Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 25/2013
29 de abril de 2013
Pregunta (P): Doctor, vemos que en el ámbito privado se puede observar que hay muchas violaciones, pero se está hablando de predicción sólo en el ámbito público. ¿Qué tan grave es este problema de violación a los derechos laborales por parte de las mismas autoridades?
Luis González Placencia (LGP): Bueno, en el caso del Distrito Federal lo que vemos son tendencias que ya desde hace mucho tiempo se vienen dando y que refieren por una parte a una cantidad muy importante de laudos que ya han sido ganados por trabajadores y trabajadoras del Distrito Federal y que no han sido pagados. Esto, digamos, se va incrementando cada año. Es un problema que es recurrente, sobre todo, cuando hay cambios de administración debido a los despidos injustificados. Nosotros hemos emitido ya tres Recomendaciones sobre el particular y, pues vamos, hasta ahora se ha encontrado un problema para tratar de resolver el tema. Aunque se argumenta falta de presupuesto, lo cierto es que aquí lo que se requeriría es una política pública integral que permitiera prever este tipo de situaciones.
P: Estas Recomendaciones ¿A quién han sido dirigidas? Y si nos puede platicar un poquito de éstas.
LGP: Sí, claro que sí. Las Recomendaciones han sido dirigidas prácticamente a todas las autoridades del Distrito Federal. En prácticamente todos los ámbitos se da este problema. Bueno, respecto a la guía, ya tenemos un año trabajando con esto, tenemos un primer documento que señala cuáles son las atribuciones y los límites de las Comisiones de Derechos Humanos en materia de protección de derechos humanos laborales. La guía sigue en discusión porque la estamos abriendo a otras Comisiones de Derechos Humanos, incluso, algunas organizaciones de defensa de derechos laborales. Lo que nos importa en todo caso en esta guía es que la competencia que nosotros podemos tener quede lo suficientemente amplia. Es un excelente momento para que no seamos nosotros mismos quien les restrinjamos esa posibilidad.
P: Doctor, en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, de ayer, menciona un apartado especial para las personas con discapacidad. ¿Qué tan grave es el problema?
LGP: Bueno, yo lo que les diría es que efectivamente hay una discriminación estructural en contra de las personas con discapacidad. Las empresas, las instituciones públicas no suelen contratar personas con discapacidad bajo el argumento de que no tienen capacidad, justamente, para desollarse en el ámbito laboral. Pero hoy contamos con una serie de elementos tecnológicos que permiten, sin lugar a ninguna duda, que las personas con discapacidad se puedan integrar en la vida laboral sin mayor problema; tenemos computadoras e impresoras en braille; tenemos mecanismos que permiten a las personas sordas interactuar sin mayor problema. Hay mecanismos para generar accesibilidad en los edificios públicos a favor de personas que tienen discapacidad motriz; incluso, hay posibilidades para quienes tienen alguna discapacidad psicosocial puedan desarrollar trabajos en el sector público y en el sector privado. Entonces, el llamado tiene que ver justamente con eso, con la necesidad de integrar a estas personas a la vida laboral del país.
P: Doctor, en su Informe Anual ahí en la Asamblea, el Diputado Gaviño difundió unos casos de… incluso hace rato los mencionó usted. ¿Ya tomó conocimiento de esto?
LGP: Ya, ya tenemos una queja abierta, incluso antes de que se diera este llamado por parte de Diputado Gaviño. Vino un grupo de personas que son trabajadores del Gobierno de la ciudad, que nos hicieron ver esta problemática. Ya las estamos analizando.
P: ¿Cuántas personas son?
LGP: El problema es bastante extendido. La queja la abrimos a partir de un grupo pequeño de personas que vino. Lo que nos podemos dar cuenta es que es un problema que tiene una gran magnitud en el Distrito Federal.
P: ¿Qué tan grande podría ser?
LGP: Pues yo te diría que en todas las instituciones existe ese problema.
P: ¿Pero en cuestión de quejas que ustedes tengan registradas?
LGP: La queja es una.
P: ¿Expediente de casos?
LGP: Es un expediente que tenemos abierto
P: ¿Número de afectados?
