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Las fuerzas armadas no deben realizar tareas de seguridad pública: Guevara Bermúdez

Boletín 141/2013
28 de abril de 2013

• El Tercer Visitador recalcó que el Artículo 129 Constitucional señala que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

El Tercer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), José Antonio Guevara Bermúdez, se pronunció por que las fuerzas armadas del país dejen de realizar tareas de seguridad pública y realicen sus tareas encomendadas en la Constitución.

Al participar en el panel “México en Paz” del Foro de Consulta Ciudadana del Distrito Federal para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, aseveró que en franca violación a la Constitución, el pasado Gobierno federal involucró al Ejército en tareas que no le corresponde.

“El Artículo 21 Constitucional señala contundentemente que las instituciones encargadas de la seguridad pública, es decir en la investigación y procesamiento de delitos y faltas administrativas, deben ser de naturaleza civil y por civil se entiende lo no militar”, subrayó.

Y recalcó que el Artículo 129 Constitucional apunta que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

Guevara Bermúdez afirmó que el contexto de guerra dejó un número importante de violaciones a derechos humanos, como las desapariciones, ejecuciones y tortura, entre otras.

Recordó que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas en materia de desaparición forzada de personas recibió información durante su visita a México en 2011 acerca de alrededor de 3 mil casos de desapariciones.

“Recientemente, el gobierno federal, al respecto, ha reconocido más de 25 mil desapariciones. No conocemos a ninguna persona sentenciada y el reto que enfrenta el país en materia de búsqueda y localización es enorme”, matizó.

Por ello, reflexionó que el Plan Nacional de Desarrollo debe garantizar que todos los Secretarios de Estado, así como el resto de funcionarios que participan en tareas de seguridad pública en todos los niveles, sean civiles y no militares, y que todas las violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar se investiguen, procesen y castiguen sin dilación por autoridades civiles.

Además, de que consideró que el país debe contar con un diagnóstico y un programa actualizado de la situación de los derechos humanos en general, y a partir de ellos establecer los objetivos, estrategias y líneas de acción que garanticen los derechos de todas las personas que habitan o transitan por el país.