

La Codirectora de la Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente (AIDA), Astrid Puentes, resaltó que hay herramientas que existen para la protección de comunidades y derechos humanos, además del Sistema Interamericano, como son las acciones judiciales, ambientales, soluciones políticas y soluciones negociadas, y otras vinculadas con quienes financian los proyectos.

Lo anterior, al hablar sobre la defensa de grupos vulnerables y acceso de las víctimas a recursos efectivos, judiciales y no judiciales, durante el Foro Derechos Humanos y Empresas organizado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Expuso el caso de La Oroya, ciudad de unos 30 mil habitantes en Perú, que ha tenido un complejo metalúrgico por muchos años. Indico que en 1997 la empresa de Estados Unidos Doe Run ganó la licitación del proyecto y empezó a operar el complejo. “Hay contaminación por plomo, arsénico, cadmio y óxido de azufre, que son muy dañinos para la salud humana, especialmente para niñas y niños”.

Detalló que AIDA lleva el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien después de un año otorgó medidas cautelares a favor de 65 personas para que brindarles tratamiento médico. La CIDH admitió el caso en 2009 respecto de violaciones posibles a la vida, a la integridad, a la información, y protección especial a los niños y garantías judiciales. Dijo que si bien han visto avances no se han tenido soluciones.

Otro caso es el del Páramo de Santurbán en Colombia, relativo a la protección de un páramo, que en la región andina son fábricas de agua, es decir, son esenciales para proveer agua para las grandes ciudades y la zona rural.

En particular, dijo, éste provee de agua a dos millones de personas, y ahí se está proponiendo un proyecto minero gigante de cielo abierto, llamado Angostura, que promete dinero para la región y empleo.

Añadió que en el proyecto la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo privado del Grupo del Banco Mundial, invirtió 18.2 millones de dólares entre 2008 y 2009, en una Empresa Junior canadiense.

Abundó que la AIDA presentó la queja en apoyo a la comunidad en 2012, ante el mecanismo de rendición de cuentas de la CFI, que hará una auditoría por la posibilidad de que esta instancia haya violado sus políticas de salvaguarda.

Integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Miguel Ángel Mijangos, se refirió a los mitos de la minería responsable. Dijo que la minería sustentable es imposible porque están sacando un recurso no renovable, usan millones de litros de agua, usan cianuro, desaparecen todo.

Expuso el caso de la compañía GoldCorp, una de las más grandes extractoras de oro en el mundo, multipremiada por su conducta ética, administrativa, certificada como industria limpia, y que desarrolla el complejo Filos en Carrizalillo, Guerrero.

Apuntó que la empresa ha cometido diversas violaciones al medio ambiente destruyendo vestigios arqueológicos, contaminando el Río Balsas-Mezcala, “literalmente cambiaron el curso de un río y lo subieron casi 40 metros, con las implicaciones que tiene en el ecosistema, han destruido manantiales y está destruida el 70% de la cuenca hidrológica de esa zona”.

Anotó actualmente la REMA está documentando a detalle los efectos a la salud física y mental de los pobladores.

La representante para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Amanda Romero, habló sobre los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas y el acceso de las víctimas de abusos, atribuidos a empresas, a mecanismos de reparación.

Apuntó que esos Principios hacen un planteamiento de la posibilidad de que los mecanismos de reparación sean por el Estado o desde el sector privado, judiciales o extrajudiciales. Las formas de reparación van desde las disculpas públicas hasta lo que significa la restitución, hacer un proceso de rehabilitación, por ejemplo en el tema de salud, compensación económica, sanciones punitivas.

Señaló que uno de los retos del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas Sobre Empresas y Derechos Humanos es la posibilidad de recibir quejas, “porque el mandato no fue establecido para ello, sólo para hacer visitas a países, para hacer Recomendaciones generales”. Apuntó sin embargo que sus integrantes están considerando estudiar casos emblemáticos a partir de los cuales puedan pronunciarse.

Citó algunos casos de reparación judicial a comunidades de la región afectadas por compañías extranjeras. Comentó que las comunidades tienen que recurrir a firmas de abogados en sus países para que puedan hablar sobre las violaciones a derechos humanos. Pero algunos bufetes, sin ser de derechos humanos, buscan la posibilidad de ganar dinero rápido contra una empresa, lo cual distorsiona el sentido de los derechos humanos.