LGP: No tenemos una cuantificación de las personas afectadas, estamos analizando ese procedimiento.
P: Pero ¿estamos hablando de varios cientos?
LGP: Sí, seguramente son más, sí. Probablemente estemos hablando de varios cientos.
P: ¿En qué consisten estas violaciones?
LGP: Bueno, es una contratación que se realiza por 28 días, por honorarios, sin prestaciones, de manera tal que el contrato se cancela a los 28 días, se vuelve a iniciar a principio de mes, pero eso lo que implica es una ruptura, una suspensión en la continuidad. Lo cual implica, también, afectar la antigüedad de las personas. Ustedes saben que aún bajo ese régimen de contratación se van creando derechos en la medida que las personas van teniendo antigüedad. Con esta medida se evita esa continuidad y eso es lo que nosotros estamos viendo como una afectación a derechos humanos.
P: Doctor, en el sector privado también se está dando este fenómeno ¿qué pasa con los trabajadores que están siendo violentados sus derechos humanos? No podrán defenderlos ustedes ¿quién los va a defender?
LGP: Desafortunadamente no tenemos competencia en el ámbito privado. Pero están los tribunales laborales, siempre existe esa posibilidad para el sector privado.
P: Ahí viene diciendo usted que no puede haber esa confusión
LGP: Sí, nosotros solo tenemos que ver con el ámbito público y en el caso nuestro con el Distrito Federal.
P: ¿La Recomendación del 1 de diciembre ya fue respondida?
LGP: No, tenemos noticia de que ya fue aceptada por el Consejo de la Judicatura, por el Tribunal Superior de Justicia, por la Secretaría de Gobierno de la ciudad. Las respuestas no las tenemos oficiales, todavía no se cumple el plazo
P: ¿Y la principal que sería la Secretaría de Seguridad?
LGP: Las principales que serían la Procuraduría y la de Seguridad Pública, sabemos que están pensando en aceptarla, pero no tenemos todavía noticia. Esta semana me parece que se cumple el plazo.
P: Mañana
LGP: Sí, entonces tendremos pronto ya esa noticia.
P: En la UNAM, en caso de que tenga que ingresar la policía a cumplir las órdenes de aprehensión que hay y también para que se observe que no haya violaciones ni abusos en contra de estas personas que no se sabe realmente si son estudiantes o no…
LGP: Bueno, nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar; si se nos solicitará lo haríamos con mucho gusto. Pero es importante decir aquí que no es un ámbito de nuestra competencia. Por lo tanto, observaciones que nosotros podamos hacer, incluso las actas circunstanciales que podamos levantar podrían no tener validez; es importante que eso se sepa con toda claridad. Sería ámbito de competencia en todo caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
P: Yo nada más estaba hablando de que ustedes fueran también como testigos, en calidad de ese aspecto.
LGP: Si nos lo pidieran, lo haríamos con mucho gusto, en esa calidad simplemente. Y en el entendido que nuestros actos no tendrían validez jurídica.
P: En su caso si sería a partir de Insurgentes, no hacia dentro sino hacia fuera.
LGP: Así es, hacia fuera.
P: Usted había comentado que sería conveniente la aplicación de la ley en este caso.
LGP: Bueno, lo que hemos dicho es que primero el tema está sujeto a la valoración que hagan las propias autoridades universitarias. La UNAM es una institución que tiene todas las instancias que se requieren para valorar e intervenir en problemas como estos. Nosotros respaldamos, desde luego, la valoración que haga el Rector y su Abogado General. Lo que decíamos es que en el caso de que hubiese una intervención de la fuerza pública es muy importante que esta intervención se apegue a los criterios de respeto a los derechos humanos, básicamente que esté justificada. Eso tiene que ver justo con la valoración que hagan las autoridades universitarias y en caso de que lo sea, es decir, si hay delitos que se están cometiendo o que estuviesen ligados a un inminente riesgo de ser cometidos; tiene que ser una intervención proporcional, una intervención que dé cuenta del nivel de riesgo que representa en todo caso la intervención, para que no ocurran circunstancias que después se invaliden los actos de la autoridad.
