Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 162/2013
13 de mayo de 2013
• Urge Ombudsman a su implementación de vanguardia en el Distrito Federal y a atender experiencias exitosas en América Latina
• Inauguró Foro Internacional Los derechos humanos: condición fundamental en el sistema penal acusatorio
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, rechazó que el debido proceso que impone el sistema penal acusatorio, cuya implementación sigue pendiente en México, genere impunidad y vaya en contra de las acciones que buscan generar una mayor sensación de seguridad en la ciudadanía.
“Todos estos temores acerca de la impunidad y de qué va a pasar si mañana la Reforma va a sacar a todos de la cárcel, requieren de una explicación amplia, ante la sensación fuerte de inseguridad y de que si el Estado no mete a las personas a la cárcel el delito no baja y las personas están en situación de vulnerabilidad, eso no lo hemos logrado todavía comunicar”, reconoció.
Al inaugurar el Foro Internacional Los derechos humanos: condición fundamental en el sistema penal acusatorio, reiteró que “La evidencia dice que si eso fuera cierto, por lo menos de 2008 para acá, cuando se comenzó a implementar la Reforma Constitucional en materia penal, tendríamos un menor número de delitos y de víctimas, lo cual no es cierto, lo que sí tenemos son más presos, por lo menos en el Distrito Federal”.
El Ombudsman capitalino dijo también que en México no se ha logrado consolidar una visión de Estado frente a la Reforma, ya que “No es un tema que pueda ser dejado a la libre interpretación; ha jugado en contra el federalismo, la idea de que cada estado, en uso de su soberanía, puede adecuar la Reforma según le parezca”.
González Placencia subrayó que la arraigada tradición procesalista, impregnada de ‘parroquialismo jurídico mexicano’, hace pensar que lo que se produce en México es inmejorable, como lo fue con el amparo y lo es ahora con las prácticas procesales que están en los libros y que se plantean como verdades incuestionables.
Al respecto, dijo, es primordial atender hacia un necesario cambio de mentalidad de los operadores jurídicos frente al propio sistema penal acusatorio: “Es fundamental que los operadores jurídicos tengan una comprensión cabal de los que significa el debido proceso como núcleo duro dentro del sistema penal acusatorio, que armoniza con la visión de los derechos humanos; que deje de ser un tema de aproximaciones y de escuelas para convertirse en una obligación”.
Es necesario, agregó, que los operadores jurídicos hagan esa relectura, lo mismo que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que tomen las previsiones necesarias para que la actitud sea distinta, ya que aunque en 2008 se logró avanzar, a final se generó también una Reforma ‘esquizofrénica’.
Y explicó que, aunque se intentó superar la visión inquisitorial del sistema penal para aproximarse hacia un proceso penal acusatorio; también se incorporaron elementos de excepción, a través de contrarreformas dentro de la propia reforma, que ha costado mucho tratar de desmontar: “Por ejemplo la figura del arraigo, prácticas del Ministerio Público y dentro de las prisiones, contrarias a la Reforma Constitucional o que a veces prácticamente la anulan”.
En la ciudad de México, dijo, se ha hecho muy poco, lo cual es un problema y también una ventaja: “Tenemos la posibilidad de que lo que hagamos sea realmente de vanguardia, de tomar en cuenta una década de experiencia en América Latina y de 4 o 5 años de las experiencias en los estados y de entender cuál sería el camino más adecuado para que la ciudad de México pueda tener un sistema realmente acusatorio”.
En tanto, las Diputadas Olivia Garza de los Santos, del Partido Acción ANcional (PAN), Presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios; y Miriam Saldaña Cháirez, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), celebraron la convocatoria de la CDHDF para abrir el debate sobre las reformas locales pendientes, con una visión de derechos humanos.
Saldaña Cháirez se refirió a la criminalización de la pobreza y anunció que propondrá al Pleno de la Asamblea que las patrullas sean monitoreadas para evitar torturas en las puestas a disposición.
Por su parte, Garza de los Santos reiteró su compromiso para que las iniciativas de reforma relativas a la implementación del sistema penal en la ciudad de México consideren la privación de la libertad de las personas como la última opción de justicia y no la primera, como actualmente sucede, lo cual, dijo, se evidencia en la sobrepoblación de los centros de reclusión en el Distrito Federal, donde tres de cada cuatro internos provienen de familias con ingresos de apenas un salario mínimo.
En la Conferencia Inaugural “Implementación del Sistema Penal Acusatorio en Latinoamérica”, Carolina Villadiego Burbano, habló de la relación entre el sistema penal acusatorio y los derechos humanos y de sus nociones básicas, como el debido proceso, los juicios orales públicos y contradictorios y de las garantías para la defensa.
Al respecto, dijo que se debe lograr el equilibrio para garantizar de igual forma los derechos de las víctimas tanto como los de las personas acusadas, para lo cual también es necesaria la separación de las funciones de investigación de los delitos de los juzgadores, además de que las procuradurías actúen más como fiscalías para la investigación y no como jueces.
Entre las claves que mencionó para lograr una adecuada implementación, a partir de la experiencia comparada, está la de lograr reformas estructurales y no cosméticas, la modificación de prácticas, lograr modelos de gestión adecuados y modernos, la coordinación entre instituciones; la rendición de cuentas y someterlas a procesos de evaluación.
Asimismo, advirtió sobre la práctica de acciones inquisitoriales que limitan el debido proceso, como la de la falsa oralidad con lecturas excesivas del ‘expediente’, la concentración o separación de las audiencias en el tiempo; las restricciones de la oralidad en ciertas partes del proceso; el fortalecimiento de la Defensoría Pública; así como de los elementos policíacos, que son el primer eslabón del sistema penal.
