Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 122/2013
13 de abril de 2013
• El Ombudsman capitalino participó en las mesas de trabajo para incorporar los derechos humanos al Plan Nacional de Desarrollo
• Dijo que el Estado tiene como reto generar modelos de gobernanza
En una mesa de trabajo realizada para incorporar los derechos humanos al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno federal, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, destacó que una política que sea congruente con los derechos humanos tendría que orientarse a reducir la violencia y generar inclusión.
En la conferencia Derechos humanos y política criminal, el Ombudsman capitalino opinó que “de esta forma, el problema deja de ser un problema de Ministerios Públicos y policías y jueces, y tiene que enfocarse con una visión de Estado. Lo que significa involucrar en la problematización y en la búsqueda de soluciones a las Universidades, a la Sociedad Civil, a la población en general”.
Consideró que si bien el Derecho Penal es aflictivo, no tiene que ser abusivo ni autoritario, “por eso la clave para entender cómo diseñar una política criminal que sea conforme a los derechos humanos, tiene que ver con dos planteamientos o actitudes: La necesidad de limitar el poder del Estado y la necesidad de proteger los derechos humanos”.
Aseveró que uno de los grandes retos que tiene el Estado es el de generar modelos de gobernanza, “Ya no estamos en una circunstancia en la que podamos aceptar genialidades que salen de la pluma de alguien detrás de un escritorio; estamos viviendo las consecuencias del intuicionismo que está detrás de algunas propuestas que se escuchan para resolver el fenómeno delictivo”.
Puso como ejemplo el que recientemente se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para incorporar el delito de ataques a la paz púbica en el Código Penal Federal, situación que no repara en las obligaciones que tiene el legislador hoy para legislar con perspectiva de Derechos Humanos.
“Tenemos que buscar mecanismos de diálogo que permitan hacer un intercambio, tanto en la problematización como en la búsqueda de soluciones. No es una lucha generacional, es un tema de cambio de actitud, que genera obligaciones a distintos niveles. Para el Estado, reducir la violencia en todos los ámbitos, institucional, social y la asociada al delito”, dijo.
Agregó que el rol de los Jueces en este momento es básico, porque “son nuestra esperanza de materializar la Reforma de Derechos Humanos, y ahí es donde se espera que planteen los equilibrios necesarios para generar decisiones judiciales no formalistas”.
Hizo énfasis en la pertinencia de entender a la Seguridad Pública y a la Seguridad Humana como el resultado de la protección de un conjunto de derechos, “en esa misma lógica podemos entender el concepto de seguridad en una línea de continuidad con otras seguridades que el Estado tiene la obligación de brindar, como la seguridad alimentaria o la económica”.
Agregó que ello obliga al Estado a intervenir no sólo en las cuestiones relacionadas con los delitos sino a lo relacionado con los contextos en los que los delitos aparecen y se significan, y con la violencia asociada al delito.
Refirió que la incapacidad para entender la fenomenología delictiva implicó que la política criminal se dirigiera a las cabezas, de modo tal que al descabezar a los cárteles, se pretendía, podría ayudar a atomizarlos e irlos destruyendo, “pero lo que hemos visto en los últimos años es que no sólo se multiplicaron los cárteles, sino que se diversificó el fenómeno delictivo”.
Mencionó que en 2008 se dio la Reforma Penal Constitucional que busca un cambio en el Sistema de Justicia Penal, más equilibrado, que no esté desbocado en contra de los presuntos agresores, y que le dé un lugar a las víctimas, cifrado en el debido proceso, “un punto de equilibrio que permite tanto a víctimas como a imputados tener acceso a la justicia”.
Aseveró que esa Reforma le dio al Sistema de Justicia Penal un carácter de protector de derechos humanos para víctimas y para imputados. Sin embargo, también se materializó el arraigo.
“La Reforma de Derechos Humanos de 2011 y las subsecuentes (Ley de Víctimas y la Reforma de Amparo), nos obligan a tener que revisar la Reforma del 2008, en clave de derechos humanos, hacer una reinterpretación de todo aquello que está en esa Reforma para alinearlo con el tema del Debido Proceso, y ese es el contexto en el que se dan las condiciones para una política criminal que sea congruente con los derechos humanos”, resaltó.
