Boletín 161/2013
12 de mayo de 2013
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) celebra La entrada en vigor del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC) representa un importante avance en la protección y garantía de estos derechos
El Organismo saluda este importante logro y se suma a las manifestaciones de la Sociedad Civil Organizada de la ciudad y el país en el llamado al Estado Mexicano para que firme y ratifique dicho instrumento.
El Protocolo establece tres mecanismos o procedimientos diferentes para atender violaciones: un procedimiento de comunicaciones individuales o colectivas (quejas o peticiones) que permite a las víctimas de violaciones a DESC presentar una queja ante el Comité DESC de la ONU; un mecanismo operativo de quejas interestatales o comunicaciones entre los Estados, y un mecanismo operativo de investigación que permite al Comité DESC iniciar una investigación cuando reciba información fiable que indique la existencia de violaciones graves o sistemáticas de los derechos consagrados en el PIDESC.
Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Portugal, Eslovaquia, España y Uruguay ya ratificaron dicho Protocolo, lo cual representa una avance para impulsar acciones de justicia ante violaciones como las que viven 38 mil 020 de personas en México que no cuentan con derechohabiencia (Censo 2010); los 4,3 millones que según Conagua en 2010 vivían sin servicio de agua, y para el 18.2% que de acuerdo con datos del Coneval de 2010 vivían en pobreza alimentaria.
También se abona al reconocimiento de la capacidad de las personas individuales y colectivas para denunciar presuntas violaciones y reclamar el ejercicio de éstos derechos, lo que obliga al Estado a generar los mecanismos adecuados para garantizarlos, promoverlos, protegerlos y respetarlos. Para la CDHDF es un claro ejemplo de progresividad de los derechos humanos y de los alcances de lucha cotidiana por su reivindicación. La firma y ratificación de éste instrumento por parte del Estado Mexicano es fundamental, ya que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, representa su inclusión en los estándares internaciones que ya hacen parte del marco jurídico nacional.