Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 235/2013
5 de julio de 2013
• En el Foro Internacional Los derechos humanos: condición fundamental en el sistema penal acusatorio
En el Foro Internacional Los derechos humanos: condición fundamental en el sistema penal acusatorio, Carolina Villadiego Burbano apuntó que las políticas de Estado no implican que haya que tener un solo Código o una sola forma de actuar, “la forma de atacar la criminalidad implica la coordinación efectiva, la transparencia y la información entre las instituciones públicas”.
En la Mesa “La investigación y acusación en el Proceso Penal Acusatorio”, la experta del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) se refirió a la relación entre Ministerio Público y Policía y subrayó que esta última es un elemento central para la implementación del Sistema Penal Acusatorio.
Explicó que siendo la transición a la democracia una de las razones para poner en marcha este Sistema, esto ha generado que en América Latina la labor de investigación de la Policía esté controlada por el Ministerio Público, al tiempo que la construcción de la relación entre ambas instituciones se ha dificultado.
La labor de la Policía en el marco del proceso penal es fundamental para el Ministerio Público, por lo tanto, dentro de su modelo de gestión tiene que incluir la labor con la primera, pero no necesariamente tiene que imponer el modelo de gestión adecuado, sino tratar de coordinarse de manera real y efectiva, dijo.
Estimó que un modelo de gestión de Ministerio Público debe considerar sí la gestión administrativa, pero concentrarse en la forma de realizar la persecución penal de manera más adecuada.
Tienen que atender casos de forma diferenciada, añadió, a través de modelos de persecución penal estratégica, que les permita hacer análisis de fenómenos criminales, estrategias de cómo desmantelar estructuras criminales donde no hay personas identificables. Además de responder a casos específicos.
A su vez, el consultor Diego Salamea se refirió a la persecución criminal estratégica y señaló que México al igual que otros países de América Latina demanda seguridad, “lo cual representa un reto fuerte para una Fiscalía que debe entender que hay lógicas criminales, y que no podrá atender la demanda desde el sistema de casos, no importa cuán buenos sean (en la Fiscalía)”.
Citó la experiencia de Ecuador en delitos contra la propiedad y dijo que hubo un cambio de lógica y se entendió que no se trata de delitos individuales, “si alguien roba un celular, no come el celular, pero sabe dónde se venden, atrás de eso hay un mercado, el grueso del negocio está en circuitos criminales”.
Apuntó que uno de los más grandes errores es creer que la demanda de la seguridad no es legítima, “los que toman la política de mano dura, si se quiere mal, absurda, pero están respondiendo a lo que la gente demanda. ¿Por qué la gente nos haría caso si no tenemos una propuesta sobre estos temas?”, cuestionó.
Por su parte, el profesor de la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO), Guillermo Zepeda Lecuona, mencionó que en el Sistema Acusatorio Adversarial la investigación criminal es el precio de referencia para todo el sistema, en la medida que se tenga una investigación sólida, que los casos que lleguen a juicio oral cuenten con una actividad intensa, pueden mandar el mensaje de que se están haciendo bien las cosas.
Indicó que la persecución penal estratégica es algo que el Sistema penal tradicional no suele hacer, porque las instituciones no tienen flexibilidad para tomar ese tipo de medidas fundamentales de política criminal, “que puede más un kilo de prevención que una tonelada de sanción”.
Se ha dicho que el derecho penal es la ultima ratio y dentro del derecho penal la prisión debe ser el último recurso de la sociedad y en México hemos invertido los términos. Hay datos como que el 60% de las condenas en México son para delitos menores, más de 20 mil casos al año hay de daño en las cosas, derivados de acciones de tránsito y 6 mil llegan a sentencia.
Abundó que en México sólo el 13% de los delitos se reportan, el 25% son delitos violentos, el 33% son delitos de alto impacto, “y hacia eso hay que enfocar las baterías del sistema penal, mientras que un gran porcentaje de delitos menores se pueden atender con mecanismos no criminógenos”.
Indicó que el nuevo sistema de justicia tiene la capacidad de incrementar la capacidad de respuesta de las Procuradurías, principalmente por la justicia alternativa, ya que muchos casos que antes se criminalizaban, como daño en las cosas, robo sin violencia, ahora se canalizan a instrumentos de mediación, donde la solución es proporcional.
Mencionó que contrario a lo que nos dijeron durante seis años, a nivel federal el 62% de las condenas son para los delitos menores, fundamentalmente posesión de narcóticos.
En su oportunidad, Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo que en el nuevo modelo de Justicia Penal el Ministerio Público debe tener la mentalidad de quien coordina un equipo, porque ahora hay una actitud de respectivo menosprecio entre el Ministerio Público, la Policía y los peritos, además de una desconfianza recíproca.
Comentó que eso representa una tarea de diseño institucional incluidos los incentivos porque de ello depende la clase de Ministerios Públicos que se van a tener.
El Primer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Mario Patrón, moderó la mesa y destacó que una de las grandes críticas de la Reforma penal de 2008 a nivel nacional fue que poco o nada se habló de la Policía y de su nuevo papel en el Sistema Penal Acusatorio.
