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CDHDF emite medias precautorias por manifestaciones en diversas zonas de la ciudad de México

Boletín 294/2013
24 de agosto de 2013

 

• El propósito es evitar daños irreparables y tutelar derechos fundamentales de quienes habitan y transitan en la ciudad, de las personas manifestantes, así como de los propios servidores públicos y las instituciones.

 

Ante las manifestaciones de protesta y bloqueos que en los días recientes se han registrado en diversas zonas de la Ciudad de México por parte de personas integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) solicitó medidas precautorias a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal (SGDF) y a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Capitalino (SSPDF), a fin de que se privilegien los métodos y acciones de disuasión, sensibilización y diálogo para fomentar la tolerancia y el respeto entre los habitantes del Distrito Federal.

 

Este Organismo considera que en caso de que se presenten situaciones de riesgo, que conlleven al uso legítimo de la fuerza por parte de los servidores públicos responsables de la seguridad pública, ésta deberá de emplearse atendiendo en todo momento los principios de racionalidad, congruencia y proporcionalidad como lo señala los Artículos 1 y 21 de la Constitución y de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal.

 

De igual forma se destaca que en el supuesto que alguno de los manifestantes cometa alguna infracción a la ley o delito, sea puesto de manera inmediata a disposición de la autoridad competente para el pleno respeto de su derecho al debido proceso.

 

También se solicitó que dentro del término de 48 horas se le envíe un informe debidamente documentado sobre las actividades que se hayan realizado para la implementación de las medidas.

 

Para la CDHDF los derechos de manifestación y protesta no son derechos absolutos, pues están sujetos a las restricciones que sean necesarias y previstas por la ley en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger los derechos y libertades de la sociedad en su conjunto.