Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 242/2013
12 de julio de 2013
• La Procuraduría capitalina ha retardado injustificadamente la integración y determinación de la averiguación previa
• Esa mala actuación le valió ya la Recomendación 3/2011 de este Organismo Defensor
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) acompañará a los ex trabajadores de la extinta Ruta 100 para que presenten su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la impunidad y la falta de procuración de justicia debida y oportuna por parte de autoridades capitalinas.
Así lo anunció en conferencia de prensa, el Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, quien señaló que en el caso que dio lugar a la Recomendación 3/2011 de este Organismo Defensor “prevalece un escenario de total impunidad en contra de las personas agraviadas”, por lo cual también la declaró como incumplida en abril pasado.
Han transcurrido 12 años desde que las personas agraviadas denunciaron los hechos y “La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha restringido el acceso a la procuración de justicia, perpetuando la violación a los derechos humanos de casi 7 mil personas y de sus familias”.
El Ombudsman capitalino recordó que en mayo de 2011, la CDHDF dirigió su Recomendación 3/2011 a la PGJDF con motivo del retardo injustificado en la integración y determinación de la averiguación previa iniciada en 2001, relativa a la presunta mala administración de un fideicomiso, creado con sus liquidaciones, para la creación de empresas de transporte de las que serían socios y generarían sus propias fuentes de empleo.
En más de 10 años, agregó González Placencia, la PGJDF no ha logrado consignar el caso ante la autoridad jurisdiccional, al no investigar diligente y puntualmente las observaciones de la Jueza 47ª Penal, quien conoció de las consignaciones realizadas ante el Ministerio Público.
Esta Comisión, insistió, ha impulsado a la PGJDF a dar cumplimiento a la Recomendación 3/2011, con el fin de que las personas agraviadas puedan acceder a la justicia, pero a dos años de emitido ese instrumento dicha autoridad no ha concluido su indagatoria para resolver definitivamente la responsabilidad en que pudieron haber incurrido los servidores públicos a cargo de la averiguación por fraude en el fideicomiso, como tampoco ha diseñado un mecanismo para evitar la repetición de hechos como el descrito.
A su vez, José Alberto Soto Barroso, uno de los agraviados del caso, acusó que los daños ocasionados a los trabajadores de Ruta 100 son por lo que han dejado de percibir de las ganancias y utilidades que generan la explotación comercial de 3 mil 80 concesiones desde 1996 a la fecha. Además de los intereses que no han percibido por la administración del Fideicomiso, patrimonio que en 1996 era de 3, 800 millones de pesos y hoy es de 4 pesos.
Dijo que el daño a los trabajadores es de más de 15 mil millones de pesos, desde 1996 hasta el día de hoy.
Reiteró que la CDHDF valora un proyecto de queja a la CIDH en apoyo a los ex trabajadores. Apuntó que tienen documentos certificados por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia penal en el Distrito Federal, que acreditan sus derechos y la titularidad de las 3 mil 80 concesiones, que explotan comercialmente cuatro empresas.
Refirió que a consecuencia de la quiebra de la empresa y para solucionar el conflicto, en abril de 1996 el Gobierno de la ciudad y el representante de los ex trabajadores de Ruta 100 firmaron un convenio en el que se acordaron liquidaciones al 72% y el 28% como pago para otorgar concesiones.
Se otorgaron, añadió, 1500 concesiones para prestar el servicio público de transporte en modalidad de autobuses y 1000 para taxis, todo para beneficio de quienes eran trabajadores en activo al año 1995. Abundó que se formó un Fideicomiso con las aportaciones de 8 mil ex trabajadores de Ruta 100, pero son otras cuatro empresas quienes explotan comercialmente los títulos de concesión.
Dijo que al no recibir dividendos ni utilidades los ex trabajadores de Ruta 100 perdieron su nivel de vida, por falta de trabajo, sus hijos abandonaron sus estudios, tienen carencia de alimentos, vestido, vivienda y la salud, hijos que abandonan a sus familias. “12 años buscando justicia nos ha ocasionado un desgaste moral por la respuesta negativa de las autoridades encargadas de la procuración de justicia en el Distrito Federal”.
En tanto, Víctor Manuel Cervantes García mencionó que tras 18 años de espera de justicia, los más de 12 mil trabajadores de la ex Ruta 100, y hoy sus viudas e hijos, han tenido afectaciones en sus vidas, desde la dificultad para conseguir trabajo por considerarlos como “muy politizados”; disoluciones de sus familias, hijos en el desamparo, sin acceso a la educación.
También estuvo presente el señor Francisco Rentería Martínez quien lamentó que las autoridades de la ciudad sólo los vean como un número más, en sus estadísticas y asuntos pendientes por resolver, «eso se llama impunidad”.
