Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 20/2013
15 de abril de 2013
Pregunta (P): Sobre las probables nuevas sanciones para el ex titular de la SSP-DF y la Procuraduría de Justicia del Distrito, que esta sentencia se había revisado largamente por casi cinco años y que la probabilidad de que hubiera elementos nuevos para poder juzgar a estos servidores públicos sería prácticamente nula. ¿Cuál es la posición de la Comisión de Derechos Humanos en relación a la plática que tuvieron con el Procurador y con los familiares a este respecto?
Doctor Luis González Placencia (LGP): Bueno, como ya lo dije, efectivamente se explicó a las familias que en lo que se refiere a las instancias nacionales, digamos, ese tema está agotado, si consideramos los hechos por los que fueron ellos juzgados en su momento. El compromiso del Procurador fue que de aparecer hechos nuevos naturalmente habría lugar a nuevas averiguaciones. De cualquier manera, la decisión de acompañar a las familias a las instancias internacionales tiene que ver con la posibilidad de revisar lo que se actuó en su momento y que derivó en una absolución.
P: ¿Pero habría un nuevo periodo de aportación de pruebas para acreditar la responsabilidad de estos ex funcionarios?
LGP: Eso depende de que se hallen motivos como para iniciar una nueva averiguación.
P: ¿Cuándo sería exactamente este acompañamiento de queja ante las instancias internacionales de derechos humanos?
LGP: Estamos junto con los abogados de las familias analizando el caso y lo llevaríamos adelante en cuanto esté listo. Nuestra área de litigio estratégico de la Comisión está brindando las facilidades para ello.
P: ¿Pero más o menos cuándo sería?
LGP: No hay una fecha todavía, lo importante es que vamos a hacerlo y ya lo empezamos a trabajar. Quiero comentarles, perdón, que nos acompañan en la mesa Claudia Cruz, del Instituto de Acción y Justicia, y Armando Barrera, de Cauce Ciudadano, ambos forman parte del equipo que está acompañando jurídicamente a las familias.
P: Señor, hemos platicado con los familiares, los familiares que finalmente son víctimas también de este asunto, y ellos nos externaban su preocupación por que no hubo señalamientos para, digámoslo así, altos mandos tanto de la Secretaría como del Gobierno del Distrito Federal. Ellos incluso nos comentaban que se ha comprobado la cadena de mando de las personas que daban órdenes y en estas sentencias no aparecen los nombres, ni siquiera hay señalamientos para ellos. Además, también no sé si se han acercado algunos de los sentenciados a la Comisión de Derechos Humanos. Finalmente las personas que tienen las mayores sentencias son policías rasos, gente que recibía órdenes y los de más alto rango que se menciona en la sentencia son jefes de sector, y ellos tienen solamente cinco años, mientras que los elementos que recibían las órdenes tienen hasta 24 o 19 años de prisión. ¿No sé se nos pudiera comentar al respecto?
LGP: En primer lugar es justo por ello que se está solicitando la apelación. La intención es que se revise si estas sentencias son efectivamente justas. Quiero comentarles que en la reunión que tuvimos con el Procurador, precisamente de la organización Cauce Ciudadano se le hizo saber al Procurador la preocupación que existía porque se estuviera victimizando a quienes obedecían órdenes y que se estuviera dejando impune a quienes eran los responsables de dar esas órdenes. Ese es uno de los temas que habrá que analizar en esta apelación. Por otra parte es verdad que se señaló, la Comisión en su momento señaló la responsabilidad política de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad y de la Delegación Gustavo A. Madero. Esta Comisión no puede señalar responsabilidades penales y administrativas, aunque de la Recomendación sí se solicitó la investigación penal de estos servidores públicos. Las averiguaciones previas se abrieron y no encontraron elementos para establecer esa responsabilidad en ese momento. Desafortunadamente como ustedes lo saben el sistema penal, antes de la Reforma del año 2011, tenía una lectura excesivamente rígida respecto de la posibilidad de establecer responsabilidades, especialmente cuando estas responsabilidades lo son para agentes del Estado. Vimos casos como el del ABC que es muy similar en ese sentido. Hoy tenemos un nuevo marco constitucional que permitiría una mayor apertura en los criterios, fundamentalmente cuando estamos hablando de víctimas del Estado. A eso es a lo que estamos apelando, a la posibilidad de que se revisen los casos en función de este nuevo marco de protección de derechos humanos que hay en el país. Muchas gracias.
