Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 207/2013
15 de junio de 2013
• Presentan en la CDHDF el Informe sobre la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en México. Estado actual después de las reformas constitucionales de 2005, 2008 y 2011, del Instituto de Justicia Procesal Penal.
En la justicia para adolescentes en conflicto con la ley ha habido avances, pero también existen retos importantes que se deben tomar en cuenta, aseguró la Segunda Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Rosalinda Salinas Durán.
Así lo expresó al comentar el Informe sobre la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en México. Estado actual después de las reformas constitucionales de 2005, 2008 y 2011, realizado por el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) y auspiciado por el Fondo Canadá para Iniciativas Locales.
En el Salón Digna Ochoa y Plácido, enfatizó que para la CDHDF el tema de justicia para adolescentes es uno de los ejes prioritarios en los que se basa su trabajo de investigación, defensa y promoción de los derechos humanos.
Salinas Durán consideró que el presente Informe permitirá analizar cómo han influenciado las reformas en la aplicación de las normas para la justicia para adolescentes, tanto en el proceso de la prevención del delito como en la ejecución de la medida en internamiento o libertad y la reinserción.
Agradeció al Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) y al Fondo Canadá para Iniciativas Locales por la elaboración del Informe, en particular a la organización canadiense por apoyar la investigación porque “luego hay muchas cosas que decir y pocos fondos para hacerla y contratar a los expertos”.
A su vez, la Directora de Proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal, Ana Aguilar, aseveró que en las entidades del país la diversidad en la aplicación de la reforma en adolescentes es muy grande.
Por ello, dijo, a partir de este Informe quieren devolver el tema de los adolescentes en conflicto con la ley a la luz pública y a la atención de la ciudadanía y de las instituciones.
“Creo que es un tema que, aunque no se ha olvidado y muchísima gente trabaja en ello, se relegó porque vinieron diferentes reformas al sistema de justicia, la reforma en derechos humanos, que ahora nos exigen jalar de nuevo esa reforma al espacio público para su discusión y debate”, indicó.
En su oportunidad, el Consultor del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, Rubén Vasconcelos, aseguró que no hay datos fiables sobre la situación de la delincuencia juvenil. “No hay datos consistentes y uniformes en todo el país”, apuntó.
“No hay estrategias para la atención de niños y jóvenes expuestos a algún factor de riesgo y las respuestas institucionales en vez de procurar incluir a los jóvenes a la sociedad refuerzan su estigmatización y su exclusión”, subrayó.
En tanto, el Investigador del Instituto de Investigación para la Justicia en Argentina y consultor de IJPP, Carlos Gregorio de Gracia, afirmó que México no tiene un drama de participación de los adolescentes en los temas de seguridad pública, como lo tiene Uruguay, Venezuela o Brasil, donde son vistos como los principales causantes de la inseguridad ciudadana.
Manifestó que en todos los países en donde ha sido diagnosticado el sistema de justicia para adolescentes como imperfecto, ha mostrado que las instituciones trabajan en forma fragmentada y no en cooperación.
En el Informe sobre la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en México. Estado actual después de las reformas constitucionales de 2005, 2008 y 2011, coordinado por Carlos Gregorio de Gracia y Gregorio González Nava, también participaron la representante de la Embajada de Canadá en México, Priscila Slim; la Oficial Nacional de Política de UNICEF México, Paula Ramírez-España Beguerisse; el integrante de IJPP, Javier Carrasco Solís; y los periodistas Lydia Cacho y Marco Lara Klahr.
Informe
El Informe sobre la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en México. Estado actual después de las reformas constitucionales de 2005, 2008 y 2011, aborda el desarrollo histórico-legal de la justicia para adolescentes en el ámbito internacional.
Además, resalta los avances normativos en México a raíz de las reformas legislativas y muestra la brecha dentro del sistema penal en Baja California, Distrito Federal, Guanajuato, Morelos y Oaxaca.
Enfatiza que mientras persista entre los operadores jurídicos la cultura “tutelar”, el sistema de justicia para adolescentes permanecerá anclado a sus viejas prácticas violatorias del debido proceso.
