Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 223/2013
26 de junio de 2013
• Organismos defensores de derechos humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil exigen al Estado mexicano eliminar esta práctica
A pesar de que existen múltiples Recomendaciones hacia el Estado mexicano emitidas por diversos mecanismos del Sistema Interamericano y Universal de protección de los derechos humanos sobre prevención, erradicación y sanción de la tortura, ésta sigue siendo una violación grave y sistemática de los derechos humanos en nuestro país.
Lo anterior señalan Organismos constitucionales de derechos humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que suscriben una declaración con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
Apuntan que con base en el informe de Human Rights Watch de 2013, en México, desde 1994 tan solo han sido condenados por tortura dos funcionarios federales, a pesar de que en el periodo 2009 a 2011 esa organización documentó más de 170 casos de tortura, sin mencionar aquellos documentados por Organizaciones de la Sociedad Civil en diversas regiones del país.
Refieren que la Asamblea General de Naciones Unidas estableció en su Resolución 52/149 la conmemoración del 26 de junio como el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura con el firme propósito de erradicar esta grave violación a los derechos humanos y enfatizar la condena que la comunidad internacional hace sobre dichos actos.
En este sentido, consideran que este Día debe servir para hacer un llamado a la sociedad sobre la importancia de la defensa de la dignidad humana, el respeto a la integridad personal y al derecho a la vida.
Para quienes suscriben la declaración, las víctimas de estos actos son personas cuyas vidas se han visto irremediablemente afectadas por las huellas físicas, psicológicas y emocionales generadas por los actos de tortura a que han sido sometidas; por ello no deben ser olvidadas, sino acompañadas y reparadas de manera integral.
Apuntan que siendo la tortura una violación grave e inexcusable, cuya comisión y tolerancia no puede ni debe tener cabida social o judicialmente en ninguna sociedad democrática, es fundamental que todos estos actos no queden impunes, y se determine la responsabilidad de los perpetradores directos, hasta los superiores jerárquicos que facilitan, consienten o no impiden la comisión de la tortura.
En este sentido, estiman fundamental la voluntad política de las autoridades ministeriales y judiciales de todos los niveles de gobierno para romper el actual ciclo de impunidad de este crimen.
Reconocen que el actual sistema mexicano de investigación penal y procuración de justicia se encuentra en un momento clave de su transformación, por esta razón, subrayan que las garantías procesales de presunción de inocencia y debido proceso son incompatibles con la tortura como acto legitimado para la obtención de confesiones y el esclarecimiento de la verdad jurídica, pues su naturaleza criminal quebranta los fines mismos de la justicia y lesiona las aspiraciones del Estado constitucional y democrático de derecho.
Por ello, en el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, refrendan su compromiso para exigir que a través de las instituciones del Estado mexicano, y con base en el marco internacional de derechos humanos, se actúe decididamente para eliminar la práctica de la tortura, se investigue, de manera imparcial y objetiva su comisión garantizando la reparación integral y efectiva del daño a las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos.
Suscriben la declaración: Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A. C. (ACUDDEH), Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP. A. C., Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Comité Cerezo México, DiferentES, Documenta, Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (FEMESS), Instituto de Justicia Procesal Penal, A. C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A. C., Las Reinas Chulas, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (PRODH).
