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Armonizar el derecho a la libertad de decisión con el derecho a la salud: CDHDF

Boletín 271/2013
7 de agosto de 2013

• Inauguran el Foro Internacional sobre Drogas y Derechos Humanos

• Señala del Jefe de Gobierno la necesidad de estar informados y de escuchar a todos los grupos

Al inaugurar el Foro Internacional sobre Drogas y Derechos Humanos, elOmbudsman capitalino, Luis González Placencia, señaló la importancia de armonizar el derecho a la libertad de decisión con el derecho a la salud, poniendo en el centro a la dignidad humana, “hablar del consumo responsable y de la necesidad de implementar políticas que nos lleven a la reducción de daños”.

Ante el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) considera que la clave está en la prevención, que pueda aportar información suficiente para que las personas adultas tomen sus decisiones de manera informada, asumiendo una corresponsabilidad respecto de las consecuencias que este consumo implica.

“La necesidad de hacerse responsable sobre las consecuencias que eventualmente ese consumo puede tener, con ese enfoque estaríamos en la lógica de armonizar el derecho a la libertad de decisión, con el derecho a la salud, sobre todo pensando en la colectividad”, subrayó.

Apuntó que el enfoque es distinto al de la prohibición, y que se trata más bien de ir conformando las condiciones para que las personas tomen sus decisiones a partir de información veraz, información abierta, que les permita valorar la propia decisión.

Se pronunció por un debate informado, un debate serio y desprejuiciado, “sobre un tema sobre el que se tiene que hablar sin duda.” Añadió que la CDHDF prepara un Informe Especial sobre Drogas y Derechos Humanos que presentará en los próximos meses.

Refirió que desde que inició la estrategia de lucha contra las drogas en México, los resultados merecen hacer un alto en el camino y repensar las cosas. Hoy las drogas son más y más diversas en el mercado; más que abatirla, la delincuencia organizada se ha diversificado; los cárteles fragmentados incursionan en nuevas áreas delictivas, lo que producen un escenario complejo en el país.

Agregó que hay un número mayor de pérdidas de vida, de desplazamientos humanos, de desapariciones, violaciones a derechos humanos debido a la actuación de las fuerzas armadas, la pérdida del control del Estado en muchas regiones del país.

Por eso el debate es tan importante, en el caso de la mariguana es pertinente porque el consumo es legal, pero la venta es ilegal, lo que genera un efecto pernicioso que tiene como resultado que sean los consumidores quienes llevan la peor parte, al ser estigmatizados, víctimas de abusos por parte de la Policía y consumen sustancias cada vez más adulteradas.

Miguel Ángel Mancera expuso que se debe partir de la Reforma de la Ley General de Salud, con la cual el Estado Mexicano adoptó una política a la no penalización de la posesión de diversas sustancias, “en este caso el enfoque es que los estados de la República tienen que asumir que el asunto de narcomenudeo es un tema de salud, el enfoque es un tema de salud”.

Así, añadió, lo que dejó la Ley como obligación para todos nosotros es abocarnos a las políticas de prevención, a las políticas de conducción y de comprensión de esta problemática. Apuntó que la visión de derechos humanos es fundamental en el conocimiento de este debate.

“Habría que preguntarnos sobre esta obligación que planteó la Ley General de Salud, cuántos estados hemos cumplido ya con las diferentes instituciones encargadas de la prevención y del tratamiento, deberíamos saber si todos estamos realizando la tarea de manera conjunta para tener un avance uniforme”, dijo.

Recalcó la necesidad de estar informados y de escuchar a todos los grupos. “No abrir un debate sobre este tema de la droga, en el caso actual que se está hablando de la mariguana, sería dejar cerrada la visión. Si tenemos que decir que no o si tenemos que decir que sí, habría que hacerlo de manera informada, no podemos anticipar ni dejar de escuchar a la sociedad, a los expertos”.

Aclaró que la obligación del Gobierno de la ciudad, que le ha sido compartida por la Federación, es tener conocimiento, saber si se está en la ruta correcta de actuación, “para eso hay que participar en los debates, en los foros, hay que conocer las razones y los porqués de cada participante”.

El Director del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD), Jorge Hernández Tinajero, aseveró que el Sistema Internacional de Control de Drogas es anacrónico para enfrentar la realidad de un mundo globalizado, diferente al de hace 50 años. “Sus consecuencias, no intencionales, son la causa directa del crecimiento del crimen organizado y de su violencia”.

Además, añadió, de la marginación y estigmatización de los usuarios de sustancias sicoactivas y de la erosión de las instituciones democráticas. Agregó que los Estados Unidos, guardianes de este Sistema lo han empezado a abandonar en los hechos, por la vía de la regulación de la mariguana, y ya no tienen autoridad moral para exigir su cumplimiento a otros países.

Dijo que hoy en México el debate público es abierto y profuso, pero requiere establecer prioridades. Enumeró tres puntos que “pueden compartirse por todos: estamos preocupados por dar una nueva importancia a la perspectiva de la salud pública relacionada con las drogas, en cuanto a prevención, reducción de riesgos y daños, y tratamiento”.

Estamos de acuerdo, siguió, en hacer todo lo posible para evitar el acceso a las drogas, sean legales o ilegales, a cualquier menor de edad y sin excusas. “Estamos de acuerdo en respetar los derechos humanos de todas las personas”.

Ante las drogas, aseguró, las autoridades no saben qué posición tomar y mandan mensajes o toman decisiones contradictorias;” no han hecho nada más que tomar esquemas discursivos y políticas públicas que han probado sobradamente sus limitaciones y sus escasos resultados, por ello son necesarios nuevos enfoques y audacia para llevarlos a la práctica”.

Indicó que la ambigüedad jurídica del usuario deber ser resuelta de manera definitiva. “La ciudad de México tiene la oportunidad de demostrar que sí es posible instrumentar políticas públicas benéficas para todos, y que no se limiten al ejercicio represivo; no se trata de liberar, sino de ordenar y limitar el acceso a las drogas, y respetar los derechos humanos de usuarios y de no usuarios”.

Señaló que las políticas de reducción de riesgos y daños, estipuladas en las propias leyes de la ciudad, son hoy letra muerta, y es en ellas sin embargo donde está la verdadera política pública incluyente. “Detener usuarios para alimentar la estadística haciéndolos pasar por traficantes no ayuda a la Seguridad Pública ni a la ciudadanía”.

Advirtió que los Tribunales de Drogas son el “horror disfrazado de bondad”, porque vinculan el uso de drogas como una causa directa en la comisión de delitos en una relación de causalidad jamás probada por la teoría ni por la experiencia. Estimó que crear tribunales especiales para una minoría específica sólo contribuye a su estigmatización.

“Por primera vez los derechos humanos voltean hacia una de las poblaciones más marginadas, más olvidadas, para darle esperanza en cuanto a la protección a sus derechos”, finalizó.