Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 221/2013
26 de junio de 2013
• Junto con PROCEDER A.C. señala que el matrimonio igualitario tiene que ser universalmente accesible
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y Promotores Ciudadanos en Defensa y Respeto de los Derechos Humanos (PROCEDER A. C.) se pronuncian a favor de las iniciativas que, desde los ámbitos locales, promueven reformas legislativas y el fortalecimiento de la cultura política de la Igualdad y la No Discriminación que redundan en el acceso a la figura civil del matrimonio para todos y todas, sin discriminación relacionada con la orientación sexual o la igualdad de género.
En el caso del Distrito Federal, entidad que desde el año 2010 reconoce el matrimonio y la adopción por parte de parejas del mismo sexo, estas reformas fueron producto de la acción legislativa que capitalizó el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan a favor de los derechos de la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersex (LGBTTTI).
No sin una discusión que tuvo momentos poco tersos entre las y los legisladores, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se produjo una revisión del principio de No Discriminación en el ámbito del derecho civil, que norma las relaciones entre las personas y genera obligaciones para el Estado en términos de reconocimiento y protección social.
Desde este punto de vista, las referidas reformas tuvieron como intención actualizar y ampliar la protección de derechos en un sentido que el legislador original no pudo prever, es decir, para dar cobertura completa a las familias diversas.
Así, se reconoció el mismo estatus jurídico a las uniones entre personas del mismo sexo que a las realizadas entre hombre y mujer, además de suprimir la finalidad reproductiva de esta unión como criterio para su aceptación por parte del Estado.
En este sentido, el matrimonio igualitario constituye un paso más en dirección de la igualdad plena de las personas de la diversidad sexual, más allá incluso de aquella figura especial conocida en el Distrito Federal como “Sociedad de Convivencia”.
No obstante, sabemos que esta ruta legislativa no es la misma que se puede recorrer en las diversas entidades federales y, también, que existen diferentes niveles de empoderamiento en el ámbito local para las Organizaciones Civiles a favor de la diversidad sexual.
En entidades como Oaxaca, Quintana Roo o Colima, las Organizaciones han elegido la vía judicial para amparar a las parejas de personas del mismo sexo que deciden casarse, en contextos que todavía definen al matrimonio a partir de la función reproductiva, con resultados diversos.
En algunos casos, para subsanar lo que se reconoce como una deuda de justicia histórica hacia la población LGBTTTI, se ha ofrecido desde el poder legislativo la creación de figuras civiles alternativas que garantizan ciertos derechos de seguridad social, pero que no tienen el estatus del matrimonio igualitario.
Es convicción de la CDHDF y PROCEDER A. C. que el paradigma de los derechos humanos tiene que reinterpretarse y ampliarse a la luz de las demandas de inclusión y reconocimiento de los diversos grupos civiles, como los de la diversidad sexual.
Por ello, corresponde a los cuerpos legislativos en los distintos ámbitos retirar los obstáculos estructurales y formales para el acceso de todas las personas a las protecciones derivadas de la ciudadanía. Esto, a su vez, genera un cambio cultural que, de manera gradual, va haciendo visibles formas de ejercer la libertad y la ciudadanía que se habían mantenido ocultas a causa de la discriminación y la inseguridad.
Es ésta la razón fundamental de que, independientemente de si las personas de la diversidad sexual quieren hacer uso o no de la figura de la unión civil, el matrimonio igualitario tiene que ser universalmente accesible.
