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Necesario, cambiar la mentalidad de las y los operadores jurídicos de todos los niveles: Ombudsman capitalino

Boletín 188/2013
2 de junio de 2013

• El Poder Legislativo está obligado a revisar las normas actuales para armonizarlas con el nuevo marco jurídico de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos.

La Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011 no significa “un simple cambio”, sino la necesidad de cambiar la mentalidad de las y los operadores jurídicos de todos los niveles, aseveró el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.

“La propia Reforma es explícita cuando impone una serie de obligaciones a todos los servidores y servidoras públicos del país, y eso incluye desde luego al Poder Ejecutivo, al Judicial y al Legislativo, pero también lleva implícita la necesidad de una compresión general de lo que significa para las relaciones armónicas entre las y los ciudadanos”, apuntó.

Al participar en el Seminario Internacional, Derechos Humanos: Jerarquía Normativa y obligaciones del Estado en el Senado de la República, expresó que a partir de las nuevas obligaciones derivadas del Artículo 1 Constitucional, se debe revisar el marco jurídico actual para confrontarlo con el nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos.

“Es necesario hacer un control de aquellas normas que son protectoras de derechos humanos, estén o no estén en tratados de la materia. Este es un tema importantísimo porque eso implica una tarea para los operadores jurídicos que no es para nada sencilla”, dijo.

El Ombudsman capitalino manifestó que el Poder Legislativo está obligado a revisar las normas actuales para armonizarlas con el nuevo marco jurídico.

Explicó que a partir de la citada Reforma de 2011, cuando se legisle sobre seguridad pública o nacional, se tendrá que hacer teniendo en consideración las normas de derechos humanos de los tratados internacionales.

“Esto le da una orientación clara al legislador en términos de que ya no se vale legislar de todo, sino que eso que se legisle en el futuro tiene que ser armónico respecto de las normas protectoras de derechos humanos, que hoy constituyen nuestro marco constitucional”, subrayó.

En el caso del Poder Judicial, afirmó, existe la necesidad de desarrollar criterios necesarios para que la interpretación del derecho se dé en función de las normas protectoras de los derechos.

En lo que corresponde a las obligaciones del Poder Ejecutivo, precisó que éste está obligado a hacer una revisión crítica de la manera en que ha aplicado las normas previas a la Reforma, a fin de buscar mecanismos que permitan armonizar su actuación con la norma actual.

En su oportunidad, el Subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo García Cervantes, consideró que la persistencia y la racionalidad en la aplicación de políticas públicas desde la perspectiva de derechos deben ser permanentes.

“No podrá haber cultura democrática si no se persiste en la generación de una cultura de derechos humanos a través de la consolidación de una nueva racionalidad en el diseño de las políticas públicas”, comentó.

A su vez, el Director General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ricardo Sepúlveda, anunció la integración de la Comisión de Política Gubernamental de Derechos Humanos para iniciar la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos, en el que se prevé participen todos los sectores de la sociedad.

“Vamos, y ese es el propósito, por la elaboración de una política de Estado en materia de derechos humanos”, indicó.

En tanto, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Gonzalo Hernández Licona, apuntó que no habrá manera de materializar los derechos en el bienestar de la población sino se realiza una planeación concreta en los próximos años.

En el Seminario Internacional, Derechos Humanos: Jerarquía Normativa y obligaciones del Estado participaron también el Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón; y el Profesor Investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Luis Daniel Vázquez, quien fungió como moderador.